vol. 10 (2001)

Un análisis sobre cómo la Constitución y la Ley reconocen el derecho de propiedad privada y garantizan su ejercicio, pero sus regulaciones condicionan y restringen cada vez con mayor rigor el uso o utilización de los bienes inmuebles. Los planes de desarrollo de los distintos niveles -nación, regiones, departamentos, áreas metropolitanas, distritos, municipios- han generado una profusa legislación que entraba el libre ejercicio de este desarrollo en lo concerniente a su utilización, en la ejecución de los propósitos de un Estado Social de derecho.

La soberanía, como elemento integrante del concepto de Estado, ha venido desapareciendo y, con la globalización del Derecho, se ha generado una mayor dependencia de los países pobres, frente a los grandes Estados desarrollados.El Derecho, o la legislación supranacional, está siendo inducida por los países industrializados, que son detentadores de la más avanzada tecnología, para lograr privilegios y derechos de exclusividad, como viene ocurriendo en el campo de los derechos intelectuales y, en concreto, en el campo de la propiedad industrial, particularmente las nuevas creaciones y los signos distintivos.Tales privilegios se deben impedir, en especial, en el caso de las nuevas variedades, tanto animales como humanas.

En este trabajo se indaga, en el vasto campo del análisis de la tutela judicial de los derechos administrativos, sobre un ámbito y un mecanismo de protección determinado. El propósito se centra en el "nivel constitucional" y, dentro de éste, en la acción de amparo o sus denominaciones equivalentes (recurso de protección, acción de tutela o mandato de seguranca). La opción por el nivel constitucional es la primera para el investigador en virtud del principio de supremacía constitucional, propia de las constituciones rígidas vigentes en América Latina. Esta supremacía implica que las normas constitucionales determinen -tanto en la forma como en la materia- las normas extraconstitucionales. Por eso si en los textos de las constituciones se desarrolla alguna regulación, su estudio es vital, pues ésta condiciona cualquier reglamentación en los niveles extraconstitucionales.En este trabajo se considera qué es el amparo como mecanismo de protección de los derechos del administrado y su inclusión dentro de la "triada garantista".

En este trabajo se abordan algunos aspectos sobre los límites de los derechos. Se verán, sucesivamente, su conceptualización en la jurisprudencia y en la doctrina, y su papel en el Derecho Constitucional y -a grandes rasgos- en la Teoría del Derecho. No serán tocados aquí los limites de los limites, a saber, el contenido esencial y el principio de razonabilidad. Tras la exposición de la jurisprudencia y la doctrina, se propone una teoría de alternativa acerca de los límites, procurando conciliar las exigencias dimanan te s del carácter inviolable de los derechos, con la necesidad de su regulación.

El artículo tiene por objeto analizar a garantía de hábeas data partiendo de los antecedentes extranjeros; comparando la fórmula constitucional argentina con la de otros países. Se establecen de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia nacional el objeto, la finalidad y los derechos tutelados por el instituto. Se realiza una análisis de la Jurisprudencia más importante de Argentina; demostrando cómo la Ley Reglamentaria 25.326, del articulo 43 de la Constitución Nacional toma los principios básicos sentados por la jurisprudencia y la doctrina; tal el caso de la ampliación de la legitimación, la creación pretoriana del derecho a la verdad objetiva, y los límites al secreto de Estado.

Una de las tesis nucleares del positivismo legalista y normativista -todavia vigente en el pensamiento de algunos tribunales, como el Tribunal Constitucional Español- es la pretensión de que la interpretación y aplicación del Derecho se lleve a cabo con tal prescindencia de valores extralegales. Esto significa, en lo que a los derechos fundamentales respecta, que ni en su interpretación ni en su aplicación puede el juez pronunciarse acerca de su fundamento, o, más específicamente, sobre cuál es el fundamento de la dignidad humana, y, correlativamente, cuál es el sentido y alcance del respeto incondicionado y del marco de libertad que esa dignidad reclama. Esto explica la conocida sentencia de Bobbio, a saber, que desde la Declaración Universal de 1948 ya no hace falta preguntar por el fundamento de los derechos humanos.En este trabajo se intenta poner de manifiesto que la dinámica jurídica toma ineludible la resolución de estas cuestiones. Dicho de otro modo, que la aspiración de construir una teoría avalorativa es ilusoria al menos en el campo de la decisión judicial. Se analizan con este fin dos asuntos íntimamente ligados: a) la determinación judicial del alcance de los derechos fundamentales; b) la alienabilidad del derecho a la vida.

El humanismo se basa en el hombre y en la creación, un fenómeno intemporal, en el sentido de que ninguna época puede contener toda la amplitud de su sentido profundo.Por eso, el constituyente de 1991, en Colombia, en su redacción de la Carta Política, se aproximó a este principio, aunque, de manera excepcional, en el tratamiento de algunas de sus instituciones se alejó de ese enfoque filosófico-político. Este trabajo aborda la tarea del constituyente, más próxima doctrinalmente a ese modelo de construcción de la sociedad civil.

En este trabajo se enfoca el debate de finales del siglo xx sobre cuáles son las fronteras entre Estado y sociedad civil y sus respectivas misiones y cómo las sociedades que descubran la fórmula más eficiente lograrán mayor progreso.Descifra las acepciones de estado (una organización: comunidad política y soberana, y otra: organización social que ejerce el poder político y el monopolio de fuerza, en un conjunto de instituciones que constituyen el sector público, diferentes del conjunto de personas, familiares e instituciones privadas integrantes de la sociedad civil.Se muestran las diversas respuestas al principio de subsidiariedad y el problema de las fronteras del Estado y la sociedad civil, y cómo este mismo principio integra el derecho natural y, por tanto, está fundamentado en la razón y en la justicia, y es uno de los principales en la Doctrina Social de la Iglesia católica, durante la centuria (1891-1991), cuando se publicaron la encíclica Rerum Novarum de León XIII (1891) Y la Centesimus Armus de Juan Pablo 11 (1991).