vol. 14 núm. 20 (2021)

La industria del calzado se ha desarrollado en la zona de El Bajío mexicano, siendo Guanajuato el Estado pionero; sin embargo, los Estados de Querétaro y Aguascalientes pretenden emularlo. En el pasado, el proteccionismo estatal otorgó estabilidad al sector no obstante, el cambio de modelo económico a nivel mundial obligó a la nación a adoptar una nueva corriente económica, con la apertura de fronteras comerciales en beneficio de los grandes productores de calzado, pero no de los medianos y pequeños, algunos de ellos han sabido sortear los vaivenes que dictan los mercados internacionales, pero otros desaparecieron. Hoy se presenta un nuevo paradigma, el escenario mundial ha cambiado, en medio de pandemias, el anuncio de la Cuarta Revolución Tecnológica y una guerra comercial entre China y Estados Unidos, el Estado mexicano debe replantearse el rol que debe desempeñar, pues tal parece que su participación no  ha de ser la de un Estado intervencionista, pero sí se requiere de su cooperación directa en cumplimiento a lo que disponen los derechos económicos, sociales y culturales,  protegidos por diversos tratados internacionales y regionales, así como en la Constitución mexicana, cumpliendo con los compromisos adquiridos en los acuerdos sobre esta materia, el Estado debe diseñar estrategias que generen competencia seria y frontal, con el objetivo de lograr que pequeños y medianos manufactureros consoliden la exportación de su calzado.

El presente artículo enfatiza la necesidad de una cultura de la ciberseguridad de los usuarios, ante las amenazas y los riesgos a los que se exponen en el entorno virtual, derivados del desconocimiento y las afectaciones que ello ocasiona, mismas que a simple vista parecen inofensivas, pero que repercuten de forma importante en los derechos humanos de las víctimas como la vida, integridad psicológica, intimidad, privacidad o el patrimonio. Por lo anterior, se mencionan algunas de las amenazas más importantes, se destaca que existen delitos que utilizan como medio de comisión el entorno virtual y que hay delitos que surgen dentro de dicho entorno. Así mismo, se señalan algunos derechos humanos originados desde el entorno virtual, y cuyo reconocimiento por parte de los Estados es necesario para así garantizarlos.

En México los derechos humanos son un tema muy agraviado, cuya directriz se ha frustrado debido a la aplicación que realizan las instituciones encargadas de su tutela. En el presente artículo el derecho humano a la vivienda digna y decorosa es sujeto de investigación como derecho humano y social, analizándolo mediante un recorrido desde su primera concepción, pasando por su evolución teórica, los mecanismos de protección y su justiciabilidad, así como su estado actual; por medio de un diseño empírico de su situación es que se ha de evidenciar como este derecho social ha sido olvidado en todos los aspectos que lo constituyen en su compleja conformación. La concepción de la vivienda como un derecho social ha evolucionado y es urgente tomar decisiones que se adecuen al nuevo paradigma en el que se encuentra actualmente inactivo en cuanto a estudio y acción.

 El artículo pretende dar una visión interdisciplinar de la problemática del derecho de trasformación de la obra musical original y su posible conceptuación como obra derivada.  A razón del escaso tratamiento del tema que se hace por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española, con frecuencia se generan conflictos cuando el autor de una composición original autoriza la incorporación de ésta en otra nueva, ostentando la facultad para que su obra se mantenga totalmente íntegra sin sufrir menoscabo o deformación, una vez que ha consentido su exhibición o explotación. Dentro del contexto jurídico y musicológico se trata de dar un enfoque transversal y establecer criterios objetivos referidos al ámbito musical que, inmersos en la legislación de propiedad intelectual, consigan dar soluciones a las dudas surgidas respecto a la coyuntura actual e intrincada de la delimitación de la transformación de las obras musicales. La hipótesis de partida es la profusión de imprecisiones, la falta de elementos que delimiten con seguridad la variedad de conceptos atribuibles a las obras musicales originales que puedan ser objeto de obra derivada; así como, la procastinación del legislador a la hora de abordar este problema. Se ponen de manifiesto las lagunas existentes y la falta de estudios al respecto en los dos ámbitos, tanto dentro de los estudios musicológicos, como en el tratamiento de la doctrina y la jurisprudencia nacionales que son escasas, también en relación con el derecho comparado.

El combate a la corrupción se vuelve necesario ante la creciente desconfianza de la sociedad hacia su gobierno. La corrupción ataca la economía y en consecuencia limita el crecimiento de los países y, además, afecta seriamente a la democracia por la pérdida de legitimidad de los representantes. Sin ésta, el Estado constitucional de derecho se aleja de garantizar una mejor calidad de vida de la población. En el presente trabajo, basado en la investigación documental, se concluye que para fortalecer la democracia constitucional, se requiere el reconocimiento del derecho de acceso a la información, y una política pública de la transparencia como antídoto para la corrupción y pilares del fortalecimiento democrático.

