vol. 29 núm. 46 (2024): julio-diciembre

Objetivo: revisar el impacto jurídico del derecho al entorno saludable armonizado con los demás derechos básicos, mediante el análisis de la evolución constitucional bajo la premisa de que la Constitución Política de Colombia de 1991 aporta cambios significativos y que la jurisprudencia reafirma su importancia, para el desarrollo social. Método: esta investigación se desarrolla a través de un enfoque sistemático y socio jurídico realizado a través del examen teórico – deductivo de jurisprudencia, doctrina y referentes internacionales. Resultados: se evidencia la relación entre este derecho y otros, al igual que su doble titularidad de derecho- deber por lo que su garantía reposa en cabeza de todos los ciudadanos del mundo, no solo de los Estados. Conclusiones:  el derecho al medio ambiente sano tiene un impacto significativo en el desarrollo del ser humano y por tanto una afectación directa a otros derechos fundamentales y la importancia de la acción del individuo en su fomento y protección. Por otra parte, se puede interpretar que la legislación colombiana trabaja en función del control y no de la prevención, aspecto que se agudiza en el desarrollo de hostilidades.

La contratación pública es uno de los instrumentos que, por excelencia, permiten materializar de forma real los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política, y actualmente, también cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Las Compras Públicas Sostenibles con el medio ambiente o aquellas que incluyen criterios ambientales encuentran relación directa con el objetivo número 12 relacionado con la producción y consumo sostenibles. Si bien, las estadísticas más recientes (2022) sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 en Colombia no incluyen cifras directamente relacionadas con la contribución de las Compras Públicas Sostenibles  con el medio ambiente, como instrumento para lograr avances en este objetivo, es evidente que el marco regulatorio colombiano sobre esta materia es coherente, en gran medida, con el contenido de este objetivo y algunas de sus metas conexas, y por tanto, puede ser un instrumento ideal para alcanzarlo satisfactoriamente en el 2030.

Esta investigación se plantea como objetivo examinar la aplicación del Derecho laboral y de Seguridad social en los fallos y determinaciones tomadas por La CIDH para fundamentar el uso directo del Artículo 26 de La Convención Americana en pleitos referentes a violaciones a Derechos Humanos en la atribución de responsabilidad de los Estados a nivel internacional, especialmente en casos de conductas atribuibles a actores no estatales. Se adoptó un enfoque investigativo jurídico-dogmático, empleando técnicas documentales y un método de revisión sistemática que abarcó la literatura y jurisprudencia relevantes emitidas por la CIDH entre 2016 y 2021. Se identificaron y analizaron los fallos proferidos en los casos de la Hacienda Brasil Verde y San Antonio de Jesús en Brasil, Alfredo Lagos del Campo en Perú, así como el de los Buzos Misquitos en Honduras, todos sometidos a un análisis cualitativo dentro del contexto jurídico internacional. Los resultados obtenidos señalan que la protección de derechos como los laborales recae fundamentalmente en las jurisdicciones nacionales debido a las características subsidiarias del sistema interamericano. Por otro lado, el contenido de las decisiones ha dado al artículo 26 de la Convención un carácter dinámico, que se adapta automáticamente a desarrollo progresivo del corpus iuris internacional, lo cual fortalece las estrategias de defensa de derechos de tipo laboral. El uso directo del Artículo 26 de La Convención mejora la protección de estos derechos al atribuir la responsabilidad estatal en casos de violaciones cometidas por actores particulares.

