núm. 7 (2019)

En junio de 2014 la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana adoptó el Protocolo de Enmienda al Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos, conocido como Protocolo de Malabo, que, entre otras cuestiones, crea la Sección de Derecho Internacional Penal (en adelante, SDIP) dotada de jurisdicción para perseguir crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerra. En líneas generales, dicha iniciativa responde a las tensiones surgidas en los últimos años entre algunos estados africanos, la Unión Africana (UA) y la CPI, y a pesar de que hasta la fecha ningún estado ha ratificado el “Protocolo de Malabo”, su adopción ha avivado el debate respecto al ejercicio de la justicia internacional penal en África, sobre todo en relación con los conflictos de jurisdicción que podrían ocasionarse entre la SDIP y la CPI, si finalmente dicho instrumento entra en vigor. Nuestro interés está en examinar las posibilidades de participación de las víctimas y la sociedad civil ante la SDIP, en comparación con la práctica seguida por la CPI. Con el propósito de estudiar en qué medida está prevista en el Protocolo de Malabo, y en consecuencia, proponer alternativas que cubran las posibles lagunas, así como valorar si es recomendable que el sistema de participación de la CPI sirva de matriz al desarrollo de esta cuestión en la futura SDIP.

En el presente ensayo se procede a realizar un análisis de la Carta de las NacionesUnidas, específicamente en relación con el objetivo de mantener la paz y, cómo este mismo documento regula los conflictos que pueden poner en riesgo tal objetivo. El análisis propuesto intentará fusionar las ideas emanadas del texto político de Kant, el cual establece pautas de cómo debe ser un tratado dirigido al establecimiento de la paz perpetua. En la primera sección se analiza el Capítulo I: Propósitos y principios en concordancia con el Capítulo VI: Arreglo pacífico de controversias y con las medidas que se separan del concepto propio de la paz, las cuales se encuentran en el Capítulo VII: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. En la segunda sección se describe el texto kantiano Zum ewigen Frieden y, a la vez, se analizan los artículos del modelo de tratado que se establece. En la última sección se realiza un análisis correlacional entre la Carta de la Naciones Unidas y el modelo kantiano determinando la existencia de una antinomia normativa que implica la imposibilidad material en el cumplimiento del objetivo de mantener la paz.

A pesar de que los estudios sobre género y sexualidad vienen realizándose desde la década de los ochenta, solamente en décadas recientes se han publicado escritos relacionados con la lectura de la teoría LGBT sobre el Derecho Internacional. Mediante un análisis desde esta teoría es posible develar los silencios que posee el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional respecto a la posible investigación y eventual sanción de crímenes internacionales o graves violaciones a Derechos Humanos cometidas en contra de miembros de este sector de la sociedad. Así pues, en primer lugar, se analizan el preámbulo, el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad, entre otras disposiciones del Estatuto, con el fin de mostrar los vacíos que poseeeste marco regulatorio para proteger a la población LGBT. En segundo lugar, con el fin de explicar los vacíos normativos, se utilizarán criterios de análisis de la teoría LGBT a partir de los cuáles se puede develar cómo los actores que intervinieron en la creación y aplicación del Estatuto de Roma entienden qué es la sexualidad y quiénes son los LGBT, para así comprender el por qué de la configuración actual de las normas de Derecho Penal Internacional. Finalmente, se concluye sobre cómo con una lectura conjunta entre las perspectivas clásicas y críticas sobre el derecho internacional es posible tener un mejor entendimiento de la posición que tienen los LGBT en esta rama del derecho internacional público.

Entender el derecho como una práctica social específica de carácter discursivonos permite analizarlo desde una óptica diferente, desde la cual pueden observarselas sutiles e intencionadas estructuras de su formación. Los tonos circunstanciales,las frases de poca importancia, las metáforas que embellecen, en definitiva,todos esos recursos que cualquier lector pasaría por alto en su ansiosa búsquedapor entender la finalidad del texto. El discurso jurídico está contaminado de todasestas indeterminaciones que pululan por sus enunciados, frases emotivas, conceptos vagos y el uso de figuras lingüísticas extraordinarias; de este modo, el derecho expresa y se resignifica mucho más allá de lo que puede leerse superficialmente en sus enunciados.Intertextualidad e interpretación serán dos aspectos importantes para poder analizar la conformación del fenómeno jurídico, así como también un tercer elemento, el ficcional, en donde el derecho se eclipsa bajo formas diferentes de las que su discurso parece hacer alusión. Esta dualidad contradictoria, lejos de ser considerada una falla que atenta contra su existencia, será un elemento fundamental para su constante estructuración, funcionamiento y reproducción.

Tras la adopción del Acuerdo de Paz en Colombia, se dispuso la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dentro del cual se contempla el establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entre las figuras que regulan el procedimiento ante la JEP, la responsabilidad de mando ha suscitado diversos debates en torno a su adecuación con los estándares internacionales y los efectos del concepto restringido adoptado en el marco jurídico transicional. El presente ensayo aborda el análisis sobre la compatibilidad de la definición de responsabilidad del mando contenida en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en el Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz con los estándares del derecho internacional consuetudinario y del Estatuto de Roma. A partir de ello, se evalúa críticamente qué efectos tendría la aplicación de un criteriorestringido de la figura de responsabilidad de mando en el análisis de los casos sometidos ante la JEP, y como ello, podría dar lugar a la intervención de la Corte Penal Internacional e incluso, a la aplicación del principio de jurisdicción universal.

La política de silencio y olvido, que fue adoptada en El Salvador tras la Ley de Amnistía de 1993, ha fomentado el desconocimiento en la sociedad salvadoreña(particularmente en los jóvenes menores de veinticinco años) sobre las causas yconsecuencias del conflicto armado no internacional que tuvo lugar entre 1980y 1992, y sobre las graves violaciones de Derechos Humanos que ocurrieron en el mismo. Las parroquias de la Iglesia salvadoreña no son ajenas a esta  situación porque, como han puesto de manifiesto los diálogos intergeneracionales promovidos desde la Oficina de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador en julio de 2018, sus integrantes más jóvenes desconocen completamente el grado de persecución al que sus hermanos de comunidad fueron sometidos durante el conflicto armado por las fuerzas militares y policiales. La controversia que ha existido, al menos hasta 2013, entre diversos sectores de la Iglesia salvadoreña sobre la figura de Óscar Arnulfo Romero es fruto de esta situación, que afecta las dimensionesindividual y colectiva del derecho a la verdad, impide la satisfacción de lajusticia entendida como memoria, evita que los graves crímenes internacionalescometidos en El Salvador sean tenidos en cuenta a la hora de construir su memoria histórica, ofrece un caldo de cultivo favorable al revisionismo histórico e impide que se puedan adoptar las medidas necesarias para evitar su repetición. Frente a esta situación, los diálogos intergeneracionales celebrados en 2018 en algunas parroquias de la Arquidiócesis de San Salvador han mostrado su capacidad para exponer y superar el impacto negativo de la política del silencio y el olvido desde las propias comunidades parroquiales afectadas.