vol. 12 núm. 16 (2019)

El sector minero se encuentra en un momento coyuntural del que depende la estabilidad de la industria. De allí que resulte imperioso el estudio del fenómeno de inseguridad jurídica, pues este es uno de los retos que debe afrontar el sector. La aplicación del principio de coordinación resulta útil para minimizar la tensión existente entre el principio de estado unitario  y el de autonomía territorial; más aún cuando en  Colombia  existe un sistema público de actividad transversal, es decir, de actividad conjunta entre diferentes órganos estatales. La actual jurisprudencia de la Corte Constitucional abre la posibilidad de excluir la actividad minera de un municipio pues es una competencia consti- tucional que surge de una interpretación armóni- ca de las disposiciones constitucionales. Pero esto no resuelve el problema, lo que se genera es un empoderamiento irracional que no observa otros postulados de gran valor como lo es la libertad de empresa y la garantía de los derechos adquiridos por un contrato. La solución no se encuentra en prohibir, sino en concertar, en realizar un acuerdo contractual entre los sectores privados y públicos que se ven involucrados, todo sobre la base del principio de coordinación.

Una de las críticas que se le ha  formulado  a  la  manera  como está estructurado el proceso civil colombiano ha sido la exagerada morosidad que caracteriza a la actuación, entre otras cosas, determinada por el uso exagerado que, de la escritura, en ellos se hace. En este sentido, se ha afirmado a su vez, que este tipo de demoras incide   de   manera   negativa   en   las   aspiraciones   de   los  sujetos procesales para obtener una decisión favorable a sus intereses, puesto que la tutela judicial efectiva debe responder a la perentoriedad que se espera en relación con la resolución del conflicto, por cuanto que la duración razonable del proceso debe ser consecuente con el derecho fundamental de acceso a la justicia. Pues bien, para lograr la tan anhelada celeridad procesal se han adoptado reformas procesales todas ellas orientadas a sincronizar el proceso civil a la nueva realidad, y en Colombia  se evidenció a través de la inserción de la oralidad como principio rector de la actuación a través de un modelo por audiencias con marcada tendencia a la oralidad.

En este artículo se hace un recuento general sobre la figura de    la responsabilidad de mando, a partir del Acuerdo Final de Paz y     en las normas que lo implementaron en el ordenamiento jurídico colombiano. El objeto del artículo es mostrar cómo la regulación de esta figura se fue desarrollando con unos vacíos preexistentes, y las preocupaciones que en torno a la misma se fueron dando por parte de  la  sociedad  civil,  académicos,  organizaciones  internacionales  y, finalmente, la Corte Penal Internacional. Se muestra cómo la regulación inicial del Acuerdo se fue consolidando en la normativa interna, desatendiendo las advertencias de vacíos regulatorios que fueron allegadas al respecto.

El presente ensayo muestra de manera sucinta como las bandas de crimen organizado (BACRIM) o ahora como se les llama Grupos Armados Organizados (GAO) dejando como ejemplo el “Clan USUAGA”, son actores participes del conflicto armado en Colombia y a diferencia de las guerrillas tradicionales (FARC y ELN), no se oponen al Estado, salvo cuando este último interfiere con sus actividades criminales, disputándose militarmente el poder local y  regional a las guerrillas, mientras ejercían simultáneamente las conductas delictivas propias de su razón de ser criminal y la posibilidad de ser sujetos del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La regulación de los delitos contra la vida humana independiente en España sufrió importantes modificaciones a través  de  las  Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015. La más destacable fue la contemplación de unas modalidades de asesinato hipercualificado cuya comisión conllevaba la aplicación imperativa de una de las penas más sonadas de la reforma: la prisión permanente revisable. Un mero repaso por la cronología de los asesinatos más relevantes de los años precedentes a la Reforma atestigua cómo el grupo parlamentario popular aprovechó la ocasional alarma social para convertir la reforma de estos preceptos y la consiguiente pena en una auténtica consigna electoral. Precisamente el apresuramiento y oportunismo que acompañó a estas leyes deparó una defectuosa regulación del homicidio y asesinato y sus correspondientes cualificaciones, contaminada por una moralización de los injustos que se entendía históricamente superada, inquietantemente alejada la inexcusable vinculación de la intervención penal a los bienes jurídicos identificables, plagada de vaguedades terminológicas, carente de compleción sistemática y proclive a numerosos problemas concursales. Además, las soluciones que se han esgrimido frente a este galimatías legislativo no siempre han sido pacíficamente compartidas por la doctrina y operadores jurídicos. Por todo ello, cabe concluir que sólo cabe una vuelta a una regulación sobria y sistemática de estos tipos penales, que prescinda de prejuicios sin base empírica y ajuste la técnica legislativa con el exigible respecto a los principios político-criminales y garantías penales que enraízan en la Constitución de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

