vol. 13 núm. 1 (2016): enero - junio

La divulgación de providencias judiciales de índole penal a través de Internet, mediante la página institucional de la Corte Suprema de Justicia, genera varios interrogantes de cara a la regulación colombiana vigente sobre el tratamiento y la protección de datos personales. Este artículo da cuenta de la evolución jurisprudencial en la materia y propone alternativas para limitar el acceso indiscriminado e incontrolado por Internet a los datos personales negativos y sensibles de quienes han sido vinculados a las actuaciones penales.

El presente artículo busca encontrar los primeros gérmenes del Estado social de derecho en el ordenamiento jurídico colombiano, partiendo de la tesis de que este encuentra sus inicios antes de la Constitución de 1991 y antes de la reforma de 1936 la cual fue trascendental para la Carta Política de 1886. Para ello revisa la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863, buscando en su articulado verdaderos cimientos de los postulados mínimos de un Estado social de derecho. A partir de lo anterior se mostrarán los albores del Estado social, democrático y de derecho, desde mediados del siglo XIX, su nacimiento con la reforma del presidente López Pumarejo y su máxima expresión en la Constitución de finales del siglo XX.

La constitucionalización del derecho es un fenómeno que tiene sus inicios en Europa desde el siglo XX cuando se otorga supremacía y fuerza vinculante a la norma constitucional, que cargada de principios y derechos fundamentales impregna otras áreas del derecho. Dicho fenómeno se ha presentado en Colombia a partir de 1991 y ha intentado ser descrito y conceptualizado en las distintas áreas del derecho por la jurisprudencia y la doctrina. En Colombia, la regulación de los derechos de autor no ha sido extraña a este movimiento. No obstante, la doctrina colombiana no ha desarrollado el tema ni la jurisprudencia constitucional se ha referido a este de manera explícita. Es de esta manera que el presente artículo pretende llenar un vacío existente en la doctrina, describiendo cómo se ha presentado la constitucionalización en los derechos de autor; convirtiéndose en el primer eslabón para discutir sobre el tema.

El derecho contractual no es un ámbito ajeno a las preocupaciones sobre la realización de derechos sociales como el de la vivienda. La celebración y ejecución de los contratos que permiten el acceso a la propiedad o tenencia de una vivienda son escenarios en los que los individuos y las familias disputan cotidianamente la exigibilidad de sus derechos habitacionales. En ese sentido, este trabajo analiza el impacto de la constitucionalización en las modalidades contractuales que permiten el acceso a la vivienda y en las herramientas que desde el derecho contractual ofrecen amparo a la tenencia habitacional en Colombia. Para alcanzar este objetivo, se presentan los elementos que le han servido a la jurisprudencia constitucional para pensar al derecho contractual de la vivienda como una garantía para la protección del derecho a la vivienda digna y adecuada.

En este artículo se analiza el impacto del “esquema de extensión de jurisprudencia” en la implementación de la regla de precedente en el derecho administrativo colombiano y se realiza un balance de dicho esquema a la luz de los propósitos legislativos de la figura. Para ello, en la primera parte, se señalarán los presupuestos teóricos que nos sirven para explicar la forma en que puede existir e implementarse la regla de precedente en los ordenamientos jurídicos. A partir de lo anterior, se expondrá la forma en que se implementó la regla de precedente en el derecho colombiano; para señalar entonces algunas de las causas que, consideramos, explican la falta de eficacia del esquema.

Este escrito examina los sucesos de la constitucionalización y de la convencionalización del derecho en Colombia. El texto plantea que en el país se viene asistiendo a un proceso de constitucionalización de alta intensidad que en su etapa inicial fue forzado desde las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, pero que hoy en día presenta otras dinámicas en distintos campos del derecho. En sentido contrario señala que la convencionalización del derecho se ha limitado a la recepción de las reglas y estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que se venga ejerciendo plenamente control de convencionalidad.

El problema del desarrollo económico, al desmedro de los estándares ambientales por medio del comercio internacional, se refleja a través de la teoría económica del refugio de contaminación. A fin de establecer si Chile es un país refugio de contaminación, se realizó un estudio de caso mediante el método sistemático de los elementos que conforman el concepto conocido como pollution haven. La presencia de estos elementos deja en evidencia que, a pesar de la restructuración de la institucionalidad ambiental, el país aún posee un estándar deficiente luego de la persistencia de una protección preventiva débil del medio ambiente y la existencia de normativa y políticas públicas que colocan al entorno en subordinación del desarrollo económico.

A través del presente artículo de investigación se identifica la aparición de la caducidad en el ordenamiento jurídico colombiano a partir del siglo XX, producto de la adopción de la teoría de los contratos públicos del derecho francés. Esta identificación permite analizar si para la época se incluían garantías a favor de los contratistas cuando el Estado ejercía la caducidad del contrato (el Estado actuando como juez —cuando decretaba la caducidad— y como parte —por ser un extremo de la relación jurídico-negocial—)

La convocatoria para la recepción de artículos de los volúmenes 13 de la revista Jurídicas versa sobre la “Constitucionalización del derecho”; para tal efecto se buscaron trabajos que abordaran el tema desde un espectro amplio proveniente tanto de las diferentes áreas jurídicas como de las ciencias sociales y las humanidades con los resultados correlativos a categorías, aproximaciones y contextos diversos.