Este artículo se propone destacar la importancia de la utilización de esquemas territoriales acordes con las situaciones sociales, económicas y culturales colombianas, permitiendo una configuración de autonomía política en el que se reconozca un margen de gobierno para la atención de los propios intereses locales y su defensa. Ello se presenta a partir dela comprensión del marco conceptual del Estado federal y los nuevos conceptos de arreglos federales. Con ello puede comprenderse la idea de proceso en la configuración de los diseños territoriales en donde el reconocimiento de alternativas territoriales para las poblaciones diversas es fundamental, pero también encontrar esquemas de cooperación, articulación y de solidaridad entre entidades territoriales. Con ello podrá romperse la rigidez del Estado unitario colombiano, y permitir que sean los territorios los que conduzcan sus intereses una vez que ellos han podido identificarlos.

Las redes P2P les permiten a millones de usuarios en Internet descargararchivos que, al menos en teoría, deberían protegerse por las normas sobrederecho de autor. La reacción de la industria del entretenimiento ha sido iniciarmúltiples procesos judiciales en contra de los usuarios de esta tecnología, endiferentes partes del mundo. Uno de los medios que con mayor frecuencia seha empleado para este propósito ha sido el descubrimiento de la identidad delos usuarios a través de sus direcciones IP, mediante órdenes impartidas porjueces a los proveedores de servicio de Internet. Sin embargo, esta prácticaconstituye una manifiesta y comprobada violación de derechos constitucionalescomo el habeas data y la privacidad.

En el presente texto se presentará al lector cómo la sistémica y la cibernética sirven al derecho para estructurar así una Teoría Sistémico-Cibernética del Derecho (en adelante TSCD). Mediante la TSCD se podrá dar respuesta a diversos interrogantes iusfilosóficos, obteniendo de esta manera una visión del derecho más completa de las que hasta ahora se nos han ofrecido. Para lograr tal cometido, se expondrá cómo la metodología y la epistemología sistémica y cibernética irrumpenen el mundo jurídico, para luego enumerar algunas características de una posible TSCD y los problemas a los que esta visión del derecho ofrece algo nuevo.La TSCD constituirá –así lo esperamos– el paradigma que la complejidad de los temas y sistemas del derecho (nacionales, internacionales, trasnacionales, etc.) requiere para hacer frente a la crisis de su funcionamiento práctico y de su investigación científica y filosófica.

Este artículo sostiene que las Conclusiones de 2018 sobre la Identificación del Derecho Internacional Consuetudinario producidas por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU constituyen un retroceso conceptual de la costumbre a la perspectiva teórica de la fuente que se originó con el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional de 1920, trayendo así al presente las inconsistencias prácticas y teóricas del pasado. Aunque la Comisión tiene como propósito fundamental la codificación y el desarrollo del derecho internacional, este trabajo en particular resulta ser la expresión más anacrónica sobre la teorización de la costumbre internacional, pues retoma la perspectiva ortodoxa que casi cumple un centenario de existencia. Este artículo demuestra que, las Conclusiones, lejos de ser un aporte novedoso, son una regresión teórica, la cual, gracias al esfuerzo de la Comisión, parecen estar a punto de volver a retomar vigencia. Ante tal situación, este artículo sostiene que, a pesar de los esfuerzos de la Comisión, no hay una teoría unívoca sobre la costumbre internacional, sino que más bien existen un conjunto de perspectivas teóricas que proponen posibles aproximaciones sin que ninguna de ellas pueda considerarse como dogma. Con ese propósito, este artículo contextualiza y analiza el proceso de consolidación de dicha perspectiva ortodoxa, luego, presenta un conjunto de perspectivas alternativas que han teorizado sobre la fuente, y, finalmente, presente algunas críticas estructurales y específicas sobre las Conclusiones de la Comisión, lideradas por su Relator, Sir. Michael Wood.

Las disposiciones para la protección del contratante débil han tenido un impacto enorme en el derecho civil a través de la previsión de nuevosy específicos instrumentos jurídicos desconocidos en el Código Civil italiano de 1942. Dentro de estos instrumentos cabe mencionar la importanciade la sanción especial de la nulidad relativa como medio de protección del contratante más débil. En este trabajo, tras destacar el ámbito y las características principales de esta sanción, se delinean los posibles y deseables desarrollos de las disposiciones para la protecciónde la parte débil.

Este artículo pretende realizar un estudio sobre las cláusulas abusivas en los contratos de crédito hipotecario bajo una mirada comparativa entre la evolución que ha tenido la materia durante la reciente crisis inmobiliaria en España y la situación jurídica en Colombia, que atravesó una crisis similar a finales de los años noventa y hoy cuenta con el amparo primordial del Estatuto del Consumidor, el régimen de protección del consumidor financiero, entre otros. Se analizan mecanismos interpretativos del activismo judicial y hasta cierto punto externos al Derecho Privado —supranacionales y constitucionales— que han generado a su vez cambios legislativos en ambos países. 

