vol. 12 núm. 17 (2019)

     Los avances en la política ambiental y en la gestión ambiental en las empresas del sector empresarial han permitido articular estrategias de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente como paradigma del desarrollo sostenible ante los embates del cambio climático. Avances inclusivos al desarrollo normativo desde el texto constitucional hasta las materias administrativa ambiental para su protección, donde se establecen derechos ambientales y la participación ciudadana a partir de su reconocimiento en los conclaves internacionales. Se ejecuta el análisis y caracterización de la auditoría ambiental entre los instrumentos de mercado dentro de la formula estimulación/recompensa, vinculados al control público ambiental ejecutado por la Entidad Fiscalizadora Superior, a partir de su génesis, definición, desarrollo y evolución desde el siglo XX al XXI dentro cuerpo del artículo en relación con los problemas ambientales.

El presente trabajo aborda de manera crítica el tratamiento técnico-jurídico que ha tenido, en la normativa tributaria cubana, uno de los más reconocidos privilegios administrativos en el campo del Derecho Tributario: el solve et repete o pago previo. A tales efectos, se analiza la evolución histórica de esta regla procesal en el ordenamiento jurídico fiscal de Cuba, desde la etapa colonial y hasta la actualidad, reflexionándose en torno a sus aciertos e insuficiencias. De forma paralela se exponen argumentos que fundamentan la necesidad de la eliminación de este requerimiento económico en nuestro ordenamiento procedimental tributario, como necesario punto de partida para la creación de un marco jurídico garantista de los derechos de los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria y, en particular, de los contribuyentes. De tal modo, al adentrarse el presente trabajo en el estudio y análisis del pago previo, se irrumpe necesariamente en temas tan sensibles como la protección jurídica del contribuyente frente a los actos de la Administración Tributaria y, consecuentemente, el necesario control de tales actos sin trabas o impedimentos, mucho menos de índole económica, que limitan su consecución plena y socavan los cimientos mismos de la justicia tributaria. Como se trata de una investigación de contenido teórico, aunque sin descuidar las necesarias cuestiones prácticas, se emplearon como métodos científicos el jurídico-doctrinal, el histórico-jurídico, el analítico-jurídico y el de comparación jurídica.

      El objetivo de este trabajo es examinar las posibilidades que brinda la retórica como recurso pedagógico para desarrollar habilidades lingüísticas necesarias para el eficiente desempeño de los jueces y abogados en los juicios orales, de manera que esta permita el cambio en la práctica. El argumento central es que la retórica es el lenguaje profesional del abogado y que apropiarse de un nuevo lenguaje, durante la formación, significa un cambio cultural.   Para demostrar lo anterior, desde Wittgenstein (1953), se analiza el papel del lenguaje en la formación profesional y se propone el concepto de “lenguaje profesional”. Posteriormente se vindica la retórica, señalando el papel que jugaron diversos pensadores en desacreditarla, como fue el caso de Platón (Lara, 2008).   Al final se hace un recuento histórico de la formación profesional del abogado para mostrar que la retórica formaba parte de esta y se hacen sugerencias pedagógicas sustentadas en la experiencia vivida formando en retórica jurisdiccional y judicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).

El presente artículo tiene como objeto desarrollar aspectos sobre el arbitraje comercial internacional en Uruguay y algunas cuestiones relativas a la jurisdicción, al derecho extranjero aplicable, reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales contempladas en la nueva ley de arbitraje; en comparación con los modelos de instituciones como UNCITRAL y otras tantas dedicadas a esta especialidad de la resolución alternativa de disputas. En ese sentido, es de interés analizar si Uruguay ha seguido los lineamientos de algunas de las instituciones más reconocidas en este campo o si se ha apartado de ellas. Además, se profundizará sobre las ventajas o desventajas que esta ley puede significar para Uruguay y su adaptación o conformidad con otras normas domésticas como el Código General de Proceso e internacionales en la materia.

Sobre todo cementerio, tanto públicos como privados, concurren potestades públicas, y potestades o derechos de los sujetos particulares que son usuarios del servicio de cementerio. Parte de sus contradicciones normativas, que generan lagunas en los ordenamientos, viene dado desde la evolución histórica de los camposantos.  Su nacimiento junto al hombre disponiendo sitios para inhumar los restos humanos, produjo un retardo en su evaluación como sujeto de derechos. Todo ello ha generado que una de las principales dificultades a las que se enfrentan los operadores jurídicos al tratar las cuestiones que afectan a cementerios, es la complejidad y dispersión del régimen jurídico de cementerios, de las fuentes. La vaguedad en su tratamiento, genera incertidumbre en el actuar de la administración y usuarios. Ello conlleva a que surjan arbitrariedades contra los derechos de los administrados, y generan responsabilidad de la Administración por la  ejecución de actos absoluta o relativamente nulos. A partir de los retos que la materia impone, se presenta una caracterización del régimen jurídico de los cementerios públicos. Para ello se aborda un estudio comparado de la regulación normativa de los derechos y bienes que lo integran. Como resultado, se ofrece un diagnóstico del régimen jurídico actual de los cementerios públicos, contentivo de su análisis teórico-doctrinal, que permita enmarcarlos dentro de los bienes del patrimonio público, a fin de garantizar su protección jurídica y publicidad registral en la actuación administrativa encaminada al logro de su resguardo legal.

