vol. 11 núm. 14 (2018)

El problema de la narcofinanciación de la política es uno de los más enrevesados en América Latina, una vez que ya demostró su capacidad de desestabilización de un sistema político, como también dejó profundas señales en la historia de muchos de los países de la región. La corrupción política, como un fenómeno presente y visible, se manifiesta constantemente en la financiación de campañas electorales y de candidatos, exponiendo las debilidades de la legislación. La financiación de la política, por sí sola, es una asignatura pendiente de una eficiente normativización, y la actuación del narcotráfico paralela a la actividad política de los partidos vuelve todo aún más dañoso para la democracia, lo que deteriora seriamente los principios y valores sociales, principalmente en las camadas más desfavorecidas de la población. En este trabajo se analizará algunos de los rasgos de la narcofinanciación de la política a partir de una descripción de su estado del arte. Es sabido que hay muchas dificultades para el examen de datos sobre el asunto, lo que no es un impeditivo para, al menos, exponer algunas líneas del problema propuesto. Al final, se llama la atención para algunos factores que pueden colaborar en el combate al problema, destacando algunas de las medidas ya aplicadas en algunos países que fueron directamente afectados por la infiltración de los recursos económicos del crimen organizado.

Es propósito de este artículo identificar y analizar cómo Suzanne Collins, en Los Juegos del Hambre, articula elementos y temas de la cultura grecolatina y el mito del Minotauro para plantear cuestiones de un futuro postapocalíptico en las que se hacen presentes: la injusticia; la falta de libertad del individuo; la explotación infantil; el peligro que representan los gobiernos totalitarios; el manejo de los mass media como medios de adoctrinamiento; el uso de la tecnología para fines netamente interesados; el consumo indiscriminado de la llamada ‘telebasura’; la excesiva preocupación estética; la manipulación genética; el empleo de estrategias de miedo que permiten el control social; la internalización del individualismo en busca de la división de la población; el oscurantismo y la ignorancia que impiden cualquier reflexión o deliberación acerca de las decisiones gubernamentales.

En una sociedad plural, culturalmente hablando, el encaje jurídico de la diversidad a través de una óptica inclusiva supone un reto cuya magnitud alcanza a toda la sociedad. La recepción, primero, y posteriormente la gestión de la diversidad cultural constituyen, además, una necesidad social. Ante la insuficiencia de los derechos individuales clásicos frente a este desafío, conceptos como el de “derechos de las minorías” se presentan con fuerza como alternativa. Polémicos y muy discutidos, analizamos aquí esta categoría de derechos humanos, así como las aportaciones que a este fecundo debate han realizado autores contemporáneos como Kymlicka y Raz, cuyas propuestas han pretendido superar todos los inconvenientes que este tipo de derechos planteaban a la óptica liberal dominante.

Los principios de legalidad y justicia son bases fundamentales de la ciencia del Derecho, por tanto deben primar en todas sus instituciones; es así como la teoría de las nulidades en el Derecho Administrativo, que surge del análisis y sistematización de la labor jurisprudencial del Consejo de Estado Francés, ha alcanzado un punto tal de desarrollo que su separación metodológica y conceptual, acerca del tratamiento del mismo tema en el Derecho Privado, es indiscutible. El trabajo se enmarca en fundamentar el régimen jurídico de nulidades administrativas en Cuba, en aras de que constituya una garantía para la seguridad jurídica ciudadana. En Cuba no hay Código ni Ley de Procedimiento Administrativo; manifestándose falencias en la institución del acto administrativo y su régimen de nulidades, aplicándose lo estipulado en el Código Civil cubano sobre la ineficacia del acto jurídico, dada la supletoriedad de la norma, no obstante las diferencias en materia administrativa.  La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, no se pronuncia sobre la nulidad procesal y por ende no están delimitados los supuestos que limitan la validez de los actos administrativos, solo  se enmarcan por medio del procedimiento de lesividad. En el caso de la Ley 113 sobre el Sistema Tributario Cubano (Capítulo XIII «De la nulidad de los actos firmes», artículos 204 y 205) se introduce esta figura, debiendo aseverar que esta es una norma asistémica y recurre al procedimiento de la mencionada ley adjetiva.

El trabajo analiza criterios jurisdiccionales en relación con la aplicación del principio de presunción de inocencia en el derecho administrativo sancionador desde la perspectiva de su aplicación en el derecho disciplinario. En este contexto, el trabajo tiene por objetivos: Observar la trascendencia de homologar el ámbito penal y el administrativo en la aplicación de principios, analizar la naturaleza de las distintas expresiones del poder sancionador del Estado y reconocer la importancia de crear un marco de aplicación propio del derecho administrativo sancionador. El trabajo se desarrolla en un momento de transición hacia la aplicación de los procedimientos sancionadores disciplinarios en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que pone de manifiesto su pertinencia. La investigación se desarrolla con base en una metodología dogmática a partir del análisis de la información obtenida por técnicas documentales en torno a la legislación, la doctrina y la jurisprudencia. Los resultados permitieron poner de manifiesto que los criterios de los tribunales federales no mantienen una postura clara sobre el objeto de tutela en el derecho disciplinario.

