vol. 13 núm. 2 (2016): julio - diciembre

La democracia transita, hoy en día, por diversos procesos de ampliación que implican la modernización de las formas de actuación del Estado. Esto involucra también la relación que establece con sus ciudadanos, quienes demandan cada vez más el establecimiento de espacios de participación y a la vez el control sobre aquellos procesos que les incumben. De esta manera, existen múltiples formas en que los ciudadanos pueden participar y controlar las actuaciones del Estado entre ellas la denominada accountability. El presente artículo pretende examinar los principales conceptos que componen estas formas de participación ciudadana, reflexionando sobre la experiencia normativa comparada entre Chile y Colombia.

El problema a analizar en el presente artículo estará orientado a revisar cómo la constitucionalización del acceso a medicamentos como un componente esencial del derecho a la salud encuentra en las flexibilidades del régimen de patentes farmacéuticas, particularmente las licencias obligatorias, una garantía jurídica ‘insuficiente’ para que la población de los Estados miembros de la CAN pueda acceder a los medicamentos; para ello se toma como ejemplo el caso ecuatoriano quien, a través del Decreto Ejecutivo No. 118 de 2009 y la Resolución No. 10-04-9-IEPI de 2010, se ha convertido en el único Estado miembro de la CAN en hacer uso de este instrumento.

La autonomía privada se ha considerado un pilar del derecho privado y su ejercicio está sujeto a límites que son especialmente exigentes en virtud de los mandatos constitucionales de un Estado social de derecho. Resulta de particular interés el alcance que la jurisprudencia colombiana le ha otorgado al principio de solidaridad consagrado en la Constitución de 1991 en las relaciones entre particulares, y no solamente en los casos en los que estos desarrollen actividades de interés público. Este artículo busca analizar el principio de solidaridad como un límite de la autonomía privada a la luz de la llamada constitucionalización del derecho.

Dos fenómenos han afectado notablemente a la forma y contenido del derecho, a saber: el posmodernismo y la constitucionalización del derecho. Estos surgieron prácticamente de forma simultánea y ejercen una importante incidencia en la conformación de las normas estatales y paraestatales en Occidente. Así pues, este artículo pretende focalizarse en la influencia de aquellas vertientes en la conformación del derecho electoral colombiano tal como se conoce hoy en día. Para ello se hará un acercamiento al concepto de posmodernidad como crítica a la modernidad siguiendo a Vattimo y Lyotard, dos de sus principales exponentes, a la vez que se analizará el fenómeno de la constitucionalización del derecho. Para finalmente identificar cómo se ha llevado a cabo el proceso de constitucionalización del derecho electoral en nuestro país, a partir principalmente de la expedición de la Constitución de 1991, identificando los principales rasgos del posmodernismo en su conformación.

Hoy en día, la SAS es el tipo societario de mayor importancia en Colombia. La protección reforzada de la responsabilidad patrimonial de sus socios es, sin lugar a dudas, una de las características de mayor peso en el proceso de elección de los comerciantes. No obstante, al realizar una ‘lectura’ con fundamento en los principios y valores constitucionales, estas buenas intenciones se ven ‘amenazadas’ o al menos ‘limitadas’. Este artículo, el primero de dos textos, realiza un acercamiento a la teoría general de la figura del levantamiento del velo corporativo a través de la constitucionalización del derecho.

En este artículo se presenta el proceso de constitucionalización del derecho de la publicidad comercial en Colombia el cual ha sido construido por medios judiciales, más específicamente por la Corte Constitucional, cuando ha analizado la constitucionalidad de las normas en esta materia. Se pretende determinar en qué derecho constitucional es posible encuadrar el derecho de la publicidad de los anunciantes. Esto con el objeto de identificar el ámbito de actuación del legislador para imponer limitaciones, restricciones o prohibiciones al derecho, las cuales ciertamente variarán si se concluye que el derecho a la publicidad es una expresión de un derecho de rango fundamental o si se establece que es un desarrollo de un derecho de contenido económico.

Los partidarios de la noción sustantiva de Estado de derecho señalan que el mismo es compatible y se construye a partir de las exigencias propias del denominado Estado formal de derecho. Este último exige que el derecho cumpla con ciertas exigencias que aseguren que el contenido del mismo sea capaz de: (i) limitar de forma significativa la autoridad estatal y (ii) orientar los procesos de toma de decisión de los ciudadanos. Sin embargo elementos propios de la noción de Estado de derecho sustantivo, como el reconocimiento de declaraciones de derechos judicialmente aplicables de forma directa, generan fuertes tensiones con las exigencias de la galidad. Esto especialmente en al área de la discrecionalidad judicial. Frente a esto, el autor concluye que los partidarios de la noción de Estado de derecho sustantivo deben: (i) repensar el concepto buscando aliviar dichas tensiones o (ii) simplemente construir la noción sobre bases conceptuales diversas.

La convocatoria de la Revista Jurídicas sobre la constitucionalización del derecho, convocó múltiples voces y análisis sobre este fenómeno que ha tenido también diferentes expresiones en las tradiciones jurídicas anglosajona y continental. Revisar las formas como emerge este fenómeno en las diferentes áreas e instituciones del derecho, refleja la riqueza de la discusión e investigación que hay sobre el tema; a la vez que confirma su importancia para los investigadores debido a que sus desarrollos han impactado e impactarán el futuro y la transformación del derecho no solo en Colombia, sino en el mundo.