núm. 2 (2014)

Hassan Habib Merhi, en adelante el acusado, fue indiciado por su presunto rol en la explosión ocurrida en Beirut el 14 de febrero de 2005 en la cual murió el primer Ministro Libanés Rafik Hariri junto con otras 21 personas y tuvo como resultado más de 200 heridos.

Esta obra colectiva, prologada por Mario Villarroel Lander, es producto del proyecto de investigación “Difusión y aplicación del derecho internacional humanitario en Colombia”, de la convocatoria CAP de la Agencia Española de Cooperación Internacional (2012-2013), adscrito al Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III de Madrid. En efecto, parte importante de los 24 textos que conforman la obra se dedican al conflicto colombiano o tienen referencias a él.

Este artículo examina el reconocimiento de la condición de víctima por el Tribunal Penal Internacional desde una perspectiva comunicativa. Partiendo del presupuesto de que la víctima puede contribuir para que una decisión pueda ser racionalmente aceptada por todos los involucrados en los procesos internacionales penales, así como para la censura de la conducta practicada. Sin embargo, el impacto positivo de la participación de las víctimas requiere la manutención de la lógica interna de los procesos de razonamiento que se producen en los procesos internacionales penales y el respeto de los derechos de los acusados. El necesario reconocimiento de que, ante el Tribunal, las víctimas y los acusados son jurídicamente iguales requiere la afirmación del potencial restaurador de las decisiones sobre el estatus de víctima. Este artículo sostiene que es necesaria la distinción entre las decisiones sobre la condición de víctima y las decisiones sobre la participación concreta de las víctimas.

Uno de los temas más controvertidos que la Sala de Primera Instancia I de la Corte Penal Internacional tuvo que resolver en la sentencia de condena contra Thomas Lubanga Dyilo fue el tratamiento jurídico de los actos de violencia sexual cometi- dos durante el conflicto armado en Ituri. Este aspecto resultó problemático debido a que la Fiscalía decidió no presentar una acusación por crímenes sexuales. Por el contrario, centró su estrategia durante gran parte del proceso en los crímenes de guerra de reclutamiento, alistamiento o utilización de niños menores de quince años para participar activamente en las hostilidades. Ante esta situación, la mayo- ría de Sala de Primera Instancia I decidió no pronunciarse sobre el tema, mientras que la jueza Elizabeth Odio Benito consideró a los actos de violencia sexual como constitutivos del crimen de utilización activa de menores en las hostilidades. En el presente ensayo se analizarán críticamente ambas posiciones, con el propósito de exponer una tercera alternativa, consistente en que los actos de violencia sexual, a pesar de no haber sido expresamente imputados, se encuentran incluidos en las conductas de reclutamiento o alistamiento.

Junto a la indiscutible importancia del caso, la sentencia del Tribunal Supremo español en el proceso seguido contra el juez Baltasar Garzón, acusado de prevari- cación al haberse declarado competente para investigar las denuncias presentadas por crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, ha tenido una transcendencia determinante: desde entonces y hasta la fecha, la doctrina sentada por el Alto Tribunal ha sido seguida prácticamente de manera literal por los restantes tribunales españoles frente a cualquier denuncia relativa a los crímenes cometidos antes del último proceso de transición a la democracia en España. Este estado de cosas ha sido reiteradamente censurado por diversos mecanismos de las Naciones Unidas, en lo más reciente y de manera expresa por los tres órganos que han visitado o examinado a España: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el Comité contra la Desaparición Forzada, y el Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición de las Naciones Unidas. Incorporando entonces sus valoracio- nes al respecto, en esta contribución se expondrán y analizarán las trascendentes posiciones de fondo defendidas por el Tribunal Supremo en cuanto a la aplicación del Derecho internacional a los crímenes del pasado en España; y especialmente, respecto a su configuración como crímenes contra la humanidad, la valoración jurídica acerca de la desaparición forzada, y la vigencia y aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.

El artículo aborda los retos político-criminales y jurídicos que plantean las demandas de rendir cuentas con el pasado mediante el estudio de las singularidades que ha planteado la transición española del régimen franquista a la democracia. En especial se analiza la Ley de Memoria Histórica de 2007 y los puntos más proble- máticos de las demandas tardías de justicia penal que han surgido respecto a los delitos cometidos en el seno del referido régimen. Pese a la existencia de crímenes internacionales, el tiempo transcurrido ha acarreado dificultades fácticas y jurídicas, difícilmente superables, para una efectiva persecución. Se examina aquí esta problemática, centrada en la prohibición de retroactividad, la prescripción y los efectos de la Ley de Amnistía de 1977.

La codificación internacional del derecho humano a la paz ha llegado a las Naciones Unidas por impulso de las organizaciones de la sociedad civil. Se ha presentado a los Estados un proyecto de declaración de carácter holístico y profundamente enraizado en el derecho internacional de los derechos humanos, en el que la paz se perfila como ausencia de todo tipo de violencias (Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz del 10 de diciembre de 2010). Un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deberá formular un nuevo texto de consenso que supere las profundas diferencias que también en esta materia separan a los Estados desarrollados de los Estados en desarrollo, siendo estos últimos los más próximos a las tesis defendidas por la sociedad civil.