vol. 10 núm. 13 (2017)

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar el tema de la Cultura de la Paz, como un factor indispensable y base del éxito del nuevo paradigma constitucional de justicia en México, que se dio con motivo de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 11 de junio del 2011, las cuales impactan al ordenamiento jurídico mexicano, tanto teórica como normativamente. Así, el tema de los derechos humanos, se convierte no solo en modelo jurídico, sino en una forma de vida. En la primera parte del trabajo se expone un marco teórico del tema, para posteriormente establecer la internacionalización de la cultura de la paz y su relación directa con la educación, concluyendo con las aproximaciones existentes entre el tema de la paz y los derechos humanos. Se desarrolla también la educación en materia de derechos humanos y su proceso educativo, estableciendo al final del trabajo las conclusiones personales de los temas tratados.

La responsabilidad de proteger (RDP) se ha transformado en la premisa normativa-política actual para la intervención por parte del Consejo de Seguridad en el territorio de aquellos Estados considerados “rogues states”[3]. Además, es bajo ese concepto que se permite la acción a los Estados[4] -que aceptan el encargo de aquel- para restaurar la paz y seguridad internacional. No obstante, es importante delimitar el concepto y su alcance. En primer lugar, hay que aclarar si la responsabilidad de proteger se enmarca o se emparenta de alguna manera con la mentada intervención humanitaria. Para ello será necesario hacer un breve análisis histórico y evolutivo del fenómeno que ha adoptado diferentes eufemismos jurídicos, pero que hacen a la misma conducta. En segundo lugar determinar cuál es el marco jurídico de la acción que habilita al Consejo de Seguridad o a cualquier otra Organización de Seguridad Colectiva o incluso a un Estado. En tercer lugar, determinar por qué se ha utilizado la responsabilidad de proteger en algunos casos y no en otros. Finalmente, habrá que evaluar las consecuencias de invocar tal responsabilidad como justificación de intervenciones en forma arbitraria, para delimitar su alcance.

La Constitución española es de vinculación obligatoria para todos, en cuanto norma superior del ordenamiento jurídico. Bajo esta premisa, ¿está desamparado el derecho al secreto profesional, constitucionalmente reconocido, sin un desarrollo legal? Recogido en el artículo 20 de la Constitución, junto a la libertad de información, es uno de los derechos fundamentales en un Estado democrático liberal. La propia Norma Fundamental reconoce tal vinculación a todos los poderes públicos y garantiza el derecho, asimismo, mediante un procedimiento especial, basado en los principios de sumariedad y preferencia, ante los Tribunales ordinarios y, en su caso, mediante un procedimiento de amparo ante el Tribunal Constitucional, de tal forma que la vigilancia, caso a caso, del correcto ejercicio del derecho al secreto profesional por el sistema judicial ha de ser preferente y, para ello, no es necesaria la legalización del derecho.

En este ensayo, el autor analiza detenidamente la legitimación de la función judicial, desde la mirada de un jurista penal. Para ello, estudia detalladamente, y se critica, el discurso que procura encontrar tal legitimación en el llamado “principio democrático”. Finalmente, el jurista propone otra justificación del rol de los jueces, vinculada con la sujeción incondicionada a la ley.

Visión sobre el origen del derecho en la comunidad humana y su evolución en la historia. Sobre la mutua influencia del derecho en el devenir cultural humano y la evolución cultural influyendo en el desarrollo jurídico. Del cómo el derecho es un elemento más del fenómeno cultural humano y de que en todas las manifestaciones culturales se influye al derecho y éste es parte e influye a la cultura. La humanidad evoluciona y evoluciona el derecho; la historia del derecho es parte de la historia universal. Igualmente, el derecho puede crear costumbres y las costumbres convertirse en derecho, volviéndose aquéllas en una fuente formal de lo jurídico. Por otra parte, la religión constituye una parte esencial de la evolución cultural de la humanidad, complementando o contraponiéndose con el derecho; muchos de los grandes valores religiosos se han vuelto valores jurídicos y el derecho canónico es una manifestación de la influencia mutua de religión y derecho; lo mismo sucede con el Corán como instrumento de convivencia y justicia en los países islámicos. La política, por su parte, constituye una manifestación de la cultura íntimamente ligada al derecho, puesto que el origen y destino de la actividad política es la indudablemente la ley. Los fenómenos culturales siempre en evolución son, sin duda, justicia y libertad, ambos sustentados por códigos jurídicos que los implementan y los regulan.