El artículo tiene como objetivo principal analizar la importancia de la paridad de género en México. Para lograrlo se observa el contexto histórico de la violencia en contra de la mujer en el ámbito público internacional y nacional; además, se estudian sus conceptos fundamentales a efecto de entender qué es el género, la paridad y cuál la importancia de su aplicación. Se aporta al campo de estudio un verdadero panorama respecto de la exclusión de la mujer a efecto de ser conscientes de ello y modificar el trato hacia ella, en pro de su beneficio mediante la elaboración y adecuación de normas acordes a la realidad que viven, pues de no ser así, éstas serían ineficaces.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados propone el mecanismo consensuado por los Estados para la interpretación de los tratados internacionales. Los denominados TBI (Tratados Bilaterales de Inversión), son ejemplo y, específicos del Derecho Internacional de las Inversiones. Sin embargo, dentro de esta rama del Derecho Internacional, perduran inquietudes acerca de su correspondencia o no con la aplicación del denominado “tratado de los tratados”; e incentivadas desde la corriente impulsada principalmente por los “practicantes”, árbitros o representantes de las partes, la forma en la que se han interpretado distintos tratados en materia de inversión, expone las tensiones de un Derecho Internacional fragmentado. ¿Quién ha de interpretarlos? ¿Bajo qué reglas? Este trabajo propone: en primer término, abordar la génesis y evolución del Derecho Internacional de las Inversiones; en un segundo término, su caracterización como ejemplo de fragmentación sustantiva del Derecho Internacional; a efectos de abordar en tercer término, la interpretación conforme a las reglas de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados entre Estados como una herramienta solucionadora del dilema presentado. La conclusión se adhiere a éste último punto, entendiendo tal instrumento como el único dentro de Derecho Internacional General que aboga por la interpretación armónica y la integración sistemática. Su consecuencia, daría una creciente seguridad jurídica -escenario favorable para los inversores-, y un mayor respeto por la voluntad de los Estados, creadores de la norma internacional en pugna.

Además de la pérdida de más de 200.000 vidas debido a la pandemia por el COVID-19, violencia racista, protestas, incendios forestales, tormentas y controversias políticas en un año de elecciones, Estados Unidos de América podría ahora ver también actos de genocidio. Si se confirman informes recientes, múltiples actos de genocidio contra migrantes de América Central han sido cometidos, atacando especialmente a mujeres y niños. Este texto presenta los elementos que definen el crimen de genocidio bajo el derecho internacional y explica el especial estatus de ius cogens que la prohibición del genocidio tiene tanto bajo los tratados de derecho internacional como del derecho internacional consuetudinario. Asimismo, este texto incluye un llamado a realizar más investigaciones de acuerdo con la obligación de todos los Estados de combatir el genocidio.

Este artículo resume las características básicas del actual sistema penal que rige el ordenamiento jurídico. Resaltando sus etapas, sus principios rectores y las actuaciones principales, para que quien se aproxime por primera vez o con intención de entender el sistema, tenga un punto de partida concreto, sencillo y accesible para todo público, sin olvidar el rigor técnico propio del derecho. En este sentido, el objetivo principal es explicar la dinámica del sistema procesal de la Ley 906 de 2004; y como objetivo secundario, hacer algunas recomendaciones para su mejoramiento.

En concordancia con lo señalado por el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. La empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones. Con base en lo anterior, es preciso comprender cuál es la proyección y el límite de la libertad empresarial al igual que la función social que la ha de caracterizar. Este límite debe partir del concepto de Estado Social de Derecho, que de acuerdo con la referida Constitución Política caracteriza a Colombia, y en virtud del cual, todas las personas deben vivir sometidas al imperio de la ley tomando como constante que nuestro derecho termina en donde empieza el de los demás. En este orden de ideas, es necesario abordar el tema de la regulación legal y social de la empresa con el fin de determinar cuáles son las reglas que regulan las relaciones sociales dentro de ésta y, cuáles son las obligaciones legales que adquiere el empresario, lo que también busca brindarle una seguridad jurídica como inversionista.  En este sentido, la responsabilidad social en el ámbito empresarial o corporativo es entendida como el compromiso que las organizaciones públicas y privadas asumen con relación a la sociedad, que además debe estar reflejado en inversión social con las comunidades y con el entorno.

El eximio profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Burdeos, Francia, Dr. Jean-Marc Trigeaud, dilecto miembro del comité científico de MISIÓN JURÍDICA, viene de recibir el homenaje de sus colegas, amigos y discípulos a través de un sólido Liber Amicorum (Mélanges) de 940 páginas contentivas de artículos de 74 autores filósofos del derecho, juristas de derecho privado y público, historiadores del derecho, politólogos, filósofos, sociólogos, psicoanalistas e historiadores del arte provenientes de al menos una docena de países y en lengua a veces de origen cuales el alemán, inglés, español, italiano y el portugués. Son estos los campos del conocimiento universal que el profesor Trigeaud conoce en profundidad.

