vol. 1 núm. 7 (2011): pensamiento y poder

El presente artículo reflexiona sobre la justificaciòn teórica y dogmática relativa al juzgamiento especializado de niños, niñas y adolescentes que viene impuesto por el Derecho Internacional de lso Derechos Humanos desde la perspectiva de una concepciòn garantista del proceso. La clave de esta justificación estaría marcada por el nuevo paradigma impuesto por la Convenciòn Inrernacional de los Derechos del Niño y por los ejes valorativos sobre los que está construida, esto es, concebir al niño como sujeto de derechos y en razón a ello tener en cuenta su correlato ideológico necesario: la autonomía personal.

El derecho de las personas al acceso a un proceso, constituye la base fundamental de cualquier sistema de protección de derechos humanos en virtud de que representa la posibilidad de un remedio a una violación. La Convención Americana de Derechos Humanos es el principal instrumento de pretección de derechos humanos en la región, contiene una parte declarativa de derechos además un sistema de potección. Sin embargo este mecanismo requiere reformas urgentes a fin de que las personas no necesiten pasar un filtro cuasi judicial, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para acceder de forma directa a ser escuchadas por un tribunal que, en el caso concreto, es la Corte Interamericana de Derehcos Humanos.

El cambio de la sistemática procesal de tendencia inquisitiva hacia el modelo procesal penal contemporáneo, mixto, de tendencia acusatoria, implicó e implica un rompimiento de los paradigmas en la comunidad general, en los jueces, fiscales y abogados litigantes, así como en la comunidad académica, obligada, a no dudarlo, a pronunciarse sobre los aspectos más significativos del sistema. Los actuales cambios legislativos dejan cierto desconcierto en la sociedad, en los operadores judiciales y en los académicos, quienes nos preguntamos si acaso ha fracasado la idea de un sistema penal acusatorio en nuestro país o si por el contrario las actuales tendencias legislativas y jurisprudenciales se encaminan al anhelado fin de la tutela judicial efectiva y a la paz y reconciliación social en Colombia. Se propone este texto identificar si acaso existe una tensión constitucional entre el postulado del garantismo penal, enmarcado en los principios acusatorios y adversariales del actual sistema penal, o si por el contrario, los últimos son inompatibles con el ideal de tutela judicial efectiva.

Quizá la clave más importante para desentrañar lo que sucede con el sentimimento de la vergûenza es aclarar su estrecha relación con el concpeto de la culpa. El objetivo que nos planteamos en este artículo es clarificar las diferencias entre estos sentimientos tan cercanos pero de una vivencia subjetiva tan distinta. Parece que en nuestro contexto tienden a confudirse la una con la otra, la no claridad de los términos es lo que muchas veces ha permitido que no se tengan muy claros los límites de cada uno. Ambos conceptos son sentimientos producidos por una valoración negativa frente a sí mismo. En otras palabras, el que se siente avergonzado y el que se siente culpable tienen, como decíamos, una valoración poco positiva de sí mismos. Sin embargo, el  grado en que uno y otro afectan a la percepción de sí mismos es muy diferente.

El presente texto realiza un estado del arte que da cuenta de un análisis jurídico y social del estado actual de la restauración propuesta por la Ley de Justicia y Paz de 2005. Justicia Restaurativa indica restaurar a la víctima y realizar un acompañamiento psicosocial de víctima y cictimario, acercándonos tal como lo demanda la Carta Magnaconstitucional, que basa su estatuto en el Derecho Internacional Humanitario como punto de equilibrio social y una puerta nueva la rehabilitación cognitiva social.

La culminación de la Guerra Fría dio como resultado la reconfiguración del orden mundial; otrora conflicto entre las dos superpotencias mundiales, los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas qudó en el olvido, y nuevos actores han querido entrar al juego. Basándose en la doctrina de la Seguridad Humana, Canadá busca reposicionarse como potencia media, y es así como América Latina se convierte en un puntal importante para el avance de la misma.

El proyecto de Código General del Proceso que cursa en el congreso de la república de Colombia, pretende la unificación de los procesos judiciales en materia Civil, Familia, Agraria, Comercial, bajo un mismo estatuto procesal y a través de la metodología de la oralidad. Tendencia reflejada en toda la jurisdiccción colombiana y cuyo fundamento se encuentra en los principoos de Celeridad, Concentración y Economía Procesal. El desarrollo del artículo presenta un análisis del proyecto de Código General del Proceso desde una visión garantista. Expone una serie de críticas a las diferentes instituciones reglamentadas en él como lo son: las cargas dinámicas probatorias, las pruebas de oficio y su fundamentación dispositivia y publicista a la vez.