núm. 10 (2022): anidip 10

Interdecir y permitir es una antinomia verbal con enorme distancia conceptual que recoge los extremos semánticos por los que ha transitado la humanidad, desde la prohibición o interdicción de la capacidad legal de las personas en situación de discapacidad hasta la permisión plena del ejercicio y goce de sus derechos. En búsqueda de real igualdad jurídica, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad introdujo, para “todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo), un notable avance dentro de los derechos humanos, entre ellos el de la dignidad. Con el interés de que aquellos postulados se cumplan en grado sumo y no se conviertan en enunciados hueros o sin sentido, a través de este ensayo se harán visibles algunos déficits formales y prácticos con el objetivo de formular recomendaciones para el ejercicio de la plena capacidad jurídica.

La clarificación de las conductas que implican la comisión de un crimen internacional continúa plenamente abierta al debate. En particular, los matrimonios forzados están dando lugar a una acalorada discusión académica y práctica por si deben ser catalogados como crimen de lesa humanidad. Y si quedarían englobados en unos u otros enunciados que definen este delito (esclavitud sexual u otros actos inhumanos). Esta cuestión se debe analizar con base en dos criterios: Primero, lo que recoge la práctica normativa internacional, mediante la apropiada interpretación de las normas adoptadas y los presupuestos básicos que configuraron su elaboración. Segundo, lo que deriva de los criterios jurisprudenciales en materia de matrimonios forzados aplicados por una gran variedad de tribunales penales internacionales. El análisis exige apresar la perspectiva concerniente a los delitos de violencia y esclavitud sexual; y todo desde el enfoque del sector de la protección internacional de los derechos humanos. En síntesis, el propósito del trabajo es precisar si los matrimonios forzados están ganando autonomía conceptual y normativa en el orden internacional.  

En el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016) se fijaron beneficios para los actores del conflicto con el fin de esclarecer los hechos de violencia y cumplir con los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. La confesión de crímenes busca facilitar el establecimiento de una verdad histórica y judicial dentro del marco Transicional. Sin embargo, ni el Acuerdo de Paz, ni el resto del ordenamiento jurídico colombiano siguen los estándares internacionales relacionados con la figura de la Responsabilidad del Superior Jerárquico. Esta figura es relevante para esclarecer la organización y funcionamiento de las estructuras jerárquicas involucradas en la comisión de crímenes internacionales y la participación de los superiores en los hechos de violencia cometidos materialmente por sus subordinados.

El presente artículo pretende comprender el proceso de constitucionalización del Sistema Internacional a la luz de la discusión teórica suscitada por algunos autores en torno al tema. Para tal efecto, se tendrá en cuenta cómo diversos autores han planteado el desarrollo de este proceso a partir de la evaluación de conceptos como constitucionalismo globalizado o similares frente a otros autores que han estado insertos en la postura de negar la existencia de este proceso, todo en virtud del análisis de la forma en la cual los actores del Sistema Internacional han adoptado criterios comunes de regulación, mediación y sanción. Esta discusión contribuye al debate entre los planteamientos de los paradigmas clásicos de la teoría de las relaciones internacionales, sobre todo el realismo vs el liberalismo político. Se concluye que la constitucionalización del Sistema Internacional no es un nuevo paradigma teórico, sino un punto más de la discusión, no solo entre los paradigmas clásicos, sino de carácter interdisciplinar entre las Relaciones Internacionales, el Derecho Internacional y la Ciencia Política.

Las fuentes de derecho aplicable constituyen un aspecto nuclear del sistema judicial de la Corte Penal Internacional, pues delimita tanto sus herramientas de trabajo como el método de empleo de estas. Dichas fuentes, consagradas en el artículo 21 de su Estatuto, comprenden una jerarquía de fuentes internas y externas, la jurisprudencia de la Corte y, por último, los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El presente ensayo tiene por objeto en el estudio de algunos de los interrogantes que plantean los derechos humanos internacionalmente reconocidos como fuente del derecho aplicable por la Corte. En particular, nuestro análisis abarca desde conceptos tan básicos como “¿qué debe entenderse por derechos humanos ‘internacionalmente reconocidos’?”, y “¿cuáles son esos derechos?”; hasta las más complejas problemáticas, derivadas de la naturaleza de estos derechos como cúspide de la jerarquía normativa de la Corte, y la legitimación de esta para actuar, en última instancia, como “legisladora de facto” para proteger tales derechos en caso de conflicto con su Estatuto. Para ello, se tomarán como referencia los principales aportes doctrinales y jurisprudenciales que han intentado dar respuesta acerca del contenido, alcances e implicaciones de la función que los derechos humanos internacionalmente reconocidos desempeñan ante la Corte Penal Internacional.

