vol. 1 núm. 6 (2010): pensamiento y poder

La prueba, en su esencia y desarrollo, es fundamental para la concreción de los fallos de los jueces. Una adecuada administración de justicia, un Estado social de derecho, se estructuran precisamente en la debida interpretación y valoración de las pruebas que integran el proceso. El funcionario judicial debe acatar los principios del derecho probatorio en el ejercicio de su función, no se puede permitir que él realice una labor incipiente respecto de la valoración probatoria, debe el juez hacer uso de la razón, la lógica y la sana crítica al momento de proferir una sentencia.Se presenta la momento de aplicar justicia, irregularidades marcadas que redundan enuna mala apreciación de los medios de prueba. En el proceso laboral deben garantizarse lso derechos reales y efectivos de los trabajadores y al forma para obtener dicho resultado defintivamente se establece en la valoración de la prueba; que se realice un proceso de percepción, representación y raciocinio de la prueba de forma adecuada, para evitar de manera efectiva que con la sentencia se promocione una flexibilización del trabajo en forma negativa, es decir, aquella que afecta los derechos y garantías de los trabajadores.

El presente escrito pretende evocar a una de las figuras cimeras de la filosofía francesa de finales del siglo XX, esto es, Michel Fouacault, pasando por resaltar su pensamiento a través de su producción escrita reseñando algunas de sus más importantes investigaciones.

No es posible la convivencia pacífica solo mediante procesos que se limitan a la entrega de armas. La convivencia ciudadana se construye cada día sobre la base del reconocimiento de los otros como personas, iguales en dignidad, sujetos de derechos y deberes, de  respeto y tolerancia. Ser ciudadano implica una conciencia en la que, sin desconocer que somos sujetos de intereses particulares, somos ante todo parte de una sociedad, con responsabilidades colectivas y públicas.

En el estudio de la ética en la democracia liberal desde los análisis del "filósofo moral más importante del siglo pasado", John Rawls, catalogado así por sus seguidores neokantianos, se vislumbra la frágil línea que cruza los umbrales de la democracia como forma de gobierno y su aspecto puramente procedimental, al igual que se revisan las acciones humanas enmarcadas en su crítica a las corrientes éticas dominantes en la cultura angloamericana de su época, para mostrar en su pensamiento moral y político la idea de una sociedad bien ordenada "sociedad pacífica y no expansionista" legítima y respetuosa de los Derechos humanos. Rawls trata desde sus principales postulados de solucionar la tradicional pugna democrática entre la igualdad y la libertad desde el ámbito meramente político no metafísico.

El daño, como elemento de la responsabilidad, adquiere una importante relevancia en el marco de la violación de secretos empresariales como posibles orígenes de responsabilidad. Por ello es importante realizar un rastreo en la jurisprudencia de los Estados Unidos y de España para identificar el manejo que ambos países realizan sobre la cuestión. Siendo posible identificar, en el caso americano, tendencias opuestas entre justicias de los diferentes Estados debido a su forma, federal, que lleva a la aplicación de diferentes criterios para analizar la temática del secreto empresarial y la responsabilida que surge del mismo como revelación inevitable, o como en el caso español donde se da la aplicación a la cláusula general de competnecia desleal.

Desde varias décadas atrás, en los principales países industrializados existe una práctica gubernativa de contar con instancias institucionales de evaluación de los efectos de las leyes. Estos estudios -en sus versiones ex ante y ex post- tienen como objetivo principal estimar el impacto que la nueva legislación produce en el sitema económico y social, utilizando metodologías de diversas disciplinas científicas sociales. Las evaluaciones, justificadas por la notable inflación normativa y bajo un contexto ideológico neoliberal, han sido establecidas por los gobiernos como importantes herramientas en el diseño y gestión de las políticas públicas. El trabajo hace un repaso de las experiencias de evaluación en aquellos países centrales, con una breve descripción de las ventajas y desventajas que varios autores han sostenido en la doctrina.

Hoy, cuando hablamos de Estados cosntitucionales y democráticos de Derecho, como parámetros de garantismo y civilidad, se alza la Constitución como el gran referente de validez y justicia normativa y el control de constitucionalidad como el mecanismo para hacer efectivas estas garantías.Varios son los modelos de control de constitucionalidad y muchos los procesos para hacer efectiva la supremacía constitucional sobre el resto del ordenamiento jurídico, su estudio se hace importante y su conceptualización una necesidad.