vol. 1 núm. 5 (2010): pensamiento y poder

Como ejemplo de la desigualdad de género y de la vulneración de los derechos humanos de la mujer, se presenta un análisis jurídico de los procesos de brujería en Salem, clásico caso de fanatismo religioso y de conculcación de libertades individuales. Se describe el sistema legal imperante a finales del siglo XVII en la puritana Nueva Inglaterra (Norteamérica) y el modo como puede llegar a contaminarse la administración de justicia. Se discuten algunos problemas asociados al significado de la condición femenina. Se establece un contraste entre fenómenos reales y las interpretaciones a veces falaces que pueden derivarse de ellos.

En el artículo se pretende esbozar la problemática que acarrea clarificar la noción de justicia social desde el análisis político y económico enla contemporaneidad, sin desligarlo del Pensamiento Social de la Iglesia, tratando de encontrar desde este último una postura integradora del concepto y su práctica en la sociedad. Para ello se asume la justicia social como una de las principales preocupaciones actuales de la economía y de la política además de su consecuente aplicación en la esfera individual y social. Las principales conceptualizaciones políticas y económicas para el análisis de este escrito parten del liberalismo igualitarista y el marxismo analítico, tratando de comprender sus implicaciones e impacto en la sociedad asumiendo que en la Doctina Social de la Iglesia (DSI) la sociedad es un todo orgánico. En suma, la justicia social es asumida desde la DSI como principio fundamental e integral del actuar del cristiano que implica dos principios íntimamente ligados: la dignidad de la persona humana y el bien común.

El artículo presenta una definición de ciudadanía desde la polis como construcción y participación, destaca la importancia de un discurso ético y estético en pro de los valores ciudadanos que tienen como centro el reconocimiento de la persona humana.

En los últimos años, Turquía ha demostrado a su región y al mundo que con su crecimiento económico y consolidación política quiere desempeñar un papel importante en la política internacional. Siguiendo los cambios en la política turca, en este artículo se investiga el origen y los antecedentes de los acontecimientos que condujeron a la creación de un nuevo siglo XXI en Turquía. La cultura política es el factor clave que determina las formas y el futuro del país. Curiosamente, la experiencia otomana se ha descubierto en Turquía una vez más y Turquía ha dedicado una especial atención al desarrollo y fortalecimiento de su relación con el Oriente Medio, Asia central, los Balcanes y la UE. En los últimos años, Turquía ha alcanzado también a la otra parte del mundo mediante el desarrollo de las relaciones económicas y políticas con América Latina, África y el Extremo Oriente de Asia. Todos estos acontecimientos podrían tomarse como una señal de Turquía en el ámbito internacional. A nivel nacional, las relaciones con Turquía por parte de la UE han sido un factor clave en la consolidación de procesos democráticos y la disminución de la función del ejército en la política turca. Sin embargo, en este artículo se afirma que aunque el proceso democrático está muy avanzado, todavía hay peligro de sufrir reveses y el tiempo es necesario para el ulterior fortalecimiento de la democracia en Turquía.

Las acciones populares como mecanismos de defensa de los derechos colectivos fueron elevadas a rango constitucional mediante su consagración en la Constitución Política colombiana de 1991 con una finalidad tanto garantista como participativa. Siendo los hechos generadores de posibles violaciones de esos derechos colectivos tanto las omisiones como las acciones de las entidades públicas, es innegable que la actividad contractual, como una especie de esa actividad administrativa, puede ser vulneradora de intereses colectivos, dándose según las sentencias del máximo órgano de la jurisdicción contenciosa la posibilidad de examinar la legalidad de un contrato estatal, llevando incluso a un pronunciamiento de nulidad contractual en sede popular.

El cambio de sistemática procesal a través del fenómeno de la constitucionalización del Derecho procesal, entendiéndolo como derecho constitucional aplicado, ha implicado un cambio en la concepción misma del papel del juez, quien como garante constitucional del proceso debido y entendiendo el proceso como instrumento para alcanzar la verdad y la paz social, exigen del juez intervención activa en el proceso y en la prueba misma. El texto que se presenta pretende analizar el fenómeno del activismo judicial, específicamente frente al fenómeno de la prueba en el ámbito penal, en donde el autor pretende acreditar la inconveniencia de la práctica oficiosa de pruebas en materia penal, sin que ello implique la negación del papel activo del juez en el proceso. Se pretende, pues, una defensa de la prohibición.