Los Municipios de Manizales y Villamaría del Departamento de Caldas hacen parte de una entidad geográfica y sociológica de vecindad con características propias de gran ciudad o metrópoli que requiere de una organización jurídico—administrativa. La conformación de un área metropolitana ha sido una de las propuestas estratégicas para dar respuesta al fenómeno de conurbación que presentan las dos localidades. Si bien, algunas falencias persisten en el manejo de la figura "Área Metropolitana" no sólo en Colombia sino en otros países del mundo, es cierto que esta figura, vuelve a ser una idea central de la planificación urbana—regional. La competitividad del área metropolitana depende de la contribución que pueda realizar a la calidad organizadora de su propio tejido económico y social con vistas a fortalecer los sistemas industriales —que deben operan en red- en un entorno innovador. Es un eje territorial que va a permitir desarrollar un territorio eficazmente ocupado desde el punto de vista de la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

El presente artículo se ocupa de analizar, preliminarmente, la incidencia de la Constitución en la definición del alcance de las categorías, instituciones y normas del derecho privado colombiano, tomando como referente las experiencias jurisprudenciales contenidas en algunas decisiones de la Corte Constitucional colombiana. A partir del análisis de dos casos específicos, el autor pretende explicar el alcance de algunos de los sistemas judiciales de constitucionalización del derecho privado en Colombia a fin de ofrecer algunas claves dogmáticas que permitan dar claridad y orden a un debate que en Colombia intenta avanzar.

Tratar de definir la paz pretendiendoevadir su unívoco significado, para rendirle culto al neologismo, equivaldría a negarle su función en el desenvolvimiento moral de la humanidad, y reducirla a una prudente transacción entre desavenencias o beligerancias varias. Su implantación y su defensa en la sociedad es siempre obra de una especie de heroísmo ético y requiere una inagotable energía espiritual y una actitud de incondicional protección. ¿Deberá ser regulada y definida en un canon constitucional como en nuestro sistema jurídico o es un valor supremo, suprapositivo, que posibilita la resolución concertada de los conflictos?, o por el contrario, la paz es aquella consecuencia de la contienda que nutre su cuerpo con los derechos del vencedor, es la paz que molesta a F. Bacon, la paz recargada de la inhumana y bárbara admonición victis" ("¡ay de los vencidos!").

Este trabajo persigue rastrear el pensamiento político de Locke. Para ello se apoya bibliográficamente, sobre todo, en el segundo tratado sobre el gobierno civil por considerarse como una síntesis de su pensamiento práctico. En un primer momento, habrá un muestreo histórico general del quehacer político de la época en Europa y, específicamente, en Inglaterra. En la segunda parte se hace la exposición del segundo tratado sobre el gobierno civil donde el tema principal es el estado natural. El tercer momento de este trabajo señala el tipo de gobierno que propone Locke dentro de una sociedad civil. La propuesta será la separación de los tres poderes, pues su idea de gobierno debe ser la democracia representativa orientada por una monarquía constitucional. El último punto es una lectura sobre Rousseau, en el contrato social, para dar cuenta de la posible influencia de Locke sobre el pensamiento político del ginebrino.

El empeño en repensar la participación ciudadana es una necesidad urgente como una manera de superar las tensiones sociales y de apertura democrática que estaría dada por proyectos que fortalezcan o liberen la capacidad vital de la comunidad suscitando el análisis activo de las necesidades y problemas comunes y de las formas comunes de solucionarlos. Sólo así tiene sentido el ejercicio de la democracia directa. ¿Cuáles son entonces las líneas de acción y estrategias de sensibilización individual que motiven la participación de la gente en la vida pública? Es por tal razón, que la pregunta sobre cultura participativa debe ser propuesta de forma plural para entender el sueño colectivo sobre democracia en Colombia y la identificación de querencias individuales en la construcción de capital social y económico común que es urgente para hacer realidad la autonomía local y el empoderamiento del ciudadano con los temas públicos. La participación es un proceso en el que diversas fuerzas sociales trabajan en función de sus respectivos intereses, interviniendo en la marcha de vida municipal con el fin de mantener reformas o transformar los niveles de organización social y política. Para ser sincera, no tengo la certeza de que se haya logrado este propósito de acercar a la comunidad en la toma de decisiones en el ámbito gubernamental. Con la elección popular de gobernantes y cuerpos legislativos y los mecanismos de participación ciudadana, se anunciaba el nacimiento de una cultura participativa y un modelo de desarrollo sustentado en lo humano. Una visión democrática que significaba generar nuestro propio reconocimiento de ciudadanos activos y comprometidos en la solución de nuestros problemas comunes. No obstante, la realidad histórica contemporánea demuestra lo contrario: ciudadanos pasivos con un profundo conflicto socio-político que parece insalvable socialmente y por ende sin posibilidades de cambio estructural en la dinámica social. Las tensiones sociales en Colombia, no se pueden aislar del sistema político: 1) Tensión socioeconómica que se refleja a través de la estratificación social dispar o polarizada, por efecto de la concentración del ingreso y de la riqueza. 2) Tensión regional y cultural que corresponde a las diferencias de líneas territoriales y culturales que agrupan poblaciones sin consenso y sin pertenencia a regiones que van en contravía de sus intereses propios de desarrollo. 3) Tensión ideológica como el ámbito conceptual y de pensamiento que refleja intereses de grupos de poder. La modernización del estado colombiano no ha ido en consonancia con una labor ideológica-educativa en el concepto sobre democracia participativa que garantice el ejercicio de las 'oportunidades de voz propositiva'. La transformación política se alcanza desde la propia cultura y a partir de las diferencias, construida por la gente, con escenarios propiamente elegidos por la comunidad para alcanzar poder que modifique la mirada y concepción de desarrollo economicista vigorizando políticas de vida ciudadana. Tenemos que tomarnos y apropiarnos de nuestros espacios propicios de participación ciudadana y convertirlos en espacios estratégicos. Es romper la cultura dominante con sus tensiones sociales para edificar la cultura de participación ciudadana. Son nuevos valores que se interiorizan desde 'una tarea pedagógica y práctica más que teórica', desarrollando ciudadanía desde la dimensión política: un reto para el ámbito educativo.