    El artículo defiende que la posesión es una creación artificial, originada alrededor del Siglo II d.C, momento en que dejó de ser un mero ánimo (animus possidendi) que acompaña a una actuación física de control sobre una cosa (tentio o actuación de tener), para terminar por convertirse en la propia actuación en sí misma. Ese animus possidendi sólo acompañaría a la actuación de un no dueño, puesto que el verdadero dominus también “tiene”, sólo que con animus proficiendi o de obtención de provectus o provecho. Por último, enfatiza la posición intermedia que ocupa dicha tentio en la evolución del sistema jurídico, a medio camino entre el mero contacto físico con la cosa y la legitimidad sustantiva sobre la misma. 

   El presente artículo de investigación plantea el problema jurídico que representa el considerar exclusivamente al delito de tráfico de drogas como nacional en el caso del Código Penal Federal mexicano, y las repercusiones que ello implica para aquellas conductas criminales que trascienden las fronteras de los Estados que hacen nugatorio el poder punitivo estatal, y que lo obliga a encontrar diversas soluciones para detener estas conductas criminales más allá de sus fronteras nacionales. Consecuentemente, la hipótesis de esta investigación es la propuesta de considerar al delito de tráfico de drogas, además de nacional, como un delito internacional, tipificado dentro de los delitos de lesa humanidad y, con ello, posibilitar a la Corte Penal Internacional para que pueda tener competencia para perseguir y sancionar aquellas conductas criminales graves que atenten en contra de la seguridad internacional.

    Sicilia abre la estación de las revoluciones del año 1848 con los motínes de Palermo del día 12 de Enero. Lo que se pide es la autonomía, no se trata de separatismo, sino de una seria oposición al centralismo Napolitano. El Parlamento no fue elegido por sufragio amplio, sino limitado, por lo cual no se puede hablar de un «parlamento constituyente», expresión de la soberanía popular.  Sin embargo, el Parlamento del año 1848 deriva de un acontecimiento revolucionario, una fractura constitucional que determinó el inicio de un nuevo régimen político/constitucional, es decir una nueva forma de gobierno, y en este sentido puede considerarse expresión de un poder constituyente. El sistema se fundamentaba temporalmente en un único actor constitucional, el Parlamento como una representación predominantemente noble y Burgués. De la Constitución de Sicilia emerge una forma institucional ecléctica o mezclada entre el sistema constitucional estadounidense, aquello inglés - tal como era anteriormente a las dos grandes revoluciones - y la Constitución francesa del año 1848. El régimen siciliano implíca una separación de poderes que hace posible una influencia ex post por parte de un órgano sobre otro: uno de los dos es “claudicante”: aunque el Rey participe (indirectamente) en la función legislativa por medio de los ministros, él no es uno de los tres órganos legislativos, ni interviene personalmente en el proceso legislativo. La Constitución no permite al Rey intervenir con el acto de sanción, sino le confiere el instrumento de veto suspensivo «limitado». La Constitución siciliana del año 1848 entraña un concepto «cuasi dualista» (dualismo desbalanceado), dos órganos constitucionales puestos en una posición de “cuasi” igualdad: El Parlamento y el Rey.

Por medio de un análisis jurisprudencial, enfatizando en la sentencia   SU  555 de 2014, se determina el avance que ha tenido el reconocimiento de las pensiones convencionales, siendo ellas parte de la seguridad social y, de igual forma, qué incidencia ha tenido el acto legislativo 1 de 2005 en la extinción de estas pensiones y cuál es la protección de los Convenios de la OIT 87,98,151 y 154, junto con el Protocolo de San Salvador frente a la negociación colectiva. También se tuvieron en cuenta la importancia del principio de sostenibilidad financiera frente a la progresión de derechos de los trabajadores. Para ello se realizó un análisis de la evolución jurisprudencial, respecto a la regresión de derechos, expectativas legítimas, derechos adquiridos, principios generales del derecho laboral, bloque de constitucionalidad y compatibilidad de las pensiones convencionales, ahondando más en la problemática surgida a partir de la expedición de la mencionada reforma constitucional para lograr entender la falta de garantías que el Estado colombiano proporciona a sus trabajadores, excusándose en interpretaciones constitucionales que no dan cabida al desarrollo de un Estado social de derecho.