En Perú, altos índices de violación sexual y abortos clandestinos (cerca de 352,000 anuales) ponen en riesgo la vida y salud de mujeres debido a las restricciones legales. En este marco, se planteó como objetivo analizar cómo las barreras legales al aborto sentimental con las categorías: vulneración del derecho a la salud reproductiva y vulneración del derecho a la no discriminación e igualdad,  afectan el derecho a la salud de las mujeres que se practican abortos clandestinos con las categorías: afectación a la salud psicológica, emocional y conductual, así como restricción de derechos, riesgo de muerte y salud, el método de investigación se aborda desde un enfoque cualitativo fenomenológico, utilizando un diseño descriptivo interpretativo y dogmático-jurídico. El instrumento aplicado fue una entrevista individual estructurada, administrada bajo consentimiento informado, la población seleccionada mediante criterios de inclusión específicos, estuvo constituida por dieciséis (16) mujeres víctimas de abuso sexual que recurrieron a un aborto clandestino, durante el año 2023 obteniendo como resultado una percepción negativa hacia las barreras legales del aborto sentimental en caso de violación sexual, concluyendo que, reconocer al concebido como sujeto de derechos no debe ser incompatible con la despenalización del aborto en casos de abuso sexual. En Perú, altos índices de violación sexual y abortos clandestinos (cerca de 352,000 anuales) ponen en riesgo la vida y salud de mujeres debido a las restricciones legales. En este marco, se planteó como objetivo analizar cómo las barreras legales al aborto sentimental con las categorías: vulneración del derecho a la salud reproductiva y vulneración del derecho a la no discriminación e igualdad,  afectan el derecho a la salud de las mujeres que se practican abortos clandestinos con las categorías: afectación a la salud psicológica, emocional y conductual, así como restricción de derechos, riesgo de muerte y salud, el método de investigación se aborda desde un enfoque cualitativo fenomenológico, utilizando un diseño descriptivo interpretativo y dogmático-jurídico. El instrumento aplicado fue una entrevista individual estructurada, administrada bajo consentimiento informado, la población seleccionada mediante criterios de inclusión específicos, estuvo constituida por dieciséis (16) mujeres víctimas de abuso sexual que recurrieron a un aborto clandestino, durante el año 2023 obteniendo como resultado una percepción negativa hacia las barreras legales del aborto sentimental en caso de violación sexual, concluyendo que, reconocer al concebido como sujeto de derechos no debe ser incompatible con la despenalización del aborto en casos de abuso sexual.

El artículo tiene como objetivo: identificar los principales antecedentes que, el derecho a la propiedad tiene en la historia constitucional republicana del país a partir de una revisión de aspectos fundamentales del desarrollo económico y constitucional de los siglos XIX y XX. Método: para cumplir con el objetivo propuesto, se hizo aplicación de una metodología de análisis histórico documental para compilar y estudiar los insumos bibliográficos y doctrina pertinente que permitiera identificar los elementos fundamentales, el enfoque es cualitativo, el alcance es exploratorio y correlacional y los método dogmático y hermenéutico crítico. Resultados: se evidencia cómo la comprensión de los principales precedentes de la historia económica del país, se asocian a la evolución del reconocimiento normativo del derecho a la propiedad e incide significativamente en la construcción que, con ocasión de 1991, experimentó el derecho y modificó su visión tradicional de carácter absolutista. Conclusión: el proceso de fundamentación normativa del derecho a la propiedad se advierte en la consagración de este en todos los textos constitucionales y Constituciones económicas de la historia republicana colombiana, sin embargo, su estudio, hasta el año 1991, suponía remisión al Código civil debido a la ausencia de valor normativo de las constituciones y la necesidad de garantizar una gran libertad en su ejercicio para permitir la consolidación de una economía de mercado.

Resumen: Este artículo presenta los hallazgos de un estudio cualitativo que tenía como objetivo identificar los desafíos y oportunidades explorando las experiencias de los migrantes venezolanos en Colombia y las respuestas de las comunidades de acogida. Utilizando un diseño metodológico desde un paradigma interpretativo, se recolectaron datos a través de análisis documental, entrevistas en profundidad, grupos focales y observación participante. El análisis de datos se realizó utilizando el enfoque de teoría fundamentada, identificando patrones, categorías y temas emergentes. Los resultados destacan la importancia del Permiso Especial de Permanencia (PEP) como medida gubernamental para regularizar la situación migratoria de los venezolanos. Además, se resalta el papel crucial de la sociedad civil en la prestación de ayuda humanitaria y servicios de apoyo. En conclusión, se evidencia la necesidad de colaboración entre el gobierno y la sociedad civil para abordar la crisis migratoria venezolana en Colombia, subrayando la importancia de políticas y prácticas más efectivas y humanas para la integración de los migrantes.

