núm. 3 (2015)

Se exponen las prelimimnares del volumen

Análisis de la decisión sobre la apelación de Abdullah Al-Senussi frente a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I, del 11 de octubre de 2013, denominada “Decisión sobre la admisibilidad del caso en contra de AbdullahAl-Senussi”

En marzo de 2014, el Parlamento español reformó la jurisdicción universal de los tribunales nacionales. El presente artículo analiza la evolución legislativa que condujo a esta reforma, sus orígenes políticos y sus consecuencias en la práctica judicial. Tal análisis demuestra que las limitaciones al ejercicio de la jurisdicción española sobre crímenes internacionales cometidos en el extranjero contra víctimas no españolas  comenzaron por vía judicial en el año 2003. Cuando dichas limitaciones fueron declaradas contrarias a la Constitución española, el legislador enmendó la ley en 2009 para establecer límites al ejercicio de la jurisdicción universal por razones económicas y diplomáticas y lo hizo de nuevo en 2014, con la intención aparente de impedir directamente el ejercicio de dicha jurisdicción. Esta última reforma, llevada a cabo de manera unilateral y expedita, impuso estrictas condiciones legales a la jurisdicción universal en España y desnaturalizó por completo su ejercicio. La deficiente calidad jurídica de la reforma no solo ha generado tensiones dentro de los tribunales, al impedirles seguir conociendo de la mayoría de los crímenes internacionales que estaban siendo investigados, sino que también ha dado lugar a una preocupante falta de seguridad jurídica de cara a procesos futuros.

La CPI fue creada con el fin de acabar con la impunidad y prevenir los crímenes más atroces contra la humanidad. Para desempeñar sus funciones, depende en gran medida de la cooperación de los Estados parte, lo cual la obliga a actuar con cierta prudencia, pero sin abstenerse de investigar y juzgar. Desde que Palestina reconoció la jurisdicción de la CPI, en enero de 2009, su población civil ha sufrido violencia sistemática y a gran escala en las operaciones Plomo fundido (2009), Pilar defensivo (2012) y Margen protector (2014) del Ejército israelí. En abril de 2012, la Fiscalía de la CPI decidió no abrir una investigación, porque correspondía a la Asamblea General de la ONU determinar si Palestina tenía o no la condición de Estado. Meses después, la propia Asamblea General reconoció a Palestina como Estado no miembro observador de la ONU, tras su previo reconocimiento por la Unesco y la Corte Internacional de Justicia. Con ello se despejaron los últimos obstáculos para que la CPI ejerciera su jurisdicción sobre una situación que continúa dejando miles de víctimas, pues, ¿qué sentido tiene que exista una Corte que contemple, sin inmutarse, la sucesión de delitos atroces?

Se exponen los nombres de los jurados

Este ensayo tiene como objetivo promover un análisis crítico de los grupos protegidos por la Convención sobre el Genocidio para marcar los parámetros más adecuados para la correcta comprensión e identificación por el intérprete de la norma internacional. En este sentido, será investigado, en principio, el significado y el alcance de la nacionalidad de las ideas, la raza, la etnia y la religión, lo que demuestra la dificultad de establecer objetivos y criterios estrictamente científicos para un concepto individualizado de las colectividades nacionales, raciales, étnicas y religiosa. Una vez establecida esta premisa, se sostendrá la necesidad de un entendimiento común de este tipo de comunidades, lo que favorece una construcción unitaria semántica, en lugar de una visión compartimentada, la única manera de determinar el verdadero alcance de la protección normativa contra el delito de genocidio.

Instalado en la conciencia general de la humanidad el imperativo de impedir la impunidad de los más graves crímenes internacionales, la relevancia de la jurisdicción universal en la consecución de dicho fin resulta incuestionada desde el consenso internacional. Sin embargo, ese consenso desaparece cuando se profundiza en su alcance, contenido y aplicación. Estados que apostaron por ella están sucumbiendo ante fuerzas antagónicas favorecidas por el disenso internacional en su regulación. El caso de España y su reciente reforma legislativa sirve de ejemplo actual de la involución a la que se ve sometido el principio de jurisdicción universal. Entre tanto, la brecha de impunidad frente a las graves violaciones de los derechos humanos se amplía, a pesar de notables prácticas de tribunales estatales en el enjuiciamiento y castigo de los enemigos de la humanidad (hostis humani generis).

Sentencia sobre la apelación de la Fiscalía y Thomas Lubanga Dyilo frente a la decisión relativa a la pena, de conformidad con el Artículo 76 del Estatuto de Roma, de 1 de diciembre de 2014

Se exponen las normas de publicación

El presente artículo analiza el alcance de la reforma de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal en España. Para ello, se aborda el fundamento del principio de justicia universal y su evolución legislativa en este país. Más adelante, se examina el contenido y los límites positivos y negativos jurisdiccionales, que conlleva la entrada en vigor de esta Ley. Por último, se estudia su posible inconstitucionalidad.