vol. 1 núm. 2 (2004): julio - diciembre

El empeño en repensar la participación ciudadana es una necesidad urgente como una manera de superar las tensiones sociales y de apertura democrática que estaría dada por proyectos que fortalezcan o liberen la capacidad vital de la comunidad suscitando el análisis activo de las necesidades y problemas comunes y de las formas comunes de solucionarlos. Sólo así tiene sentido el ejercicio de la democracia directa. ¿Cuáles son entonces las líneas de acción y estrategias de sensibilización individual que motiven la participación de la gente en la vida pública? Es por tal razón, que la pregunta sobre cultura participativa debe ser propuesta de forma plural para entender el sueño colectivo sobre democracia en Colombia y la identificación de querencias individuales en la construcción de capital social y económico común que es urgente para hacer realidad la autonomía local y el empoderamiento del ciudadano con los temas públicos. La participación es un proceso en el que diversas fuerzas sociales trabajan en función de sus respectivos intereses, interviniendo en la marcha de vida municipal con el fin de mantener reformas o transformar los niveles de organización social y política. Para ser sincera, no tengo la certeza de que se haya logrado este propósito de acercar a la comunidad en la toma de decisiones en el ámbito gubernamental. Con la elección popular de gobernantes y cuerpos legislativos y los mecanismos de participación ciudadana, se anunciaba el nacimiento de una cultura participativa y un modelo de desarrollo sustentado en lo humano. Una visión democrática que significaba generar nuestro propio reconocimiento de ciudadanos activos y comprometidos en la solución de nuestros problemas comunes. No obstante, la realidad histórica contemporánea demuestra lo contrario: ciudadanos pasivos con un profundo conflicto socio-político que parece insalvable socialmente y por ende sin posibilidades de cambio estructural en la dinámica social. Las tensiones sociales en Colombia, no se pueden aislar del sistema político: 1) Tensión socioeconómica que se refleja a través de la estratificación social dispar o polarizada, por efecto de la concentración del ingreso y de la riqueza. 2) Tensión regional y cultural que corresponde a las diferencias de líneas territoriales y culturales que agrupan poblaciones sin consenso y sin pertenencia a regiones que van en contravía de sus intereses propios de desarrollo. 3) Tensión ideológica como el ámbito conceptual y de pensamiento que refleja intereses de grupos de poder. La modernización del estado colombiano no ha ido en consonancia con una labor ideológica-educativa en el concepto sobre democracia participativa que garantice el ejercicio de las 'oportunidades de voz propositiva'. La transformación política se alcanza desde la propia cultura y a partir de las diferencias, construida por la gente, con escenarios propiamente elegidos por la comunidad para alcanzar poder que modifique la mirada y concepción de desarrollo economicista vigorizando políticas de vida ciudadana. Tenemos que tomarnos y apropiarnos de nuestros espacios propicios de participación ciudadana y convertirlos en espacios estratégicos. Es romper la cultura dominante con sus tensiones sociales para edificar la cultura de participación ciudadana. Son nuevos valores que se interiorizan desde 'una tarea pedagógica y práctica más que teórica', desarrollando ciudadanía desde la dimensión política: un reto para el ámbito educativo.

El Estudio sobre ACCIONES POPULARES Y CONGESTIÓN EN LOS TRIBUNALES EN EL EJE CAFETERO, es un ejercicio de investigación desarrollado en el año 2004, por el grupo de estudiantes seminario de DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO, (grupo 02, V semestre Derecho), dirigido por el Dr.Carlos Alberto Arias Aristizábal. Es un análisis sustentado en la técnica documental (revisión de expedientes) y en entrevistas estructuradas. En la población seleccionada: Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, se identificaron los factores que han ocasionado el aumento o disminución de este tipo de acciones judiciales, verificando si los derechos colectivos constitucionales han sido tenidos en cuenta por las entidades públicas y particulares que ejercen funciones públicas o si por el contrario estos principios constitucionales continúan siendo letra muerta. Como resultado central del análisis arrojó un alto porcentaje en la ciudadanía que desconoce los derechos colectivos y la importancia jurídica y social de las acciones populares y de grupo en el tiempo comprendido entre los años de 1999 y el 2003. Las ciudades capitales de los Departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, han sido las entidades públicas más frecuentemente demandadas. Esto se explica porque el Municipio como entidad territorial fundamental de la división políticoadministrativa del Estado, tiene dentro de sus funciones la de solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte.