Que el individuo debe tener completa protección de su propiedad y de su integridad es un principio tan antiguo como la vida del ser humano, pero, cada tanto, se volvió necesario definir de nuevo la naturaleza exacta y el alcance de esa protección. A medida que la civilización avanzó, se puso en debate que los sentimientos y el intelecto de un individuo tanto como su integridad física también entraba bajo el alcance de la ley y del derecho a la privacidad. La Constitución iraní ha garantizado los derechos individuales y la libertad en el artículo 9. Entonces, cuando se aprueba la intromisión a la escucha, se deben otorgar las adecuadas garantías para proteger los derechos de los individuos. Un enfoque equilibrado al problema de las intromisiones del gobierno en la vida privada apela al sentido común, pero es difícil de aplicar. La Constitución iraní hizo referencia explícitamente a la prohibición de las escuchas y la interceptación de conversaciones en su artículo 25. El artículo 582 del Código Penal Islámico ratificado en 1996 ha criminalizado las escuchas por oficiales del gobierno. El artículo 104 del Código Procesal Penal hace referencia a las escuchas por orden de un juez. Este último código fue suprimido por el artículo 150 del nuevo Código Procesal Penal ratificado en 2014, que entrará en vigencia en octubre de 2014.

El objetivo del presente trabajo es determinar el tenor científico de la sociología de la religión a través de una reflexión acerca de su método y el de sus fuentes. A tales fines y con el objeto de honrar su nacimiento, se ha elegido a “La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo” -su piedra fundacional- como la obra a ser analizada. Para ello, es necesaria una breve introducción acerca del concepto de ciencia -sus implicancias y sus derivaciones-, así como también una somera descripción de la circunstancia histórica en la que la producción de la obra en análisis tuvo lugar. A la postre, será desarrollado el estudio de su episteme, arribando oportunamente a las conclusiones parciales y definitivas

Diversos estudios e investigaciones se han publicado sobre el tema, entre ellos VINCENÇ FISAS, ve que una cultura de paz en buena medida constituye el reto planetario de abordar los conflictos desde otra mirada. La investigación trae del trabajo del autor referenciado, apuntes sobre negociaciones y resolución de conflictos sobre el agua acompañados de elementos teóricos y prácticos, en cuanto la resolución de conflictos sobre el agua es tema altamente vigente en los países que vivimos y visitamos. No obstante, se observa que el conflicto es un fenómeno omnipresente en la historia de la humanidad, advirtiendo que, sin intervalos, llegan noticias sobre personas, miembros o instituciones de la comunidad que se enfrentan o entran en controversias entre ellas, originando tensiones entre países o al menos amplios grupos sociales de un país. Permite el ejercicio de investigación, abordar la negociación circunscrita a la interacción,  comunicación, en defensa de intereses determinados,  incompatibles, propiciando ver la solución, el conflicto y la teoría de juegos, ante situaciones de contaminación ambiental y seguridad  humana.

El presente artículo explora las repercusiones que tiene la protección constitucional del derecho a gozar de un ambiente sano, a partir del ejercicio de las acciones constitucionales frente a la explotación minera del Cerrejón. El análisis es elaborado con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual en materia de protección al medio ambiente sano en el departamento de la Guajira es limitada, a pesar del evidente desequilibrio natural que amenaza la supervivencia del entorno de esta región del país. Sin embargo, se llega a la conclusión que las acciones constitucionales presentadas han generado unas repercusiones de carácter legal e impuesto un límite al ejercicio de la actividad minera en el Cerrejón.

   

En el año 2011 hubo una transcendental reforma jurídica estructural en México: la incorporación en la Constitución del concepto de los derechos humanos. La reforma constitucional en el artículo primero consigna que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos…”. Una norma secundaria, Código Fiscal de la Federación, contempla a la clausura fiscal como “sanción preventiva”, lo cual, además de que evidencia una notoria falta de técnica legislativa, es ostensiblemente inconstitucional y viola derechos fundamentales del contribuyente, como son el debido proceso y la garantía de audiencia, entre otros. Dicha figura jurídica aparece con un origen cuestionado y su aplicación pende cual “espada de Damocles” sobre el deudor fiscal. Aquí se analiza el tema en varias de sus aristas y se propone una solución.

En relación al contrato de fiducia, es relevante para el derecho del consumo establecer los elementos que categorizan un contrato como el de adhesión. Esto, toda vez que la calidad adhesiva del clausulado en este tipo de contratos determina la activación de los mecanismos de control de cláusulas abusivas, como la obligación de presentar el modelo de contrato ante la autoridad administrativa para su revisión y aprobación. Además, tratándose de un negocio fiduciario, una clausula solamente podrá ser considerada como abusiva en cuanto se encuentre estipulada en un contrato de adhesión. En virtud de lo anterior, y de las particulares características del contrato de fiducia se hace necesario el análisis particular de los elementos que determinan el carácter adhesivo de un contrato en este tipo contractual. Los principales elementos a considerar son el carácter masivo del contrato, la negociación con el cliente final, el margen de negociación de sus estipulaciones y la posible existencia de fideicomitentes adherentes en relación con las normas que regulan al negocio fiduciario, los derechos que la ley comercial le otorga a los fideicomitentes y las obligaciones del fiduciario.

