vol. 1 (2008): acdi

Hay un claro deseo de los Estados de eliminar la doble tributación, el pago de un mismo impuesto en dos jurisdicciones diferentes, de las empresas multinacionales. Lo anterior en la medida que, por un lado, la imposición tributaria es un derecho universalmente aceptado del Estado, por el otro, los diferendos en materia tributaria no son fácilmente susceptibles de arbitraje. Este artículo analiza dos procedimientos de solución de controversias, el de la OECD, primer modelo de tratado sobre impuestos, y un convenio similar de la UE específico en solución de controversias relativas a la doble imposición. Analiza los diferentes mecanismos que el Estado puede asumir durante el procedimiento, marcando las diferencias con la protección diplomática en favor de la empresa afectada. El artículo examina las situaciones bajo las cuales se necesita y/o existe un proceso de solución de controversias; como se inician los procedimientos, cuales las obligaciones y las partes, los medios como se resuelven los conflictos, desde la negociación hasta acudir a un tribunal y las limitaciones de los procedimientos. En conclusión, el lector podrá analizar y comparar los dos procesos. Finalmente, el artículo nos muestra la cláusula de arbitraje que se pretende incluir en el artículo 25 del modelo de la Convención sobre impuestos así como si estos mecanismos son incompatibles con los tratados bilaterales en materia de impuestos y con los GATS.

El cuestionamiento sobre las alternativas de reparación en conflictos derivados de inversiones internacionales resulta de gran interés, toda vez que no siempre un laudo pecuniario resulta ser el remedio apropiado para resolver conflictos entre inversionistas y Estados. Esto es aun más evidente si tenemos en cuenta que los Estados parecen estar cada vez más interesados en optar por diferentes tipos de reparación. Además de ello, no resulta ser del todo preciso afirmar que exista una postura definitiva y reiterada por medio de la cual se pueda verificar que los tribunales arbitrales reconozcan alternativas de reparación. Este cuestionamiento tiene dos componentes: el primero es identificar si los tribunales tienen la posibilidad de emitir laudos “no pecuniarios”; y el segundo consiste en la posibilidad de ejecutar laudos de naturaleza “no pecuniaria”. En este artículo se abordan los dos componentes, siempre girando en torno a una preocupación central; el respeto a la soberanía, en el entendido de que es un atributo inherente a la soberanía de cada Estado aceptar o no la ejecución de una decisión de un tribunal arbitral que lo obligue a cesar o realizar un acto en su territorio.

Este artículo busca demostrar que, no obstante que el Gobierno piense otra cosa, en Colombia existe un conflicto armado nterno. De esa consideración no se pueden derivar consecuencias tales como que se trate de grupos armados “beligerantes” con subjetividad internacional. Esos grupos son, además, terroristas y, como no reúnen las condiciones que el derecho internacional exige, no pueden ser reconocidos como sujetos.

Los Estados formulan actos unilaterales cada vez con mayor frecuencia, por esto el presente artículo muestra el desarrollo de los Actos Unilaterales de los Estados en el seno de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas - CDI. Se analizan los actos unilaterales y autónomos que pueden surtir efectos jurídicos por sí mismos. En este sentido, el silencio, la aquiescencia y la aceptación pueden tener una influencia en estos actos. Durante diez años la CDI estudió este tema analizando su interpretación, las reglas específicas que le son aplicables, su modificación, su terminación y la revocación del acto unilateral.

en el presente artículo se describen y analizan las modalidades procesales a las que puede recurrir un Estado parte en un litigio contencioso ante la Corte Internacional de Justicia que está interesado en bloquear el conocimiento del caso por la Corte. Se explican las diferentes instituciones procesales relativas a la impugnación de la jurisdicción, la forma como el tema se relaciona con la figura de las medidas provisionales de protección y la manera como la Corte le da trámite a dicha impugnación. El análisis de estos aspectos se hace con fundamento en las disposiciones del Estatuto y del Reglamento de la Corte, así como en la abundante jurisprudencia de la Corte en materia procesal. 

Este artículo pretende realizar un análisis del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, comenzando por sus orígenes y las razones que motivaron su creación, para estudiar posteriormente el uso y en múltiples ocasiones el que cabría calificar como “abuso” en la utilización de este privilegio por parte de algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Dado que la mayor parte de los trabajos doctrinales que tratan de esta cuestión datan de hace varias décadas, resulta de sumo interés realizar un análisis del derecho de veto desde que la organización comenzó su andadura, hasta el momento actual.

Traducción del Fallo de la CIJ

Análisis de los tratados revisados por la Corte Constitucional

El presente trabajo trata de demostrar que el Derecho Internacional ha llegado a constituirse en fuente del Derecho Constitucional. Para este efecto, se analizan las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho interno haciendo un breve resumen de las teorías dualista y monista y la jurisprudencia internacional. Luego se indaga la recepción del Derecho Internacional consuetudinario y Derecho Internacional convencional en los ordenamientos internos, lo cual se estudia a la luz del Derecho comparado, concluyendo que se incorporan de distinta manera de acuerdo con la Constitución respectiva. A continuación se analiza la jerarquía del Derecho Internacional consuetudinario y convencional respecto a las normas nacionales, para lo cual se hace un bosquejo del Derecho Constitucional comparado. Luego se estudia la recepción, jerarquía y normatividad constitucional del Derecho Internacional en derecho colombiano. Por último, se deducen conclusiones del análisis jurídico realizado.  Las dos conclusiones principales son estas: la primera, que la recepción y jerarquía del Derecho Internacional (consuetudinario o convencional) respecto del Derecho doméstico o Nacional se resuelve de acuerdo con lo previsto en la Constitución de cada Estado. La segunda, que un Estado no puede alegar disposiciones de su Constitución para negarse a cumplir un tratado, pues si lo incumple incurre en responsabilidad internacional.