La asociación como derecho natural, y llevada a la práctica como un derecho  político-electoral,  es el punto  en el cual los ciudadanos   y el Estado se vinculan entre sí, ya que permite a los individuos autorizados para ello participar e intevenir en los asuntos políticos del país y alcanzar los fines comunes por una unión de fuerzas. El derecho de asociación en materia político-electoral ha ido evolucionando como un derecho natural de contenido progresivo1, el objetivo de asociarse en materia política es la protección de los derechos y resistirse a la opresión, sin embargo aún cuando se reconoce que el derecho de asociación o de reunión no se puede coartar, se analiza que ciertas variantes determinadas en la figura de la coalición ofrecen ventajas y desventajas, pues sus límites y conciliación con otros derechos conlleva a oportunos señalamientos.

La situación política, económica y social de Colombia durante décadas motivó la migración de sus ciudadanos hacia el territorio venezolano, lo cual se acentuó con el conflicto armado. Venezuela, que se caracterizó desde los años 50 del siglo XX por ser un país receptor de inmigrantes, dejó de ser un destino atractivo a partir   de los años 80 por la crisis económica y política que  atravesó,  época a partir de la cual pueden detectarse las primeras oleadas     de migrantes venezolanos. Pero es a partir del año 2015 cuando se evidencia un incremento de este fenómeno como consecuencia  de la profundización de la crisis política, económica y social experimentada por la sociedad venezolana y la pauperización de las condiciones de vida de gran parte de la población; esta situación ha convertido a Colombia en la opción migratoria más cercana y accesible para los venezolanos en busca de oportunidades.

La idea de gobierno al seno de un país implica necesariamente    el ejercicio del poder y para ello es menester contar con ciertos elementos para lograrlo. Históricamente el uso de las fuerzas armadas ha sido el sostén de muchos gobernantes en todo el mundo y en el caso de México no es la excepción. La publicación de la Ley de Seguridad Interior fue realizada con la intención de empoderar al presidente  de la República y a partir de ahí mantener la gobernabilidad a partir del uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública bajo el disfraz de la seguridad nacional, circunstancia que implicaría flagrantes violaciones a los derechos humanos de la población. Podemos señalar que los resultados que arrojó la investigación fueron el haber encontrado un patrón de conducta en los gobernantes, consistente en el uso y  abuso  de  las fuerzas armadas para el  mantenimiento  de  la gobernabilidad democrática del país; la ley contenía en su articulado sendas  expresiones  que dotaban de poderes extraordinarios al titular del Poder Ejecutivo, a efecto de llevar a cabo labores de seguridad pública mediante el uso de las fuerzas armadas, y que con la ley criticada, se pretendía legitimar el uso de las fuerzas armadas para asuntos de naturaleza civil, circunstancia que fue considerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efecto de declarar a la ley en comento como inconstitucional.