La corrupción ha demostrado ser en los últimos tiempos uno de los principales problemas a combatir por parte de los Estados, los efectos devastadores en la economía, la democracia, el desarrollo social, la degeneración de valores constitucionales, lleva necesariamente a una respuesta por parte de los Estados, la cual debe ser el Derecho penal como última ratio. En la presente investigación se buscó estudiar el fenómeno de la corrupción en el sector público y privado en Colombia, haciendo necesario uso de los métodos cualitativo y cuantitativo, para abordar el fenómeno desde las cifras y lograr establecer una descripción del mismo para el caso colombiano, llegando a concluir que la corrupción en Colombia es fundamentalmente pública, siendo sistémica y organizada. El fenómeno en el sector privado es esporádico. Pese a que las cifras indican un alto nivel de percepción de hechos de corrupción en este sector, el mismo no es constatable con condenas, ni con el bajo número de noticias criminales; sin embargo, pese a que el Estado colombiano ha dado una respuesta óptima desde el Derecho penal, sigue siendo incongruente en su política criminal, en razón a que ha adoptado fuertes medidas punitivas, pero olvida las preventivas, en donde se debe combatir la raíz del fenómeno.

      En este artículo se hace un recorrido de la lucha y las tensiones por el reconocimiento del Otro en el discurso de las constituciones nacionales colombianas, en una etapa histórica caracterizada por la captura conceptual directa del Estado, la cual derivó en que los dispositivos constitucionales y los demás materiales del ordenamiento jurídico funcionaran desde la lógica de la exclusión. Así, este proceso de construcción del Otro tuvo como elementos estructurantes cuatro categorías determinantes: La inferiorización, mediante la cual la mayoría de la población fue desplazada de los espacios de poder y decisión; la invisibilización, que permitió representar el colectivo exclusivamente desde la perspectiva eurocentrica;  la cosificación, con la que el Otro extraño y diferente fue subhumanizado  y la instrumentalización, que validó el lugar de las mujeres y los pobres en función de los intereses del capitalismo y de la sociedad patriarcal.   Sin embargo, a partir de 1991 con el proyecto de una sociedad abierta y pluralista se emprendió, al menos formalmente, la construcción de un nuevo Otro desde la solidaridad, la dignidad humana y la responsabilidad. Pero desde ese momento,  este ideal constitucional se ha enfrentado a desencuentros, tensiones y contradicciones ante los patrones ya instalados en el sistema social desde el régimen constitucional anterior. Ante esto, el desafío de la filosofía de la responsabilidad de Emmanuel Levinas, el pensamiento de los pueblos originarios y de otros autores puede marcar un horizonte ético que sirve para desestructurar las diversas manifestaciones de la lógica de exclusión y sus instrumentos operativos que se reproducen continuamente en los imaginarios colectivos.

      El siguiente artículo presenta de manera analítica y crítica el resultado de la investigación sobre: i) La construcción de una Política Pública Ecoambiental en Bogotá (2012-2018), para ello, se analizará el plan de desarrollo de la capital colombiana y la situación ambiental actual de acuerdo con las estrategias de intervención implementadas (manejo de agua, aprovechamiento y manejo integral de residuos orgánicos y sólidos, educación ambiental). ii) Las condiciones del derecho nacional comparado frente a la importancia de la cláusula de reversión en concesiones de servicios públicos de aseo, iii) Las declaratorias de emergencias sanitarias y la proyección de desmontar los vertederos de residuos sólidos a cielo abierto, cuyos retos debe enfrentar Colombia para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El presente ensayo aborda la temática de creación del derecho por parte de la Corte Internacional de Justicia en su función contenciosa, desde el análisis del caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua. En especial se desarrolla la determinación del estándar de control efectivo para la atribución de responsabilidad por actos de particulares, y la relevancia de las denominadas reglas secundarias en el derecho internacional. Mediante un estudio doctrinal y jurisprudencial, la autora evidencia la importante función de las reglas secundarias en el derecho internacional y, por tanto, las implicaciones que tiene para el derecho que las reglas secundarias sean creadas, en gran medida, jurisprudencialmente.

El presente documento trata sobre el concepto de responsabilidad, término legal que se define como la calidad de una persona para comprender las consecuencias que traerá el desempeño  voluntario de un acto ilegal, y como tal debe ser responsable, procesado legalmente y hallado legalmente responsable por el acto cometido. El testigo médico experto en este tipo de casos juega un papel vital en la decisión final que puede llevar el juicio en el momento del veredicto.