vol. 1 núm. 1 (2008)

El derecho a la libertad de investigación es un derecho fundamental que el científico ejerce libremente sin más límites que.el respeto a los derechos humanos consagrados en las Declaraciones Universales de Derechos. Yo diría que el único límite a la investigación científica es precisamente la dignidad de las personas, entendiendo por persona todo individuo de la especie humana. Ciertamente “la excelencia del hombre, el alto valor proporcionado a la grandeza de su ser constituye el secreto para discernir lo permisible de lo censurable. El respeto y promoción de la persona, el carácter inviolable de su dignidad, son los límites infranqueables de la acción, la frontera insalvable.de las técnicas aplicables a la vida humana”.

¿Cómo ilegitima Nietzsche los fundamentos que construyen y sustentan la responsabilidad personal como justificación de la pena? ¿Cuáles son esos fundamentos y de qué manera pueden ser legitimados? Estas son las preguntas que se abordarán en el presente trabajo; para ello, se hará una exposición de la noción de responsabilidad, con base en el libro Responsabilidad jurídica y libertad, de cara a sustentar los fundamentos de la responsabilidad personal. Posteriormente, se presentará una interpretación de lo dicho por Nietzsche en La genealogía de la moral, partiendo de una lectura del texto como una exégesis de la frase “más allá del bien y del mal”, a partir de la cual se aproximará a esclarecer la crítica del autor, a la posibilidad de fundar una responsabilidad Personal como justificación de la pena.

La justicia, tratada desde una crítica de la ontología, muestra la posibilidad de enunciar un nuevo enfoque teórico que permitiría dar solución a la injusticia social causada al hombre, como consecuencia de la teoría que de la justicia se ha tenido en la historia de la humanidad occidental. Tal posibilidad deviene de hacer una revolución en el Derecho de corte copérnico-kantiana que se puede enunciar así: no es la justicia la que debe girar en torno del Derecho, ni el hombre alrededor del Derecho y la justicia, sino el Derecho en torno de la justicia y esta y aquel alrededor del hombre.Mientras que la justicia esté sometida al imperio del Derecho o ¡uspositivismo, prevalecerá el divorcio entre la ley escrita y su práctica real (justicia teórica y justicia práctica). Mientras que dependa de la voluntad del hombre (como participación de la voluntad divina), según el ¡usnaturalismo, reinará para el interés de algunos la justicia como la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Urge, entonces, declararla independiente del derecho y de la voluntad humana, es decir, indicar el puesto que le corresponde y los nexos con el Derecho y el ser humano. Para esta tarea se necesita de otra concepción sobre la justicia que permita acercarla más a lo social. De esto se encargará la idea de justicia óntica o la justicia que deviene de la ontología.

¿De dónde viene el actual sistema acusatorio? Los autores no pretenden hacer un análisis de las virtudes, vicios, vacíos o fortalezas del actual sistema acusatorio, sino hacer referencia a su tránsito, que no ha sido fácil, desde la preeminencia del derecho canónigo, pasando por el derecho germano y anglosajón, que incluye por supuesto los antecedentes de la norma actual. El juicio queda en el acucioso lector. 

Una de las grandes preocupaciones del Derecho Procesal ha sido el tratamiento que debe dársele a la institución de las nulidades en el ámbito del proceso cuando quiera que estas afectan de manera particular los diversos actos que en el curso de la actuación se ventilan. De esa situación no es ajena la prueba, dado que constituye el acto de mayor importancia en la actuación, de tal manera que requiere una particular atención la forma en que se regula el tema de la nulidad y el efecto procesal que le sigue a dichas irregularidades.Este último aspecto, en nuestro sistema jurídico colombiano adquirió particular interés, con.la incorporación del inciso final en el artículo 29, pilar fundamental del debido proceso y por ello se busca realizar análisis, para verificar la forma en que opera el mecanismo de exclusión tanto para el caso de las pruebas principales afectadas de nulidad, como también de aquellas pruebas derivadas de la principal, que devienen en ilícitas. 