El deber de información es derivado del principio de la buena fe, aplicable en los contratos y exigible para el contratante poseedor de la información y para el que la desconoce, quien debe evitar estado de ignorancia. Este artículo pretende responder porqué, en un evento de responsabilidad en una cesión de contrato, merece mayor reproche la conducta del cesionario negligente, quien no solicita la información pertinente respecto del contrato cedido, frente a su co-contratante poseedor de dicha información, y que no la entrega intencionalmente. Para determinar el alcance del deber de información a cargo de los contratantes, se hace una revisión de normas jurídicas, doctrina, jurisprudencia y el estudio de los deberes de información, diligencia, lealtad, prohibición de ir en contra de los actos propios, concluyendo que la negligencia y la violación del deber de auto-información no merecen protección jurídica.

En este artículo se realiza un análisis jurídico del estándar internacional sobre el derecho a la justicia con miras a su implementación por parte del Estado colombiano mediante la expedición del Marco Jurídico para la Paz. Se examinan los mecanismos judiciales de justicia transicional establecidos para garantizar en la mejor medida posible “los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” (A.L. 01/2012, art. 1). Sobre todo, se busca responder a la cuestión de: ¿cómo garantizar la implementación del deber internacional de investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario mediante los mecanismos judiciales de justicia Transicional establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2012?

El artículo analiza la contribución de la Economía creativa, en la perspectiva de la Economía Social y Solidaria (ESS), en tiempos de Revolución Digital, en un contexto en el que aún prevalecen altos y crecientes niveles de desigualdad socioeconómica y de exclusión social. La metodología empleada es la hipotética deductiva con el uso de la revisión bibliográfica. La hipótesis explorada es la existencia de una aproximación entre economía creativa y ESS permitiendo a la economía creativa la utilización de las estructuras jurídicas que ésta posee. El punto común que permite dicha aproximación es la base colaborativa entre los tipos de emprendimientos y a la vez que sean clasificados como sociales y solidarios.

La realización de las actividades del sector energético, específicamente en materia de  exploración y extracción de hidrocarburos, deberán ejecutarse bajo los criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, lo cual requiere la existencia de un marco constitucional sólido que regularice el uso y la ocupación superficial para la ejecución de proyectos del sector energético, toda vez que existen principios que se deben considerar, entre los que destacan: el uso superficial es temporal en algunos proyectos; las  comunidades, a menudo, se ven afectadas por un período de tiempo más prolongado que el estimado requerido para llevar a cabo la actividad real de uso de suelo; durante las actividades de uso de suelo, se deben conservar los recursos naturales afectados; la tierra debe ser restaurada a su condición original, o condición alternativa adecuada, después de que se haya concluido la actividad de ocupación superficial; y cualquier actividad de uso de suelo tiene el potencial de afectar el medio ambiente, positiva o negativamente. Hay que hacer una descripción de los posibles impactos ambientales adversos desde la planificación hasta la finalización de la actividad. A cinco años de la implementación de la reforma energética, es imperativo evaluar los alcances y las deficiencias presentadas en los temas de ocupación superficial e impacto social, tras la ejecución de proyectos en las áreas contractuales específicas.

De la Constitución de la República Romana de 1849 surge una forma institucional «casi dualista» o «dualismo desbalanceado». Esta implica una separación de poderes que sin embargo, no posibilita una influencia ex-post de un órgano sobre la función del otro, uno de los dos órganos constitucionales es «claudicante»: aunque el Presidente colegiado de la República participe directamente en la función legislativa, no puede ejercer el veto suspensivo (acompañado de las observaciones presidenciales), sino que solo puede «sin demora» promulgar la ley. La Asamblea nombra al Presidente colegiado de la República; los tres cónsules no pueden ser elegidos entre los parlamentarios, se establece entonces la separación de los dos actores constitucionales más importantes. El presidente colegiado de la República estaba al frente del Gobierno, a él le correspondía el nombramiento y la destitución de los ministros, quienes estaban vinculados al Consulado por una relación «interna» de confianza, pero esta relación no se podía establecer entre el Consulado-Gobierno y la Asamblea. Los dos poderes: Legislativo y Jefe del Estado-Ejecutivo, se constituyen en centros de autoridad distintos, concebidos de forma tan singular como para definirla «casi dualista». La institución del refrendo establece el principio de «no responsabilidad de los Cónsules», pero ¿de qué forma habría garantizado la Constitución la irresponsabilidad del Presidente (colegiado) de la República si en los artículos 43, 44, 45 y 55 se afirma exactamente lo contrario? Resulta difícil imaginar una evolución hacia el parlamentarismo, es decir, ¿la responsabilidad jurídica hubiera abierto el camino a la responsabilidad política y, en consecuencia, al sistema parlamentario?

Las agencias reguladoras aparecieron en Brasil con el propósito de regular las actividades económicas transferidas a la iniciativa privada, con base en reformas promovidas en el escenario económico nacional, después de la implementación de planes para reducir la burocracia de la máquina estatal. Para el contrato, se buscó la importación de modelos extranjeros para las agencias, especialmente la de los países que también tenían vínculos con una economía más liberal que surgió en Brasil, como los Estados Unidos de América. Con este fin, se hizo un esfuerzo por adaptar el modelo de agencias al sistema legal nacional, en el cual, a pesar de las peculiaridades de cada sistema legal en el mundo, Brasil sigue el modelo de agencias reguladoras, que ya están absorbidas en el escenario socioeconómico.