En el marco de la globalización actual, el derecho privado, encargado de normar las relaciones comerciales propias de este fenómeno, ha logrado resistir y amoldarse a los replanteamientos de paradigmas que ello implica. En ese contexto, el soft law, auxiliado por el paradigma liberal de la autonomía de la voluntad, se instaura como una fuente alternativa del derecho, adaptable a los cambios y que puede acogerse eficientemente a las realidades que lo transforman. Esto genera que los agentes comerciales les den una amplia aplicación, debido a la persuasión causada por la calidad sustancial de los contenidos de instrumentos ‘soft’, así como por la aceptación general que han tenido varios de ellos en disimiles escenarios del medio mercantil. El progresivo acaecimiento del fenómeno descrito hace parecer que expresiones de la nueva lex mercatoria se vivifiquen; algunas de ellas, como se mencionará en el presente escrito, en el entorno jurídico colombiano.

El presente escrito pretende analizar una medida de coerción de carácter personal, la captura, teniendo en cuenta que la normativa del sistema penal acusatorio sólo prevé la captura judicial y la captura en flagrancia, pero abandonó – u olvidó – legislar sobre la captura de carácter administrativo. En consecuencia de lo mencionado y resaltando la importancia de la libertad para los seres humanos, se pretende revisar si es posible aplicar la captura administrativa según la ley vigente o, por el contrario, la misma no encuentra acogida en nuestro sistema jurídico actual. Por lo anterior, se estudiará la figura de la captura administrativa a la luz del nuevo Código Nacional de Policía y de Convivencia y se llevará a cabo un análisis jurisprudencial, tanto de las posturas que admiten la captura administrativa como de aquellas que rechazan esta posibilidad, para dar como conclusión las consideraciones de los autores.

Dentro de las novedades incorporadas por el Código General del Proceso Colombiano, encontramos en el libro tercero, el tema de la prueba pericial en el ordenamiento procesal civil colombiano, la nueva forma en cuanto a la práctica de este medio de prueba, se constituye en una de las herramientas más útiles para la realización del proceso judicial civil, en términos razonables.

El presente artículo muestra en su primera parte cómo, desde los orígenes del país, han existido movimientos irregulares armados como consecuencia de la violencia endémica que ha afrontado Colombia desde su independencia, y las transformaciones que estos han tenido en su historia, hasta convertirse en las guerrillas cuyo objetivo se orientaba hacia la toma del poder por la vía de las armas. Así mismo, se reseña la evolución de las organizaciones criminales denominadas BACRIM, como derivación de las autodefensas transformadas posteriormente en paramilitares, luego de los procesos asumidos de la Ley de Justicia y Paz del 2006, que facilitó su desmovilización, y las bases jurídicas y políticas que las originaron y favorecieron su desarrollo, posibilitando que se convirtieran en movimientos armados partícipes del conflicto interno colombiano, disputándoles militarmente el poder local y regional a las organizaciones guerrilleras, mientras ejercían simultáneamente las conductas delictivas que subyacían en su razón de ser criminal. En este contexto, y en la medida en que paralelamente con el Estado las BACRIM combatían a los movimientos subversivos, consideraron que sus actuaciones tenían una finalidad política, por lo tanto se les analiza como posibles agentes susceptibles de ser sujetos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en tanto grupos armados generadores y partícipes de conflictos armados internos (CANI), buscando determinar si  cumplen con los parámetros establecidos por la  Cruz Roja Internacional (CICR), y las consecuencias políticas y legales de dicha valoración.

El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar y validar indicadores de engaño a través del lenguaje no verbal que permitan detectar el engaño en contextos penales. La investigación es validación de contenido por medio de juicio de expertos. Para ello se eligieron 19 jueces que tuvieran una experiencia mínima de 5 años en la realización de entrevistas judiciales o con fines legales. El lenguaje no verbal puede ofrecer información sobre la presencia de mentira, pero es necesario tener entrenamiento para que aspectos como creencias no intervengan y afecten las investigaciones judiciales. Debido a estas dificultades el uso de estos indicadores no verbales de mentira es poco aplicable y se sugiere la aplicación de evaluaciones más objetivas en el campo de la psicología del testimonio.

Como una institución colegiada, el parlamento está cobrando más importancia en los países donde están ocurriendo procesos democráticos, ya que es el espacio politico favorito donde los diferentes componentes de la sociedad pueden establecer sinergias para generar un cambio democrático suave y efectivo. Como la organización bicameral o unicameral del parlamento puede tener implicaciones sociopolíticas significantes, es importante entender las motivaciones que subyacen a la elección entre estos dos tipos de organización. Esta investigación intenta evaluar las razones subyacentes a la institución, el restablecimiento o la anulación de la segunda cámara parlamentaria en algunos países del norte de África, concretamente: Algeria, Egipto, Marruecos y Túnez. Esta evaluación será llevada a cabo dentro del marco del enfoque comparativo y con una referencia particular a la tradición francesa como fuente de inspiración para los países en estudio.