Con la creación de la Corte Penal Internacional se suscitó en la Comisión de Derecho, representante de los países que suscribieron el Tratado de Roma, una inquietud relacionada con la contraposición entre soberanía estatal y jurisdicción del Alto Tribunal. Al respecto del tema de soberanía, doctos como Laclau y Salmón Gárate manifestaron que esta debería ser cuestionada y relativizada ante el avance de los tiempos (globalización) y el concepto de supranacionalidad que tiene como uno de sus puntos más álgidos la internacionalización del delito en especial en lo que corresponde a la violación de los derechos humanos. El interrogante de cómo conciliar los conceptos de soberanía y jurisdicción ha encontrado como fórmula transitoria el de la salvaguarda por los Estados, pero dicha alternativa tiene sus debilidades, dada su misma transitoriedad.

Tomando una de las hipótesis planteadas por Paulo Freire en el sentido de que es necesario aplicar políticas a la actividad docencial para efectos de buscar un mejoramiento en la calidad de los profesores, los investigadores parten de dos supuestos, el primero, la necesidad de dar una nueva mirada hacia la formación de docentes en las ciencias jurídicas en el marco de la calidad que exige la sociedad globalizadora, y el segundo (y este es el marco del trabajo efectuado), de que la formación y capacitación de los docentes de Derecho en el área pedagógica no ha incidido en el mejoramiento de la calidad en la formación de abogados, lo cual es a la vez fundamento al interrogante ¿cuál es la incidencia que tiene en la formación de abogados la preparación y capacitación de los docentes de derecho en el área pedagógica? Con base en lo anterior, se llevó a cabo una investigación entre cuyos resultados resaltan como aspectos relevantes: Existencia de un modelo pedagógico para la enseñanza del Derecho; aplicabilidad de estrategias pedagógicas participativas como herramienta en la enseñanza del Derecho; perfil del docente que se requiere para la enseñanza del Derecho; utilidad de los programas de pedagogía y la incidencia en el trabajo académico de los docentes de Derecho e interés de las instituciones para la preparación en docencia de sus profesores.

El trabajo, a partir de la distinción entre reglas y principios como estructuras normativas vigentes en el sistema jurídico colombiano, que operan con hermenéuticas diversas, construye un mapa confiable de los pronunciamientos constitucionales, emitidos por la Corte Constitucional colombiana, y que originalmente aparecían dentro del.sistema jurídico colombiano como Principios Generales del Derecho Privado no escrito, pero incorporados como fuente final de cierre del sistema aplicado con base en la Ley 153 de 1887; posteriormente positivisados por el Decreto 410 de 1971, nuevo Código de Comercio. El trabajo distingue los conceptos de Principio General del Derecho y regla jurídica positiva. Establece un concepto de los llamados Principios Generales del Derecho, a la luz de la Constitución de 1991, partiendo de los antecedentes doctrinales jurisprudenciales y normativos positivos que universalmente dieron origen a la figura. El trabajo pretende demostrar que la diferencia de paradigma argumentativo entre la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, y la Corte Constitucional, pasa por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia, así como buena parte de los operadores jurídicos de Derecho Privado en Colombia, no distinguen entre una hermenéutica de reglas y una hermenéutica de principios. Esto ocurre porque la Corte Suprema defiende un positivismo, o si se quiere un literalismo recalcitrante, en apariencia generador de seguridad jurídica, que mira los PGD como normas jurídicas bajo la óptica de reglas de Derecho, que se interpretan en su sentir por la vía del silogismo lógico-formal, olvidando que la naturaleza de estas normas al ser estándares o guías generales, no admite tal hermenéutica, ya que los PGD deben interpretarse con lógicas no monotónicas, es decir, el silogismo práctico. El autor efectúa una comparación entre el tratamiento que la doctrina, los jueces y operadores jurídicos, en general, de derecho privado, han hecho de los PGD, confrontándola con.la interpretación y uso que la Corte Constitucional le ha dado a dichos principios, estableciendo.que los usos e interpretación de la jurisdicción constitucional no coinciden exactamente con los usos e interpretación que la jurisdicción civil les ha dado. Se llega a la conclusión de que la concepción de la Corte Constitucional respecto a la aplicación de los principios constituye una imaginativa interpretación caracterizada por su novedad, alternatividad y progresismo.

http://unicolmayor.edu.co/publicaciones/index.php/mjuridica/article/view/415/746

El positivismo en el derecho penal