vol. 10 núm. 2 (2013): julio - diciembre

El presente artículo tiene por objeto realizar una aproximación al concepto de la memoria, y en especial al de memoria histórica en el marco de los procesos transicionales. En esta exploración se evidenciarán diversos problemas para su definición y desarrollo, en especial, aquellos que surgen desde la perspectiva de los sujetos implicados en el proceso de elaboración, apoyo y difusión de la memoria en el marco de los conflictos armados. Esta mirada subjetiva evidencia diversos retos para la denominada Ley de Víctimas en Colombia, que busca precisamente generar una política de protección de los derechos de las víctimas.

En octubre de 2012 se iniciaron las negociaciones entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC-EP en la ciudad de La Habana, Cuba, para buscar salidas que permitan la finalización definitiva del conflicto armado interno que ha azotado a Colombia por más de 40 años. La brújula de este nuevo intento de paz es una agenda presentada por el gobierno que contiene 5 puntos que giran en torno a la redistribución de la tierra, al desarrollo agrícola, al fin de la guerra y del narcotráfico y a los derechos a la verdad y a la oposición política. Se sostiene que la justicia transicional que se establecerá en Colombia es atípica, ya que se implementará en medio del conflicto armado. Para el desarrollo del texto se utilizó el método bibliográfico o documental que consistió en recopilar, organizar, sistematizar y analizar la información encontrada en libros, sentencias, artículos, etc., sobre la justicia transicional y el conflicto armado interno en Colombia. Como conclusión se dirá que el Estado colombiano, especialmente su democracia, se encuentra en una profunda transformación que implicará asumir un costo político para obtener el tan anhelado derecho fundamental a la paz.

El presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión de los postulados de la justicia transicional y su aplicación en el contexto del conflicto armado colombiano, en el interés de examinar la tensión que se presenta entre dos valores fundamentales –la justicia y la paz– y la incidencia que tal tensión puede generar en la interpretación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas.

El artículo presenta y critica el principal argumento de quienes se oponen en Colombia a las leyes de restitución de tierras y reparación de víctimas del conflicto interno armado. Se muestra que dicho argumento es una variante de la falacia conocida como “argumentos de pendiente resbaladiza”, y se especifican las razones por las cuales en este caso el razonamiento es incorrecto.

El presente artículo analiza si los instrumentos de justicia transicional derivados del marco jurídico para la paz en Colombia, en especial el mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena, constituye un hecho ilícito internacional. Para tal fin, se realiza una aproximación al sistema de responsabilidad internacional del Estado en el derecho internacional de los derechos humanos, haciendo énfasis en la prohibición de concesión de amnistías, indultos o figuras jurídicas que establezcan sistemas de impunidad. Por último, establece el papel de la víctima frente al Estado y las consecuencias derivadas de la ilicitud desde la perspectiva del derecho internacional.

El esclarecimiento de la verdad histórica es uno de los pilares estructurales de la justicia transicional. En Colombia, la posibilidad de implementar una comisión de la verdad ha sido objeto de debates tanto entre la doctrina internacional como en el seno de la sociedad civil colombiana considerándose como una verdadera opción para la superación del conflicto armado interno sin que haya llegado a realizarse. Aunque otros mecanismos han sido privilegiados para reconstruir la verdad, en 2012, una modificación de la Constitución ordenó finalmente la creación de una comisión de la verdad. El presente artículo hace un análisis a través de la historia reciente y la experiencia comparada sobre la pertinencia de implementar esta medida en el contexto colombiano.

En este trabajo se resalta que las decisiones sobre la “justicia transicional” son adoptadas en “momentos fundacionales” y que los problemas a enfrentar son morales, jurídicos y políticos. Este último se caracteriza por (i) la necesidad de fundar una comunidad política basada en derechos perdurable; y, (ii) los condicionamientos contextuales que limitan el castigo. Ahora, la Corte IDH no considera esto al analizar las medidas de justicia transicional –ie. amnistía y el rol del derecho penal–. Se propone justificar a las políticas transicionales con dos valores/razones. Primero, debemos reprochar los crímenes cometidos de modo que se devuelva la dignidad a las víctimas –ie. razones retrospectivas e intrínsecas–. Segundo, deben castigarse esos hechos porque es la mejor forma de fundar una comunidad perdurable –ie. razones prospectivas e instrumentales–. Esto es, castigamos no solo por los hechos cometidos sino también, para fundar definitivamente una comunidad basada en derechos. Si son estas las razones que justifican las medidas de justicia transicional, debería hacerse un balance entre ambas perspectivas en esos momentos fundacionales. Su resultado no será siempre recurrir al derecho penal para reprochar estos hechos. Sin embargo, están justificadas, pese a lo que sostiene la Corte IDH.

En este artículo reivindico la necesidad de dotar a la justicia transicional de investigaciones empíricas concretas en tanto campo de actuación profesional, intervención estatal y activismo, para así restituir las mediaciones sociales, históricas y jurídicas que están presentes en los procesos de creación y gestión de las categorías y de las políticas de Estado que la informan. A través del análisis situado de un caso –los usos sociales y oficiales de la categoría Víctima del Terrorismo de Estado en la Argentina– muestro cómo los dispositivos de justicia transicional –y sus categorías– no preexisten a las luchas por imponer una definición legítima de los mismos. Dado que las taxonomías del derecho se convierten en verdaderas arenas de disputa por el reconocimiento de las diversas pretensiones de legitimidad de la categoría víctima, se presenta aquí la necesidad de analizar a los dispositivos de justicia transicional como integrando el campo de lo político.

Este trabajo examina críticamente el lugar que la Constitución ecuatoriana asigna al sistema de justicia constitucional y a sus jueces, entre lo político y lo técnico jurídico. Se sostiene en efecto, que en la Constitución ecuatoriana coexisten tres grandes polos o componentes, uno garantista, otro participativo y otro republicano; que estos elementos determinan distintas comprensiones sobre el papel del juez constitucional y que evidencian la necesidad de una comprensión más compleja y heterodoxa de la función de la justicia constitucional.

Este artículo gira en torno a la memoria como elemento primordial a la hora de comprender nuestro horizonte, no solo existencial sino también político, y su potencial de resistencia y transformación. En primer lugar, se aborda la memoria como condición narrativa de la existencia en su carácter de resistencia frente al olvido y frente a la captura de la historia oficial. En segundo lugar, se analiza la importancia de la memoria en el conflicto armado colombiano y su competencia para comprender el presente como posibilidad de rechazo –superación– de la guerra y sus violencias.