El estudio analiza la problemática legal en torno a la validez del actoadministrativo expedido por medios electrónicos, según las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que sustentan la actuación administrativa. Se identifican los inconvenientes legales presentes en ese proceso de inmaterialización de la actuación administrativa y se trata de definir un rumbo a seguir a partir de ejemplos de experiencias extranjeras y de proyectos de normativa local.Se concluye finalmente, que el ordenamiento jurídico colombiano no aporta fundamento legal para que el acto administrativo pueda expedirse a través de medios electrónicos y que además, es necesario reformular instituciones clave y concomitantes a la eficacia de ese acto, tales como la notificación, publicación de los actos y el domicilio de los administrados y las entidades públicas.El artículo analiza el estado del arte en la materia (en Colombia), los conceptos y las regulaciones necesarias para el nacimiento y desarrollo de la teleadmnistración pública y sus procedimientos.

Los resultados de investigación que se presentan en estas páginas, hacen parte del proyecto La actividad sancionadora de la administración en Colombia, estudio que tiene por objetivo principal analizar el eje central del poder sancionador de la administración: la sanción administrativa. Para el abordaje de este tema, partimos de una revisión doctrinal y legal del ius puniendi del Estado; luego, nos centramos en el concepto de sanción y sus elementos, para revisar en último lugar, las reglas extraídas básicamente de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se ha ocupado de la cuestión. De esto se concluye que la sanción administrativa es el pilar de este campo de intervención de la administración, que se ha desarrollado a partir de las respuestas del juez constitucional, y no por la iniciativa del legislador o de la comunidad científica nacional sobre el particular.

En el presente artículo se discute el desarrollo de las políticas agrarias en Colombia entre los años 1970 y los dos períodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe-Vélez. Las políticas agrarias se analizan dentro de un marco más amplio de los aspectos relevantes de la economía colombiana. Se argumenta que los desafíos de las políticas agrarias son constantes y repetitivos desde el inicio de la época estudiada: debate sobre estructura de producción: producción en grandes escalas versus pequeños productores, producción para uso industrial versus producción de alimentos; grado de protección del mercado nacional versus integración al mercado internacional; competitividad versus falta de desarrollo tecnológico y deinfraestructura general.

El presente escrito tiene como fin reflexionar sobre el régimen legal de la responsabilidad civil del transportador aéreo en el ámbito internacional,comparándolo con la legislación colombiana en sus fuentes originales. Para tales efectos, se tendrán en cuenta el Sistema de Varsovia (1929), el Convenio de Montreal (1999) y las normas del Código de Comercio colombiano (1971) aplicables al transporte aéreo nacional y al internacional no cobijado por lostratados internacionales. Este estudio comprenderá solamente la responsabilidad contractual que se regula en las normas señaladas.

El estudio de la potestad normativa del Estado comprende tanto la regulación constitucional, la regulación legal y la regulación administrativa en general como la reglamentación legal y la reglamentación administrativa en particular. Por tal razón se debe establecer la división de competencias normativas entre la Constitución Política, la ley y el reglamento, lo mismo que distinguir las diferencias entre regulación legal y/o administrativa y reglamentación legal y/o administrativa, todo lo cual nos debe permitir saber cuál es el régimen normativo aplicable para una materia determinada. Para tal efecto, se estudian las facultades de regulación en general a cargo del constituyente, del legislador o de las autoridades administrativas que ejercen dicha potestad, a la vez que se estudian las potestades reglamentarias en general, sea que las cumpla el legislador o las ejerzan las autoridades administrativas que son titulares de las mismas como el Presidente de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, las asambleas departamentales o los concejos municipales. Hecho lo anterior, se establecen las diferencias entre regulación y reglamentación, especialmente en materia administrativa. A manera de ejemplo, se establecen las diferencias entre las competencias de regulación a cargo del gobierno nacional con sujeción a las reglas generales contenidas en las leyes marco según lo previsto en los artículos 150-19 y 189-16 y 25 y las competencias de reglamentación a cargo del mismo gobierno nacional según lo previsto en el numeral 11 del artículo 189. En el mismo sentido, se estudian las competencias de regulación administrativa atribuidas directamente por la Constitución Política al gobierno nacional, a corporaciones administrativas como las asambleas departamentales y los concejos distritales o municipales, o a entidades públicas como la Contaduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Banco de la República, la Comisión Nacional de Televisión, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Comisión Nacional de Servicio Civil, los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales y de las universidades oficiales. Asimismo, se estudian las facultades de regulación administrativa atribuidas a organismos creados por la ley tales como el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, el Consejo Superior de Comercio Exterior, el Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS, las comisiones de regulación y la Sala General de la Superintendencia de Valores. Todo lo anterior con el propósito de demostrar que constitucional y legalmente es posible que una autoridad administrativa ejerza funciones de regulación respecto de una materia determinada, lo mismo que demostrar que constitucional o legalmente es posible también que una autoridad administrativa ejerza funciones de regulación, dejando claro que si una autoridad puede ejercer, con sujeción a la ley, funciones de regulación, debe delimitarse qué corresponde regular al legislador y qué corresponde regular a la autoridad administrativa, o lo que es lo mismo, que debe hacerse una correcta precisión acerca de lo que corresponde a la reserva legal y lo que puede corresponder al campo de regulación administrativa. Ese es el objeto del presente estudio. 