Le principe du double degré de juridiction voudrait qu’une décision de justice soit portée devant une instance autre qui lui est supérieure, en vue d’affirmer ou d’infirmer la première décision. Cela implique en même temps de discuter les points de droit et les faits. Une juridiction qui ne  statue que sur le droit échappe à l’application dudit principe. La procédure pénale camerounaise reconnait ce principe, qui peut être cerné différemment, en fonction des juridictions compétentes, et de l’époque où vit la nation. Il se dégage de cela que le principe est respecté et surprotégé devant les juridictions de droit commun, et devant le tribunal militaire en période normale. L’on assiste à une application extensive de ce principe devant certaines  juridictions, en vertu du pouvoir d’évocation de la Cour Suprême en matière pénale. Mais il existe des juridictions où le principe est totalement ignoré.

El artículo analiza los operativos policiales en Venezuela como política de seguridad ciudadana, tomando a los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) como objeto de estudio. Se describen los contextos que le sirven de caldo de cultivo, se devela su racionalidad ideológica y discursiva, se evalúa su efectividad en la disminución de la violencia delictiva, sus implicaciones en materia de derechos humanos, así como sus funcionalidades para el ejercicio arbitrario del poder.

Nel corso della storia, nella maggior parte del mondo, i popoli indigeni sono stati soggiogati e marginalizzati dagli stati europei e coloniali, spesso attraverso misure legali che hanno portato alla loro esclusione e privazione dei diritti. Uno dei mezzi utilizzati in questi processi è stata l’imposizione della lingua dei conquistatori e pertanto l’eliminazione delle lingue indigene dalle sfere pubbliche. Questo articolo si pone l’obiettivo, da un lato, di illustrare l’uso della lingua come mezzo di marginalizzazione dei popoli indigeni e, dall’altro, di esaminare il mutato apprezzamento dell’impatto di un numero di disposizioni in materia di diritti umani sull’uso della lingua. Questo articolo fornisce inoltre una spiegazione del motivo per cui la lingua stessa e ulteriori standard sui diritti umani, in modo particolare il divieto di discriminazione in base alla lingua e in altre aree di preferenza nazionale, potrebbero costituire un potenziale significativo per la protezione di un numero di aree di interesse di particolare significato per i popoli indigeni. Si conclude pertanto che questo non solo rappresenti un potenziale in termini di cultura, identità o istruzione, ma che possa anche conferire pieni poteri ai popoli indigeni perfino in termini di opportunità di lavoro e di rappresentanza in istituzioni nazionali.

La colaboración reseña el contenido del libro “Derecho Administrativo Constitucional” de José Araujo-Juárez, destacando diferentes aspectos del estudio en el que se ratifica la estrecharelación que existe entre ambas ramas del derecho.

A partir de un estudio longitudinal de las primeras etapas de desistimiento, correspondiente a jóvenes reincidentes en la edad adulta, el texto ofrece ciertos resultados, contextualizados con la curva de edad del delito, que indica que la criminalidad de los delincuentes disminuye drásticamente en el rango comprendido entre los 20 y 30 años. Para esto trae a colación algunas construcciones teóricas, como las de: (i) Gottfredson y Hirschi. Las experiencias reales de los delincuentes en la edad adulta, no son de gran importancia, obedeciendo la disminución de la criminalidad al envejecimiento inexorable del individuo; (ii) Moffitt. Se confronta esta teoría con la doble taxonomía propuesta por esta autora , relacionada con el desistimiento de la mayoría de los delincuentes al afrontar los compromisos de la edad adulta, pudiendo retrasarse el proceso de recuperación de la adolescencia limitada, ante la caída en determinadas trampas . En este sentido, la campana de la curva estaría comprendida por los delincuentes con adolescencia limitada, mientras que la parte inferior corresponde al grupo persistente que comenzó temprano con la actividad delictiva y terminó tarde. Estos últimos, adicionalmente, tienen déficits más profundos neurológicos y de personalidad; (iii) Sampson y Laub. Contario a las dos anteriores teorías, consideran que las fluctuaciones en la vida del sujeto, en la edad adulta, pueden ser cruciales para explicar los patrones subsiguientes de comportamiento y su eventual desistimiento

