vol. 10 núm. 12 (2017)

Cross-border civil and commercial conflicts can be adjudicated by courts of sovereign states or in a private setting, namely by arbitration panels. Against the background of a globalizing world and an increase in popularity of arbitration as a means of dispute resolution ‘Europe’ (the European Union) faces the challenge to demarcate borderlines as litigation in court and arbitration tend to get in conflict more often. Conflicts may relate to the jurisdiction of courts versus the competence of arbitration panels (inter alia resulting in anti-suit court orders or even arbitral awards), as well as to the recognition of foreign court orders being capable of frustrating arbitral awards or vice versa. This contribution attempts to analyze how these clashes ought to be resolved under the reign of ‘new’ cross-border civil and procedural law in Europe (EU Regulation 1215/2012, or ‘Recast’) on Jurisdiction and Recognition of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters’ (in force January 15, 2015). Two preliminary rulings of the Court of Justice of the European Union (CJEU) though still interpreting EU Regulation 44/2001 (i.e. the legislative predecessor of the Recast), remain important to the law regime of the Recast. The final conclusion is that, even though the Recast respects the international law framework of notably the 1958 New York Convention on the recognition and enforcement of arbitral awards, a considerable amount of legal uncertainty remains, as Recital 12 of the Recast Preamble contains ‘open-ended’ parameters leaving discretionary room for national law of each individual EU Member State and calling for further interpretative rulings of the CJEU.

Este artículo presenta una visión panorámica y sintetizada de los principales debates públicos, análisis y explicaciones académicas sobre los homicidios en Venezuela. Se inicia con la polémica sobre las cifras de los homicidios en el país, que mediática y políticamente han desplazado las discusiones sustantivas sobre el tema, convirtiéndose la cifra en un fin en sí mismo, vaciando de contenidos el análisis y las discusiones sobre el fenómeno. Luego se describe el comportamiento de los homicidios durante las últimas décadas, para abordar posteriormente las diversas explicaciones que, desde los ámbitos académicos, se han dado sobre su incremento en el país. Finalmente, se plantea la necesidad de tener en cuenta el impacto que el propio Sistema Penal puede tener en el aumento o no de este fenómeno.

El artículo realiza un estudio del control administrativo realizado a los organismos de la Administración Pública por el órgano de control supremo constituido en Cuba, a partir del análisis histórico, teórico y legislativo tanto del desarrollo y la evolución del control a través de la auditoría pública, así como de la función inspectiva con acciones de control gubernamental y fiscalización. Para ello se realiza un estudio del desarrollo que ha tenido el ordenamiento jurídico del control público y de los mecanismos que han sido implementados en cada etapa analizada, dirigidos en esencia al control del patrimonio del sector estatal, al ser éste mayoría, y la necesidad de su reconocimiento en la Constitución de la República. A tales efectos, para desarrollar todo este análisis se utilizaron los métodos teóricos de investigación como el exegético-jurídico, el histórico-lógico, el de inducción-deducción y el de análisis-síntesis.

The article refers to the circumstances of female prisoners in Greece after 1980 and the next decades, taking into account the UN Bangkok Rules of 2010. The findings are mainly based on national and European statistics, watchdogs’ reports, as well as press releases and strategy plans of prison officers’ and prosecutors’ unions. According to our findings, women have slightly higher crime rates at younger ages than in the past, and generally the type of crimes they commit has changed. As for the prison organization and living conditions of female prisoners, the main problems are the unequal division of personnel in the two prisons examined, the chronic understaffing of specialized and healthcare personnel, the poor training and pessimistic attitudes of prison officers, and the inadequate operation of training and education programmes connected to their reintegration. However, the greatest challenges in today’s correctional facilities is security and the prevalence of narcotics in the prison. Therefore, advanced security systems, as well as discreet surveillance and body scanning are absolutely necessary to prevent the contraband. Prison authorities and the Ministry of Justice are aware of the gender specific issues and sensitive to these. What is missing is a radical reform of prison management and modernisation in the whole correctional system of the country without abandoning its leniency and boosting the confidence of the staff in order to help them support the prisoners. Moreover, there is still time for the organisation and promotion of an “early warning system” in order to stop an increase in females’ criminality and their rates in prison population.