Ante la prevalencia de comportamientos machistas y estereotipos de género en los diversos ordenamientos jurídicos de países de América Latina, Objetivo: analizar a profundidad la influencia que tienen los mismos en las decisiones judiciales, en especial de los casos de feminicidio. Lo que se describe y analiza en este artículo es cómo, en diversos casos representativos, los operadores de la justicia (hombres) no prestan atención suficiente a los hechos de violencia de género o no responden con las acciones pertinentes para proteger los derechos de las mujeres, lo que conduce, en muchos casos al feminicidio. Método: se aplicó un enfoque documental y descriptivo, ya que a través de fuentes primarias y secundarias se abordó la influencia de los macro y micromachismos en la toma de decisiones judiciales por parte de las autoridades que se ven implícitas en los casos de feminicidio ocurridos en América Latina, decisiones con perspectiva de género. Resultados: a partir de lo encontrado en el proceso de investigación, se evidencia la necesidad imperiosa de fortalecer las instituciones encargadas de investigar los casos de violencia de género y feminicidios, además de intensificar la educación en perspectiva de género de los funcionarios públicos que prestan sus servicios en los entes protectores del Estado. Conclusiones: los Estados no combaten verdaderamente el feminicidio, este es  un problema complejo y multifacético, y la efectividad de los esfuerzos estatales para combatir el feminicidio hacen que muchas veces los feminicidio queden impunes, en términos de sentencias judiciales, se pudo observar como los tribunales en América latina abordan tanto los factores individuales (micro machismos) como los patrones estructurales más amplio (Macro-machismo) que contribuyen al feminicidio esto puede reflejarse en la interpretación de la ley, la valoración de la prueba y las decisiones sobre la culpabilidad y las penas.

El objetivo de este trabajo fue realizar una caracterización de la investigación científica sobre la respuesta de la justicia penal a la violencia de género en América Latina. El método utilizado correspondió a una revisión sistemática utilizando el protocolo PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Se seleccionaron 306 publicaciones científicas que fueron categorizadas, sistematizadas y analizadas en relación a su objeto de investigación, los marcos teóricos, las estrategias metodológicas utilizadas y los hallazgos obtenidos. Los resultados indican que este es un campo de estudios de data reciente y acotado en relación con otras dimensiones que se han examinado sobre la violencia de género en América Latina. Asimismo, las investigaciones analizadas dan cuenta de un diagnóstico especialmente crítico de la justicia penal, evidenciando la distancia existente entre los textos legales y la aplicación práctica de la justicia, así como su falta de eficiencia y eficacia para responder adecuadamente a la violencia de género. En la discusión se señala la necesidad de profundizar los estudios sobre el tema, en especial, desde las aproximaciones empírico metodológicas, las que pueden iluminar las brechas, barreras y desafíos pendientes para que las reformas normativas en la materia avancen en pertinencia y en una aplicación efectiva y, por otra parte, para evidenciar los límites de la intervención penal y abrir nuevas alternativas de respuesta a la violencia de género, que prevengan su ocurrencia y protejan adecuadamente los derechos de niñas y mujeres.

El presente trabajo busca elaborar directrices con perspectiva de género para una nueva política criminal en delitos de drogas, considerando especialmente el impacto que genera el encarcelamiento en las mujeres y sus hijas e hijos. Método: para tal efecto se analizan las políticas criminales prohibicionistas en esta materia, y los efectos que generan, poniendo especial énfasis en los patrones de involucramiento en mujeres vinculadas a delitos de drogas. Resultados: los efectos de las políticas criminales en materia de drogas, aparentemente neutras en relación con el género, reflejan como resultado que dichas políticas han generado un aumento del encarcelamiento femenino en mayor proporción que el masculino, sin incorporar especificidades y necesidades propias de las mujeres, lo que profundiza diversas vulnerabilidades a las que se ven expuestas las mujeres debido a su género. Conclusión: a través de una revisión de experiencias y normativa internacional, se elaboran propuestas concretas que, de esta manera, den un tratamiento con perspectiva de género y cumplan con la normativa internacionalel presente trabajo busca elaborar directrices con perspectiva de género para una nueva política criminal en delitos de drogas, considerando especialmente el impacto que genera el encarcelamiento en las mujeres y sus hijas e hijos. Método: para tal efecto se analizan las políticas criminales prohibicionistas en esta materia, y los efectos que generan, poniendo especial énfasis en los patrones de involucramiento en mujeres vinculadas a delitos de drogas. Resultados: los efectos de las políticas criminales en materia de drogas, aparentemente neutras en relación con el género, reflejan como resultado que dichas políticas han generado un aumento del encarcelamiento femenino en mayor proporción que el masculino, sin incorporar especificidades y necesidades propias de las mujeres, lo que profundiza diversas vulnerabilidades a las que se ven expuestas las mujeres debido a su género. Conclusión: a través de una revisión de experiencias y normativa internacional, se elaboran propuestas concretas que, de esta manera, den un tratamiento con perspectiva de género y cumplan con la normativa internacional.