En esta nueva obra, el administrativista J. ARAUJO-JUÁREZ aborda la difícil cuestión de la teoría de la nulidad del acto administrativa que se sitúa básicamente entre dos exigencias contrapuestas: por un lado, el principio de legalidad que postula la posibilidad de anular el acto administrativo cuando se constata su contrariedad al Derecho; y por el otro, el principio de seguridad jurídica q

En este artículo se pretenden analizar  las problemáticas ambientales generadas por la contaminación minera en los páramos de Colombia, determinando el contenido sustancial de las múltiples normas emitidas para la protección de estas zonas y estableciendo a su vez, las razones por las cuales   la contaminación paramuna sigue siendo un problema de índole social y ambiental.

A través de este artículo, se describe y evalúa la efectividad de la figura de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), como instrumentos de desarrollo y ordenamiento social, ambiental y territorial, desde el nivel institucional, normativo e histórico, así como su relación con los procesos agrarios campesinos, con el objetivo de evaluar si su proceso de constitución es efectivo, en cumplimiento de garantías constitucionales y legales establecidas, como respuesta dentro un nuevo paradigma de posconflicto con un enfoque de derechos hacia lo rural.   De manera coyuntural, se relacionan las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) investigado en el marco del proceso de paz, en la búsqueda de soluciones sociales a nivel rural en el conflicto armado colombiano, como mecanismo facilitador para la construcción de la paz.   Para poder realizar la evaluación, se tomó como ejemplo el proceso social y jurídico de la formación y constitución de una nueva ZRC en la región del Sumapaz, desde una perspectiva descriptiva y etnográfica. Se analiza el proceso para la comunidad, así como el impacto social, económico y ambiental para la región de un instrumento para mejorar la calidad de vida de los campesinos.

The police interview or interrogation, one of the major tools of criminal investigation is no longer confined to pre-trial investigations, but transcends to forensic labs and the Court rooms of learned Judges. The investigators, forensic experts and prosecutors need to act in synergy to improve the performance of the Criminal justice system. In this backdrop, the article examines the subject of interrogation on a broad canvass of constitutional and legal parameters, police professionalism and evidentiary value and human- civil rights issues. It underlines the need of the lead actors of the criminal justice system properly understanding certain myths and challenges connected with interrogation so that they can better appreciate the evidence or inputs generated through interrogation, at professional plane. It also discusses as how the science and technology have become a major aid in overcoming many bottlenecks in the traditionalmethods of interrogation or police interview.

El derecho internacional del medio ambiente se caracteriza por la abundancia de normas técnicas, cuyo objeto principal o accesorio es el medio ambiente o el desarrollo sostenible, y a las que se adhieren diversas instituciones y organizaciones internacionales. La adopción de un verdadero tratado reagrupando el conjunto de principios fundadores de esta materia daría al derecho internacional del medio ambiente la fuerza jurídica que necesita. Un texto universal con valor obligatorio permitiría una mejor protección de los derechos humanos asociados al derecho a un medio ambiente sano. En 2016, tras cincuenta años de la adopción de los dos pactos internacionales de 1966 (Pacto relativo a los derechos civiles y políticos y el Pacto relativo a los derechos económicos, sociales y culturales), parece haber llegado el momento de completar este edificio con una tercera generación de derechos humanos, con la adopción de un Pacto internacional porla protección del medio ambiente.

Luego de superar los obstáculos en su implementación en Colombia el Código General del Proceso, CGP, expedido mediante la Ley 1564 de 2012, entró a regir íntegramente desde el 1° de enero del año 2016 de conformidad con el Acuerdo No. PSAA15-10392 del 1 de octubre del 2015, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para toda la justicia ordinaria. Como toda nueva legislación genera expectativas y temores que se van decantando con el transcurrir del tiempo desempeñando un papel importante las decisiones judiciales que los litigantes aceptan o las controvierten en las diferentes instancias, generando jurisprudencia que es examinada por los estudiosos y apasionados del derecho. En el presente escrito se analiza el Juramento Estimatorio de las pretensiones económicas junto al principio de congruencia en la indemnización de perjuicios, planteando la posición consistente en que “el monto estimado por los actores no marca el límite de la pretensión sino la medida del daño”, sustentada con doctrina apoyada con la reciente jurisprudencia.