Migrante es toda persona que realiza un desplazamiento geográfico a un país diferente, cuando se interna en dicho territorio el ordenamiento jurídico le reconoce la calidad de extranjero. El Derecho del Estado nación diferencia claramente entre nacionales   y extranjeros, esta es la dicotomía que ha definido la historia de la Nación-Estado. En “Las Leyes”, Platón contextualiza las relaciones entre compatriotas y extranjeros dentro de la obligación griega de la hospitalidad; entonces aunque esta condición humana no es nueva en la historia humana, las condiciones sociales y económicas de los Estados globalizados y sus sistemas de fuentes normativas deben saber cómo ejercer un adecuado enfoque de derechos humanos en sus políticas migratorias, particularmente cuando en estas políticas tienen lugar procedimientos migratorios que pueden afectar la esfera jurídica de una persona por su condición de nacionalidad, y en donde es importante proveerles de un conjunto de garantías mínimas, para de forma general garantizar la imparcialidad del proceso y de forma subjetiva evitar que la vulnerabilidad del migrante se agrave, es decir no poner todo el peso del proceso en una sola parte, sino que con el enfoque del derecho humano al derecho del debido proceso, se le garantice un trato digno e imparcial en el procedimiento migratorio.

Conflicto y violencia, dos palabras muy comunes, muy importantes para la conciencia individual y colectiva,  son conceptos empleados  en el lenguaje común para significar y normar malestares de grados diversos. En consecuencia, son a menudo confundidas cuando viene el momento de describir ciertos hechos y gestos. Este artículo propone una definición de estos conceptos, además de estudia la particularidad que ellos aportan al análisis de lo político en un contexto específico. A la luz del modelo centro-periferia, se analizan los factores importantes que influyen en las manifestaciones de los conceptos.

Los trabajos de revisión realizados mediante la  Ley  Nº2016/007,  fueron   adelantados   por  la  necesidad  de  adaptar  la   normatividad   a   los cambios sociales y asegurar el equilibrio  entre la eficiencia y la garantía de los derechos individuales. A la luz de la evolución del mundo, las necesidades y exigencias de la sociedad requieren un Derecho penal modernizado que  sea preciso, coherente y sencillo; sin embargo, los cambios hechos al texto son limitados. Podemos deplorar el hecho de que el artículo 80, referente a la minoría de edad, no haya sido incluido en la revisión del código. Es cómodo y hasta corriente afirmar que la delincuencia de los menores, muy a menudo, da lugar a un debate, en el mal sentido del término, donde los juicios no confrontados con la verdad. Si la delincuencia de menores no es un fenómeno nuevo, la situación actual es realmente preocupante, pues  esta  se  ha  masificado,  es más violenta e involucra menores más jóvenes. Los menores delincuentes tienen a menudo personalidades frágiles, poco construidas: “delincuencia por ausencia de ser”. Sus víctimas son, en la mayoría de los casos, los propios menores. La justicia da “respuestas” a la delincuencia de menores, pero estas no tienen sentido ya que intervienen tarde y también porque educación y sanción  están  disociadas.  Sin embargo, nuestro arsenal legislativo no es inexistente para sancionar a los menores o a quienes los utilizan, para ejercer una presión sobre los padres que no asumen su autoridad. Pero, al igual que en otras materias, las reglas no parecen elaboradas para ser utilizadas, pues cada uno escoge de la ley lo que le parece aceptable según sus propias concepciones. Existe un anacronismo entre las disposiciones del artículo 80 del Código Penal y la evolución actual de la delincuencia de menores. Estos cambios   de   mentalidad   y   comportamiento   de los menores son a menudo inspirados o amplificados por las tecnologías de la información y comunicación.

El desarrollo urbano en  México  ocasiona  problemas  de pobreza, dispersión, vivienda, movilidad y mayores  costos.  Parte  de esta problemática proviene del propio texto constitucional que propicia que el orden jurídico y los planes en la materia, otorguen competencias opuestas entre los gobiernos. Como hipótesis se establece que la Constitución y  demás  normas  propician  la  falta  de coordinación ocasionando los problemas citados. El análisis se apoya en la interpretación sistemática y hermenéutica de las normas jurídicas. Se comprueba la existencia de dicha problemática y se proponen reformas legislativas y administrativas.