El documento realiza un breviario sobre la identidad de un individuo en el país mexicano desde su aspecto cultural hasta el legal, referenciando incluso el tiempo presente. Así mismo esboza sobre el tema las circunstancias existentes a nivel global, y se analizan e interpretan los factores alrededor de la implementación de un único documento de identidad nacional en México, lo que permitiría establecer mecanismos al gobierno mexicano y a los ciudadanos con el fin de simplificar los procesos de control, lograr acceso a la información, cuantificación de la población y la accesibilidad a cualquier sistema benéfico para las partes. Por ello el estudio determina que la implementación propuesta resulta fundamental para poder abatir el fenómeno de la suplantación de identidad, evitar la duplicidad de documentos y facilitar el otorgamiento de beneficios a los sujetos de derechos en México.

L’objectif de cet article est, après effectuer une réflexion sur les phénomènes de globalisation et mondialisation du droit, voir la façon dont le droit comparé apparaît comme une méthode essentielle pour les juges dans ce nouveau contexte. La conséquence principale est le développement de l’écoulement des solutions juridiques entre ces juridictions constitutionnelles grâce à l’utilisation du droit comparé. La question du droit de vote des prisonniers est utilisée comme un exemple pour illustrer ce phénomène d’interaction croissée.

   

Este artículo analiza desde un enfoque teórico el desarrollo histórico, conceptual y filosófico de tres categorías de investigación: (i) Dignidad Humana, (ii) Estado Social de Derecho colombiano y, por último, (iii) el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos y Colombia; este último como resultado de la globalización y la aplicación de la doctrina neoliberal que afecta el sector rural en Colombia.

O presente artigo científico pretende abordar questão relevante no ordenamento jurídico pátrio, notadamente no âmbito das execuções penais; o marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução penal, após a unificação das penas. Ou seja, se o juízo da vara de execuções penais usara a data do trânsito em julgado da nova sentença condenatória (transitada em julgado) ou a data da última prisão, quando praticado o crime antes do início do cumprimento da pena. Toda a discussão sobre a data base para os cálculos na execução se funda na omissão das normas dos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execuções Penais. Dessa forma, pretende- se demonstrar nesse breve artigo a omissão da qual se trata as

El presente artículo buscó responder qué actores y discursos participan en la construcción de significado del secuestro de miembros de la Fuerza Pública (Ejército y Policía) en el contexto del conflicto armado colombiano. Para tal fin la investigación se apoyó en la recopilación de los registros históricos de esta modalidad delictiva que visibilizan el hecho en sí, pero en muchos casos mediatizan la opinión pública y la posición estatal hacia minimizar el rol y responsabilidad de los Grupos Armados Ilegales (GAI) cuando violan los Derechos Humanos (DDHH) y transgreden el Derecho Internacional Humanitario (DIH); lo anterior al extraer a los miembros de la Fuerza Pública del universo de victimas del secuestro. Por lo tanto, el significado de tales secuestros que subyace en dichos discursos tiende a ofrecer una visión sesgada de la realidad al resaltar solo la dramática situación de la sociedad civil, pero no de quienes están a cargo de la defensa de los valores democráticos del Estado Social de Derecho consagrado en la Carta Política de 1991, del ordenamiento jurídico en la materia y del bloque de constitucionalidad en DIH.

La Corte Constitucional en desarrollo de sus funciones, y por mandato constitucional, ha tenido que revisar mediante acciones de tutela en grado de consulta, las decisiones que han tomado el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, como órganos de cierre judicial. Esto sucede especialmente cuando una acción de tutela se presenta contra sentencias, estableciendo para estos casos la figura de “Vía de Hecho”. Bajo esta perspectiva, la Corte Constitucional como órgano de cierre respecto de la interpretación y guarda de las normas constitucionales, en especial los derechos fundamentales, ha venido elaborando y decantando una serie de precedentes jurisprudenciales, hasta el punto de crear causales generales y específicas de procedibilidad, en aquellos casos en que se ejerce la acción de tutela contra sentencias.