Los sistemas de justicia penal latinoamericanos, atraviesan desde décadas atrás por una crisis de Graves Violaciones a los Derechos Humanos que se enmarca por un ya normalizado patrón de impunidad, evidenciando que la acción de la Justicia Local se encuentra rebasada por los índices delictivos y por la particular evolución de las políticas y  planes de las estructuras criminales que los generan. Este Artículo propone un esquema de tres ejes para aplicar las herramientas de la Justicia Penal Internacional, que a criterio de la autora, configuran una puerta de entrada hacia instituciones de procuración de justicia local, sólidas, estratégicas, aptas para hacer frente a los escenarios de violencia generalizada y capaces de obtener resultados que las vuelvan confiables para las víctimas y la sociedad.

La protección de los Derechos Humanos genera obligaciones para los Estados, según recogen las normas internacionales de derechos humanos, no obstante, con unos mecanismos de supervisión, que aunque revisados, no terminan de culminar en su propósito. Unas normas de protección de derechos humanos que también pueden ser de prohibición, no obstante, con  límites por falta de jurisdicción internacional en su persecución. En positivo, se ha desarrollado un sistema jurídico de Derecho Penal Internacional para la persecución centralizada de las violaciones de derechos humanos, aunque sólo las de especial gravedad y trascendencia para la comunidad internacional. Una persecución de violaciones graves o sistemáticas de derechos humanos, no obstante, bajo una responsabilidad individual. Y porque los Estados no consienten asumir su  responsabilidad. En negativo, persiste una inmunidad jurisdiccional de los Estados y sus bienes.    

Este ensayo constituye un diagnóstico alrededor de la decisión adoptada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cerrar el examen preliminar más extenso de su historia.  Así, plantea consideraciones sobre la política criminal de este organismo y las repercusiones y expectativas de tal determinación de acuerdo con el contexto colombiano. Para ello, parte por caracterizar el examen preliminar adelantado por 17 años; luego, valora la incidencia de su cierre; y finalmente, estudia las condiciones actuales de la situación de derechos humanos en Colombia y la capacidad institucional para hacerle frente de cara al papel de la Fiscalía de la Corte.  De esta manera identifica las siguientes reflexiones: (i) la necesidad de delimitar las etapas de los exámenes preliminares; (ii) que la decisión de cerrar el examen preliminar en Colombia tuvo (y tendrá) más efectos políticos que prácticos en virtud de la complementariedad positiva; y (iii) los crímenes cometidos luego de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) constituyen una preocupación latente a la luz de los fines que persigue el Estatuto de Roma.

El artículo analiza los precedentes de la Corte Penal Internacional (cpi) que se ocuparon de la exclusión de la prueba obtenida ilegalmente con base en el inciso “b” del artículo 69(7) del Estatuto de Roma. Esta disposición establece una regla altamente discrecional, según la cual la prueba obtenida mediante una violación de los derechos humanos internacionalmente reconocidos puede ser excluida del proceso si su admisión, en las circunstancias en que la prueba fue reunida, no es ética o viola la integridad de los procedimientos. Para facilitar el análisis de los precedentes, el artículo se divide en tres capítulos. En primer lugar, señala diferentes lógicas de exclusión de pruebas ilícitas, con el fin de extraer de estas lógicas factores de admisión/exclusión que puedan tener incidencia en la cpi. Luego hace algunos comentarios sobre el régimen de admisión y exclusión de prueba según la jurisprudencia de la Corte. Teniendo un marco histórico y legal para analizar las decisiones, el tercer capítulo articula las lógicas de exclusión con los precedentes de la cpi para tratar de identificar el razonamiento del artículo 69(7), y sugiere una interpretación evaluando si los precedentes son adecuados para ello.

El presente trabajo examina algunas de las limitaciones jurisdiccionales que impiden a la Corte Penal Internacional ejercer de modo efectivo su competencia sobre los nacionales de Estados terceros, aun cuando el crimen se haya cometido en el territorio de un Estado Parte en el Estatuto de Roma. En su primera parte, el artículo profundiza en la inmunidad de jurisdicción penal de los agentes militares como funcionarios del Estado de la nacionalidad. En segundo lugar, analizamos la conformidad de los acuerdos del artículo 98.2 del Estatuto, también denominados Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas Extranjeras, con las disposiciones de éste, al originarse en estos casos una especie de inmunidad procesal ad hoc que condiciona la operatividad de la Corte.