Para entender cuál es el alcance y el significado de los derechos sexuales y reproductivos en las cárceles de Colombia, es necesario encontrar elementos para hilvanar la discusión sobre la categoría de intimidad que, desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional es imprescindible para la preservación de la dignidad de los privados de la libertad. Desde el análisis de esta categoría, pueden destacarse las primeras nociones de los derechos objeto de estudio. En este artículo se intenta develar que las tensiones para la garantía de tales  derechos  surgen por la no existencia de una teoría clara sobre los mismos, y una disposición de trabajar en la posibilidad de que las particularidades posibilitan la construcción de unas condiciones que posibilitan el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Colombia.

En abril de 2017, un tribunal federal, como órgano del sistema de control concentrado de constitucionalidad, ha emitido en Tabasco una sentencia sobre la determinación de la filiación de un menor derivada de un contrato de gestación por sustitución con un padre extranjero  en  un  modelo  familiar  monoparental.  En  ese  sentido, el discurso judicial materializa en forma expresa y tácita derechos fundamentales, que independientemente de la omisión de la indagación integral de la verdad biológica de quien aportó la carga gamética, implícitamente marcan pauta y herramienta al legislador  y al ejecutivo local para el diseño de la política pública, en relación    a la inmediatez del registro de nacimiento de un niño sin necesidad de agotar instancias judiciales previas sobre la preponderancia de la parentalidad biológica, y la implícita omisión de las presunciones del parto.

En este artículo  se da cuenta  de la  investigación  realizada  sobre  la producción de conocimiento ancestral a partir de los rituales de varios pueblos originarios de América (Abya Yala), en lo que se ha denominado por los autores “Epistemología del fuego”. En ella se enuncian las maneras propias de producción, búsqueda y transmisión de conocimiento que, desde lo ancestral, han sido usadas por los pueblos indígenas para la construcción de comunidad, privilegiando  la  forma en la que cada ser se piensa a sí mismo dentro de una cosmovisión y una inteligencia cósmica1 que permite bases para afrontar la idea de la separación interna y externa, a la que se ha visto abocado el ser humano desde la construcción occidental del mundo. Continuando con la idea tejida por otros autores de un pluriverso (un mundo donde quepan muchos mundos), estas epistemologías basadas en el reconocimiento de la diversidad aportan también a la construcción de una polifonía académica que pueda retomar estas ciencias nativas para integrar sus conocimientos y la forma de producirlos para ampliar las perspectivas en las Ciencias Sociales. Se desarrolló un trabajo de inmersión usando metodologías de aprendizaje y descripción propias de los  pueblos  con  los  que  se  realizó  el trabajo. Esto  permitió  realizar  un  ejercicio  de escucha atenta de la palabra hablada de los mayores (abuelos sabedores) y la participación en sus rituales, que aquí se entienden como unas pedagogías ancestrales.  

Desde agosto de 2018, la ley francesa prevé el castigo de las formas de acoso sexual y moral que quedaron impunes hasta ahora: el acoso cometido por varias personas, con o sin consulta. La repetición y la persistencia de los ataques se entienden desde el punto de vista de la víctima, lo que hace posible incriminar a una pluralidad de individuos, cada uno  cometiendo  un  solo acto. Los nuevos  textos  penales  representan  una adaptación del derecho a una realidad criminológica recientemente descubierta en las redes de comunicación electrónica, en particular en relación con el acoso a mujeres y el ciberacoso escolar. Un estudio legal enriquecido por un análisis interdisciplinario muestra que el acoso cometido por  varios  es  una  forma  particular  de crimen, respaldada por juegos de influencia entre los participantes. Estos implementan un acto mimético, ya sea  aceptando  actuar  juntos de acuerdo con un modelo de “todos contra uno”, o bien sucediendo uno tras otro, sin consulta, reproducir un comportamiento para crear una repetición contra la víctima.