El desarrollo de la definición dogmática del derecho fundamental a la igualdad ha obedecido, en una medida importante, al esfuerzo de la jurisprudencia constitucional en orden a configurar un sistema correcto de controles a sus restricciones. Tal sistema ha encontrado su fundamento en la consideración según la cual la norma que consagra tal derecho, en su dimensión estructural, es un principio. El presente artículo, desde una perspectiva inicialmente analítica y posteriormente normativa, trata de recapitular a partir del examen de la sentencia C-093 de 2000 y de la sentencia C-673 de 2001, ambas proferidas por la Corte Constitucional, las dos estrategias que han sido diseñadas por tal Tribunal a fin de implementar el juicio de igualdad. La recapitulación mencionada deriva en la formulación de las bases de un juicio alternativo integrado de igualdad que se desenvolvería a través de la concreción de juicios parciales de adecuación, necesidad y estricta proporcionalidad, aplicables en todos los casos y de los que cabe predicar diferente intensidad, según el contexto fáctico o normativo exija el desarrollo de un juicio débil, intermedio o estricto de igualdad.

Este ensayo pretende aportar elementos para comprender desde el estudio comparado de una de las tradiciones jurídicas más importantes del mundo (Common Law), los procesos de cambio que se adelantan en nuestro país, tanto en la práctica jurídica como en la renovación teórica y en la labor académica del derecho. Enfatiza el Common Law norteamericano desde una perspectiva histórica y resalta algunas de sus más importantes instituciones políticas y principios jurídicos en relación con su recepción en nuestro constitucionalismo de raigambre romano-canónica.

La economía institucional ha tenido una importante acogida en nuestro medio, en particular las corrientes Neoinstitucional y el Law and Economics han logrado permear el pensamiento en la academia y en los círculos de poder, en particular en los que se determinan las políticas económicas. Desde estos espacios, se ha generado una serie de discusiones que han criticado particularmente algunos de los fallos económicos de la Corte Constitucional, por las implicaciones sociales y económicas que éstos tienen. La discusión se ha polarizado, colocando a la Corte en una difícil situación ante su proceder en derecho. Los críticos de la Corte Constitucional, han utilizado el discurso neoinstitucional para darle sustento a sus argumentaciones, algunos de ellos han entrado en serias inconsistencias con el discurso que utilizan, pues si desde esta visión teórica se considera a las instituciones como la piedra angular del funcionamiento de la sociedad capitalista moderna, el atacar una institución tan importante sin la claridad y ponderación requerida para mirar los elementos legales y económicos detrás del proceder, genera fuertes contradicciones. Así se ha presentado un enfrentamiento entre los defensores de la ley en el marco del Estado Social de derecho y la tecnocracia que maneja la economía del país. En este contexto, el presente escrito busca a partir de una síntesis de las teorías que en economía se ocupan de las instituciones, señalar algunas conexiónes con el derecho y la ley, y desde allí iniciar una reflexión que discute la validez de la utilización teórica de este tipo de visiones para juzgar los fallos de la Corte Constitucional.

Este trabajo persigue rastrear el pensamiento político de Locke. Para ello se apoya bibliográficamente, sobre todo, en el segundo tratado sobre el gobierno civil por considerarse como una síntesis de su pensamiento práctico. En un primer momento, habrá un muestreo histórico general del quehacer político de la época en Europa y, específicamente, en Inglaterra. En la segunda parte se hace la exposición del segundo tratado sobre el gobierno civil donde el tema principal es el estado natural. El tercer momento de este trabajo señala el tipo de gobierno que propone Locke dentro de una sociedad civil. La propuesta será la separación de los tres poderes, pues su idea de gobierno debe ser la democracia representativa orientada por una monarquía constitucional. El último punto es una lectura sobre Rousseau, en el contrato social, para dar cuenta de la posible influencia de Locke sobre el pensamiento político del ginebrino.