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera establece en el punto dos, relativo a la participación política, un pacto de “apertura democrática” que busca la profundización de la democracia y la participación de sectores que han sido excluidos históricamente de la representación política. Las propuestas de este Acuerdo se ubican en mecanismos para fortalecer la participación ciudadana, ofrecer garantías a la oposición y reformar la organización electoral para que goce de autonomía e independencia. Dentro de esos mecanismos de “apertura democrática” se encuentra la propuesta de las Circunscripciones especiales transitorias de paz para la Cámara de Representantes, la cual se cierne bajo el convencimiento de que la política en Colombia ha sido un elemento de la violencia y de que el conflicto armado tiene profundas causas políticas relacionadas con una democracia restringida, ilegitimidad en el sistema de partidos además de problemas de representación política. Palabras claves: violencia política, Acuerdo de paz, participación política, reformas políticas, representación política, circunscripciones electorales de paz.

 el presente artículo de reflexión, analiza, desde diversas perspectivas políticas y jurídicas, los antecedentes, situación y consecuencias de los resultados del referéndum por la paz, realizado en Colombia el 2 de octubre de 2016, cuyo propósito fue ratificar los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas de las Farc-EP. Este acto de plebiscito estuvo acompañado desde sus inicios, de antagonismo político con tintes ideológicos, un clima mediático volátil que dividió la opinión pública y un resultado sorpresivo donde se impuso el «No» en las urnas, pero en donde la movilización social y democrática por la paz condujo a una nueva coyuntura política que actualmente divide las opiniones del país, poniendo en vilo los avances del posconflicto y la credibilidad del proceso de paz. El enfoque metodológico es hermenéutico interpretativo, con base en fuentes bibliográficas y documentos jurídicos y académicos que abordan diversos aspectos de la situación estudiada. Destaca como conclusión: el papel protagónico en el plebiscito de los partidos de oposición, la ideología acusadora de los acuerdos de paz al considerarlos influenciados por el castrochavismo y la traición al uribismo, todos como sustrato de la fallida estrategia pedagógica del gobierno Santos para atraer el respaldo popular a los acuerdos con las Farc-EP, a los que sus opositores consideran fuentes de una nueva desesperanza e incertidumbre para el futuro del país.

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos concebidos como una estrategia para propiciar el derecho efectivo de acceso a la justicia forman parte de las denominadas olas de justicia que, como expresión de las diversas medidas que buscan la tutela judicial efectiva en el Estado social de derecho, han sido incorporadas de manera paulatina en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. No obstante, no se ha dimensionado el importante papel que cumplen dentro de la justicia informal, aun cuando en el marco del postconflicto adquieren gran importancia, por virtud de los efectos de los procesos de negociación adelantados en Colombia, como otra forma civilizada de resolver los conflictos.

El texto plantea una reflexión tendiente a distinguir las nociones de regulación y reglamentación como formas de intervención del Estado en la economía. En algunos casos ellas son concebidas, erróneamente, como idénticas cuando en realidad se trata de dos instituciones diametralmente opuestas. Por ello, el documento trata de explicar las causas de la confusión, e identifica las razones por las cuales es incorrecto pretender que se trata de conceptos idénticos. La primera causa de la confusión es el factor lingüístico, propio de la influencia creciente de las instituciones jurídicas del derecho anglosajón sobres los sistemas jurídicos de derecho continental. La segunda causa, está asociada al carácter inter-sistémico de la noción de regulación, que al ser polisémico justifica la pertinencia de distinguir el uso del término en el sistema jurídico. Distinción particularmente pertinente frente al uso de la noción en el sistema económico, por cuanto la noción de regulación impone el respeto efectivo de principios tradicionalmente ausentes en la reglamentación. La confusión entre las nociones de regulación y reglamentación tiene efectos negativos importantes que van más allá de las simples cuestiones semánticas. En efecto, la confusión en torno a estas dos nociones ha tenido en Colombia un impacto que ha afectado de manera negativa el diseño y la implementación de políticas públicas referentes a la intervención del Estado en la economía. Como consecuencia se ha presentado se ha presentado una mayor concentración del poder político y del poder económico.