El desarrollo de la definición dogmática del derecho fundamental a la igualdad ha obedecido, en una medida importante, al esfuerzo de la jurisprudencia constitucional en orden a configurar un sistema correcto de controles a sus restricciones. Tal sistema ha encontrado su fundamento en la consideración según la cual la norma que consagra tal derecho, en su dimensión estructural, es un principio. El presente artículo, desde una perspectiva inicialmente analítica y posteriormente normativa, trata de recapitular a partir del examen de la sentencia C-093 de 2000 y de la sentencia C-673 de 2001, ambas proferidas por la Corte Constitucional, las dos estrategias que han sido diseñadas por tal Tribunal a fin de implementar el juicio de igualdad. La recapitulación mencionada deriva en la formulación de las bases de un juicio alternativo integrado de igualdad que se desenvolvería a través de la concreción de juicios parciales de adecuación, necesidad y estricta proporcionalidad, aplicables en todos los casos y de los que cabe predicar diferente intensidad, según el contexto fáctico o normativo exija el desarrollo de un juicio débil, intermedio o estricto de igualdad.

El artículo examina la forma en que deben plantearse las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho comercial. Se analiza el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico desde el campo del derecho mercantil, utilizando la teoría de los márgenes de acción de Robert Alexy. Luego se recurre al análisis del principio de limitación del riesgo de los accionistas en las sociedades anónimas y la constitucionalización de cuestiones vinculadas con ese principio, con base en sentencias de la Corte Constitucional.

La constitucionalización del derecho privado y, en particular, la constitucionalización del derecho mercantil, es un fenómeno que ha ido adquiriendo importancia teórica y práctica si se tiene en cuenta que su concreción (i) promueve nuevas formas de litigio, (ii) impone el nacimiento de riesgos cuya evaluación puede ser relevante por parte de los agentes económicos, (iii) reta algunas convicciones importantes acerca de la imagen que se tiene de la estructura y funcionamiento del derecho privado y (iv) exige una reflexión profunda que debe transitar los niveles descriptivo, analítico y normativo de la dogmática del derecho privado y, al mismo tiempo, del derecho constitucional. Este es un intento de descripción de algunas manifestaciones relevantes del proceso de constitucionalización del derecho comercial en Colombia.