El desarrollo de la definición dogmática del derecho fundamental a la igualdad ha obedecido, en una medida importante, al esfuerzo de la jurisprudencia constitucional en orden a configurar un sistema correcto de controles a sus restricciones. Tal sistema ha encontrado su fundamento en la consideración según la cual la norma que consagra tal derecho, en su dimensión estructural, es un principio. El presente artículo, desde una perspectiva inicialmente analítica y posteriormente normativa, trata de recapitular a partir del examen de la sentencia C-093 de 2000 y de la sentencia C-673 de 2001, ambas proferidas por la Corte Constitucional, las dos estrategias que han sido diseñadas por tal Tribunal a fin de implementar el juicio de igualdad. La recapitulación mencionada deriva en la formulación de las bases de un juicio alternativo integrado de igualdad que se desenvolvería a través de la concreción de juicios parciales de adecuación, necesidad y estricta proporcionalidad, aplicables en todos los casos y de los que cabe predicar diferente intensidad, según el contexto fáctico o normativo exija el desarrollo de un juicio débil, intermedio o estricto de igualdad.

En el sistema jurídico colombiano en general y en el sistema jurídico ambiental en particular, existe un conjunto de principios constitucionales y legales que orientan la aplicación e interpretación de las normas. Es por ello que priman los principios de precaución, de prevención, de protección, de prevalencia del interés general sobre el particular, participación ciudadana y en general aquellos contenidos en la Constitución y en la ley 99 de 1993. En el estudio de los casos de los conflictos ambientales de la Reserva forestal protectora de Río Blanco y Quebrada Olivares situada al nororiente de Manizales y del Trasvase del río Guarinó al río La Miel, ubicado en el nororiente del Departamento de Caldas, analizamos cómo es la interpretación y aplicación de la normatividad ambiental por parte de la autoridad ambiental y cómo al tomar las decisiones no tuvieron en cuenta los principios constitucionales y legales y no interpretan la norma como integrante del sistema jurídico ambiental. En estos conflictos ambientales encontramos que el ejercicio ciudadano de participación e intervención por la vía jurídica mediante la interposición de una Acción Popular e intervención en el proceso administrativo de trámite de licencias ambientales, se ha convertido en un espacio de educación ambiental, de defensa de lo público y de control social ciudadano.

Este trabajo tiene varias partes. La primera muestra la importancia de dos corrientes jurídicas: el positivismo jurídico y el ius natural ismo; estas escuelas del pensamiento jurídico-filosófico han dado origen, a través de la historia, a la pregunta, ¿qué es el derecho? Se enfatiza en este punto, ya que dicha pregunta dio origen, al mismo tiempo, al realismo Jurídico, y comprenderlo, significa ir al debate entre el positivismo y el iusnaturalismo. La segunda parte expone la idea general del paso del positivismo jurídico moderado de Hart al realismo Jurídico en sus dos formas: norteamericano y escandinavo. La tercera parte trata los problemas del lenguaje jurídico visto desde el realismo de Olivecrona, y éste, a su vez, apoyado en las tesis de los lingüistas Austin y Searle, quienes ven el lenguaje, en general, a partir de ciertas reglas, presenta una propuesta distinta al viejo debate positivismo-iusnaturalismo. La idea de este trabajo es hacer notar a los estudiosos del derecho que existen otras alternativas para pensar la ciencia jurídica, y esta posibilidad, les permite a los jueces ser más protagonistas a la hora de tomar sus decisiones judiciales, pues es el reflejo de su experiencia jurídica. Empecemos con la primera.