núm. 1 (2013)

Decisiones comentadas con el acompañamiento  de la profesora Andrea Mateus Rugeles

El narcotráfico es una actividad delictiva que se ha convertido en un problema in- ternacional de creciente magnitud. En algunas regiones es una fuente incipiente de inestabilidad que amenaza con poner en peligro la seguridad internacional. Dada la peligrosidad de este fenómeno, algunos Estados han intentado que los actos de tráfico de drogas sean competencia de un tribunal penal internacional. Aunque finalmente no se llegó a un acuerdo sobre su inclusión en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, desde diversos frentes se ha planteado la posibilidad de que este tipo de actos podrían ser calificados como crímenes de lesa humanidad, lo que permitiría su investigación y enjuiciamiento por la propia Corte Penal In- ternacional. En este artículo se analizará si las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico podrían cumplir los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad en su definición del Estatuto de Roma y, si así fuera, si los actos de tráfico de drogas podrían considerarse como “otros actos inhumanos” de carácter similar a los demás enumerados en el Artículo 7 (1) del Estatuto de Roma a pesar de no haberse incluido en el propio Estatuto de manera expresa. 

Establecido en 2002, el Tribunal Penal Internacional fue la primera corte permanente con facultad para investigar y juzgar crímenes contra la humanidad. A pesar de ser reciente, la Corte ya tiene una jurisprudencia considerable en la cual se han fijado criterios para determinar autores y cómplices. Evaluar críticamente las elecciones de una Corte depende, en primer lugar, de un visión general de cuáles son esas elecciones. De esta manera, el presente ensayo analiza y sistematiza, a través de un diagrama de decisión, los criterios fijados en la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para determinar autores y cómplices.

El primer fallo de la Corte Penal Internacional ha confirmado que el Artículo 25(3) del Estatuto de Roma se basa en la teoría del dominio del hecho para hacer la distinción entre autoría y participación. Por el contrario, desde 2003, la jurisprudencia de los tribunales ad hoc construye el concepto de coautoría con base en la doctrina de la empresa criminal conjunta y emplea un criterio subjetivo de autor. En el presente texto analizaremos primero los problemas planteados por esta línea jurisprudencial de los tribunales ad hoc,para proseguir con el análisis del artículo del Estatuto de Roma que más parece asemejarse a la doctrina de la empresa criminal conjunta :el Artículo 25 (3) (d). El documento concluye que ninguna de las categorías de la empresa criminal conjunta tiene cabida en dicha disposición.

La cooperación internacional constituye uno de los pilares sobre los que se basa la actuación de la Corte Penal Internacional. La experiencia acumulada, sobre todo en las situaciones remitidas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, permite observar las dificultades existentes ante la negación de los Estados de cooperar con la Corte. Este trabajo analiza las causas por las cuales se produce el incumplimiento de los Estados y las medidas que se proponen para fortalecer la cooperación con la Corte como presupuesto para su actuación eficaz.

El presente trabajo aborda la evolución y el contenido actual del principio nullum crimen sine iure en el ordenamiento jurídico internacional. Analiza su desarrollo desde su configuración—al término de la Segunda Guerra Mundial como un “principio de justicia”—hasta su actual definición como un“derecho subjetivo individual” limitativo de la soberanía de los Estados.Explica que no debe ser un tipo específico de norma(en particular,una norma escrita con rango de ley)la que determine el carácter punible de una conducta; antes de su comisión solo exige que la misma sea constitutiva de delito conforme al sistema de fuentes previsto para la creación del Derecho Penal en el ordenamiento jurídico nacional o internacional de que se trate.Por último,analiza cómo se configura con base en los requisitos de la accesibilidad de la norma que recoge la conducta prohibida,y la previsibilidad de la responsabilidad penal en la que incurre su autor en el momento de ejecutarla.

se muestran los preliminares