El proyecto de Código General del Proceso que cursa en el congreso de la república de Colombia, pretende la unificación de los procesos judiciales en materia Civil, Familia, Agraria, Comercial, bajo un mismo estatuto procesal y a través de la metodología de la oralidad. Tendencia reflejada en toda la jurisdiccción colombiana y cuyo fundamento se encuentra en los principoos de Celeridad, Concentración y Economía Procesal. El desarrollo del artículo presenta un análisis del proyecto de Código General del Proceso desde una visión garantista. Expone una serie de críticas a las diferentes instituciones reglamentadas en él como lo son: las cargas dinámicas probatorias, las pruebas de oficio y su fundamentación dispositivia y publicista a la vez.

El paso de la Constitución de 1886 a la de 1991, ha generado una forma diversa de interpretación que ha permitido ampliar la posibilidad de presentar argumentos jurídicos y políticos, tanto a los funcionarios judiciales como a los abogados. La diferencia que establece la Corte Constitucional entre principio y valor, al igual que la relevancia dada estos términos, permite un desarrollo del proceso, fundamentado en una base axiológica, delimitada por la principialística procesal y amparada en una ejecución eficaz y preferencial, lo que ha ampliado la posibilidad de acceso a la justicia útil.