Dentro de su línea de investigación en Historia de las Instituciones-I, el autor realizó una reflexión acerca del vocabulario jurídico colombiano, compilando más de doscientos términos ratificados por la Academia Colombiana de la Lengua, que son de uso frecuente entre la comunidad jurídica nacional. En armonía con los patrones lingüísticos contemporáneos, la intencionalidad del artículo es la de colaborar en la elaboración de un corpus lingüístico de las expresiones jurídicas colombianas y de los Principios del Derecho, como aporte al desarrollo panhispánico de la lengua española. Si bien el contexto está enmarcado dentro de los usos del territorio colombiano, el estudio está proyectado a integrar, a nivel internacional, un diccionario jurídico que - coordinado por la Real Academia Española -, contenga los términos sobre la materia de los veintitrés países que cuentan con academias correspondientes de la lengua española.

En el proceso penal, al ocurrir un hecho con caracteres de delito, se valoran como fundamentales todos los aspectos que prueben lo que realmente aconteció, y para ello parte de identificar la evidencia y que ésta sea analizada y conservada hasta el momento de su valoración por el tribunal competente. Es ahí que la cadena de custodia de los elementos probatorios en Cuba se convierte en un tema trascendental para determinar el valor probatorio de éstos, con la garantía de un debido proceso penal.

El presente trabajo muestra una investigación crítica sobre la sociedad por acciones simplificada reconocida en México en 2016, con particular énfasis en sus antecedentes y principales características en Francia y Colombia y en relación con la excesiva rigidez en la Ley General de Sociedades Mercantiles mexicana (LGSM) frente a la tendencia desregulatoria que se muestra en las SAS en general, analizando principalmente la regulación y la flexibilización imperativa societaria; la desregulación y simplificación societaria en México; la Sociedad por acciones simplificada (SAS) así como sus antecedentes generales y en México; las condiciones de SAS en México, Francia y Colombia; y finalmente la rigidez e imperatividad, así como las ventajas de la SAS en México. El estudio determina los factores a tener en cuenta para que la implementación de esta figura en el país pueda tener mejores resultados y fomentar así su uso con un régimen fiscal especial y flexible que permita a los empresarios optar por este nuevo tipo social.

Similar to criminal legal systems in other countries, Iranian criminal law exempts people deemed to be insane from liability. The first penal Code, ratified in 1925, reformed in 1973, and abolished in 1982, had classified the mentally ill into two groups. Those who were completely insane were entirely exempt from criminal liability, but those who suffered from less severemental illnesses were only granted diminished liability. Section 149 of the Islamic Penal Code, which was ratified in 2013, holds that if the perpetrator is mentally disturbed at the time of committing the crime, such that they lack will or power of understanding, they are to be exempt from criminal liability. Therefore, it seems that the new code refers to item A of article 36 of the Iranian Penal Code, ratified in 1973. The problem is that certain people suffer from less severe mental illnesses that, while still debilitating, are neither medically nor psychologically categorized as insanity. That is, although these illnesses influence both their faculty of decision-making and their behavior, the law recognizes these people as being fully criminally liable. Thus, apparently the former law held more conformity with scientific rules. In practice, courts regard such cases as instances of mitigating circumstances. A second problem is with cases where the offenders were sane when committing the crime, but have since then lost their sanity, yet the law still pronounces them as fully liable to punishment. Nowadays, it is an accepted rule that the insane are not punishable, because, whoever is incapable of comprehending the accusation and punishment should not be punished. Regarding the burden of proof, in accordance to a general rule, he who asserts must prove. This rule is applied in civil law without exception, and dictates that the defendant, who asserts something, must prove their claim. Regarding criminal cases, however, this rule could not be applied like civil law and it is stipulated that the prosecutor must prove all of the elements comprising the crime in question. The burden of proof, even when the accused asserts something, is on the prosecutor. Regarding insanity, the question is whether ot not the burden of proof is to be on the accused claiming insanity, or rather that the prosecutor must disprove the claim made by the accused. Thisarticle attempts to find an answer to this question and different dimensions of insanity and criminal liability, and reviews the conditions in the Iranian criminal law.

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