El sector de la movilidad urbana ha sido uno de los más afectados por la creciente utilización de aplicaciones móviles. Éstas han generado una reducción de costos de entrada y de transacción tan importantes que los mercados han crecido de forma asombrosa. Sin embargo, y como suele ser el caso, las normas no han evolucionado tan rápidamente. Las plataformas digitales suponen un reto en el ordenamiento jurídico, el cual no ha sido ajeno a nuestra concepción de libre competencia. Por ello, es importante entender los impactos económicos –negativos y positivos- que traen estas tecnologías de movilidad para entender su modelo de negocio, proceso de formación de precios y transacciones y, en últimas, evitar regularlos de manera equivocada con categorías legales que ya no se acoplan a la realidad.

Se ha insistido desde la misma exposición de motivos de la Ley 599 de 2000, en el sentido de que la regulación de la omisión en la ley penal colombiana se deriva de los contenidos del principio de solidaridad establecidos en la Constitución Política. Es por ello que se hace necesario un análisis de las consideraciones efectuadas por la Corte Constitucional en torno al tema, con miras a relacionar las mismas con la regulación de la omisión entre nosotros, partiendo a tales efectos de una descripción somera de esta última institución, para arribar a algunas conclusiones con respecto al deber de solidaridad constitucional como fundamento de los deberes de ac- tuar en los delitos de omisión impropia. 

En el presente artículo, la autora se refiere al protocolo de familia,uno de los aspectos relevantes para el estudio de la empresa familiar,figura de especial importancia en la economía colombiana. El marcode análisis se circunscribe a aspectos como el concepto de protocolode familia, naturaleza jurídica del protocolo, elementos esencialesdel protocolo, características del protocolo, relación entre el protocoloy los estatutos, límites, oponibilidad de las normas consagradas en elprotocolo de familia y contenido del protocolo.

Este artículo de investigación está centrado en el estudio del deber de sacrificio en el derecho penal, con el objetivo de analizar su relevancia en el marco legal contemporáneo y su implicación en la protección de los derechos legales de las personas. Así, por medio de un enfoque metodológico, que implica la revisión exhaustiva de principios jurídicos y teorías, el documento propone una reflexión sobre cómo se equilibran los deberes y derechos en situaciones de conflicto. Se examinan conceptos fundamentales como el de estado de necesidad, la teoría diferenciadora, el derecho a la legítima defensa y la relación entre libertad y solidaridad. La principal conclusión del estudio destaca la importancia del deber de sacrificio en el derecho penal y su interacción con los conceptos de libertad y solidaridad, subrayando la necesidad de considerar estos principios en la construcción de un sistema jurídico justo y equilibrado.

Este artículo presenta una primera aproximación hacia los estándares de revisión en el derecho del common law y su posibilidad de aplicación en el sistema procesal civil chileno, planteados como una medida o umbral de deferencia o respeto de las cortes de apelaciones respecto del contenido de las decisiones de los tribunales inferiores de cara a su posibilidad de revocación. En ese esfuerzo, se analiza la estructura, función y contenido de los estándares en el derecho de anglosajón, principalmente de Estados Unidos y se expresa la importancia que reconocer su existencia en el derecho procesal contemporáneo puede tener tanto para la configuración como para la operatividad de un sistema de justicia.

Traducción Clara Álvarez-Alonso, Madrid, Marcial Pons, 2006, 102 pp.

En el presente documento se analizará el desarrollo histórico jurisprudencial que ha hecho la Corte Constitucional colombiana sobre la noción de Autonomía Universitaria[1], buscando identificar la naturaleza jurídica de este concepto y su alcance, lo que servirá como contexto para estudiar cómo la Corte Constitucional ha entendido y desarrollado esta institución que le asiste a las universidades del país. Para este efecto, se han estudiado cerca de cien sentencias que la Corte Constitucional ha dictado desde el año de 1992, momento en que inició actividades, hasta el mes de agosto del 2018, teniendo en cuenta sentencias de constitucionalidad, de revisión de tutela y de unificación jurisprudencial, que además han sido sistematizadas de acuerdo con los escenarios constitucionales que plantean[2] y con la frecuencia de citación que hay entre ellas, resultados que se plasman en dos documentos anexos de este artículo.   [1] En adelante en el presente texto se referirá a la Autonomía Universitaria simplemente como AU. [2] Un "escenario constitucional" es el patrón fáctico típico (con su correspondiente campo de intereses contrapuestos) en el que la Corte ha especificado, mediante subreglas, el significado concreto de un principio constitucional abstracto. Véase: Diego López Medina, El Derecho de los Jueces, 2a. ed., Legis, Bogotá, 148 (2006).