vol. 11 núm. 15 (2018)

¿Por qué razón el que fuera presidente electo de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, se encuentra en el exilio? ¿Qué justifica que el más importante tribunal penal de España juzgase a un grupo de jóvenes de un remoto pueblo de Navarra tras una riña de bar donde no hubo muertos ni heridos graves? Para poder dar respuesta a estas preguntas este artículo indagará en los orígenes y desarrollo del excepcionalísimo español. Nos asomaremos a la legislación decimonónica utilizada para combatir a obreros peninsulares e independentistas cubanos. Examinaremos los tribunales de excepción del franquismo, prestando atención a los orígenes norteafricanos del régimen fascista del general Franco. Comprobaremos cómo los tribunales de excepción del franquismo pasaron a manos de la democracia sin sufrir transición alguna. Finalmente analizaremos el imparable ascenso del derecho penal del enemigo en la actualidad por medio del análisis crítico de los casos de Altsasu y de la Generalitat de Catalunya.

Este ensayo se centra en analizar la delimitación o establecimiento de “contornos” o “fronteras” de los derechos fundamentales a fin de proteger su contenido esencial para garantizar su aplicación efectiva. En este sentido, se argumenta que el Estado debe integrar las normas internacionales al ordenamiento interno para conseguir el máximo alcance de ese núcleo fundamental. Como resultado, se considera que la protección de este contenido esencial se convierte en el límite máximo del poder del Estado, para imponer restricciones o limitaciones a los derechos fundamentales.

Este artículo analiza desde un enfoque histórico-jurídico la repercusión de la ética en los derechos humanos; estableciendo que el estudio de la ética tiene como finalidad la reconstrucción de los estados modernos con el propósito de generar nuevos paradigmas y modelos teóricos. Instituyendo que los derechos humanos requieren de ética profesional e imparcialidad jurisdiccional al momento de interpretar la norma jurídica.

En el presente trabajo se estudian los casos de homicidios intencionales ocurridos durante 2016 en Venezuela, donde las víctimas fatales fueron funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. El objetivo es caracterizar de manera general cómo se presenta el fenómeno en todo el país. Se contrastan también los resultados del análisis de casos ocurridos en el Área Metropolitana de Caracas durante el año 2013, de una investigación que sirve de antecedente, con los resultados de lo observado en los casos de 2016 en la misma zona. Posteriormente, se contrastan las características generales de los casos del Área Metropolitana de Caracas con los del resto del país.

El Sector Agrario resulta una gran particularidad no solo por sus antecedentes históricos, sino por su relación con la economía nacional, el vínculo a nuestra cultura y raíces, su apego indiscutible al devenir político, así como la influencia del entorno internacional.El presente estudio analiza el desarrollo de los derechos sociales, particularmente en el sector agrario, su impacto económico en el País y la repercusión que converge en índices de pobreza. En razón de la naturaleza de este último enunciado, se dispone a aplicar un método de estudio con enfoque multidisciplinario en el cual se transite el ámbito, social, legal y económico que demuestre de manera objetiva el enorme reto que tiene el estado mexicano para buscar nuevas estrategias de desarrollo social, que permitan una mejora económica y competitiva en el nuevo mundo globalizado.

El propósito de este artículo es abordar el tema de los procesos de movilidad internacional de las personas y su relación con el reconocimiento de derechos. Para ello, se analizan los resultados de entrevistas semiestructuradas, realizadas a miembros del sistema judicial argentino (particularmente a aquellos que ofician como defensores de derechos de extranjeros y otros operadores judiciales) así como también algunos cambios normativos a nivel nacional. Entre los resultados relevantes, cabe mencionar que se evidencia que existen una serie de obstáculos simbólicos y materiales (vinculados con representaciones sociales construidas históricamente sobre los extranjeros) que dificultan, al interior del sistema judicial, una concepción de los migrantes, como sujetos de derechos,que sea plenamente universal.

El año 2006 se preparó la campaña de convocar el Referendo del agua para garantizar su derecho fundamental. Con esta campaña también se da inicio a la defensa de los acueductos comunitarios y la propia autogestión de la comunidad para garantizar su propio derecho.Colombia vive un momento especial en defensa de sus derechos de la naturaleza a partir de los acuerdos de pazy hoy es necesario entrar a regular la autogestión comunitaria del agua. El problema de la investigación se concentra en analizar si al proteger esa autorregulación comunitaria del agua se podrá garantizar el derecho al agua como un bien de interés público.Metodológicamente se utilizó fuentes documentales, informes de acueductos comunitarios, organismos de control. aplicando   los métodos -deductivo, inductivo y análisis en el diagnóstico del cumplimiento del acceso al agua potable como un derecho en las comunidades que administran el recurso hídrico.

La convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ha señalado que por discriminación se entiende “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo (… ) en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera“; la política ha constituido uno de los ámbitos sustantivos en el que se expresa la situación de desigualdad entre mujeres y hombres, sus dispositivos y estructuras han restringido el derecho de las mujeres para acceder y participar de la misma manera que los hombres en los espacios políticos y de toma de decisiones. En la reforma constitucional del año 2014 en materia político electoral, se dio un paso decisivo para eliminar la legendaria discriminación que ha existido hacia la mujer en el ámbito político-electoral, en especial en la participación activa de la mujer en la vida política del país, su derecho a ser votada en cargos de elección popular, en igualdad de condiciones con los hombres, con una paridad de género. En el presente trabajo, no sólo se pretende llevar a cabo un estudio de esta relevante reforma constitucional en materia político-electoral, a través de la cual, entre otras cuestiones, se abordó la paridad de género; sino que también, se llevará a cabo un estudio del derecho a ser votado desde el enfoque de la paridad de género a la luz de los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En España el Estado liberal del siglo XIX impone el principio del contratista interpuesto en la construcción y la explotación de las obras públicas. La legislación administrativa prefiere la ejecución de obras mediante contrato y concesión administrativa, admitiendo excepcionalmente la ejecución directa de las obras por la Administración pública.

En materia de delincuencia juvenil en Francia, los servicios de Protección judicial de la juventud aplican las sentencias de los tribunales de menores: sus servicios abarcan las medidas de libertad vigilada junto con las penas sustitutivas. Su ámbito se extiende también a las instituciones que se hacen cargo de los delincuentes juveniles. Cuando el Juez de menores impone una pena privativa de libertad en una institución de delincuentes juveniles, el juvenil es apartado de su familia y sigue un programa educativo a tiempo completo en une institución especifica. De esta manera, la cuestión de la libertad de religión y la práctica religiosa puede surgir en el sistema legal particular: el estado francés tiene una organización política y legal especial sobre las religiones llamada laïcité. De la misma manera, el legislador reafirma la importancia de los derechos del niño, pero existe un matiz legal sobre la libertad de religión para los niños. Por lo tanto, el ejercicio de equilibrio entre la libertad de religión y el respeto del principio de laïcité es interesante para comprender la forma en que los servicios de Protección de Menores y Justicia Juvenil usan para proteger esta libertad fundamental.

El presente trabajo tiene como objeto realizar un análisis jurídico de los procesos de reestructuración administrativa de las entidades de la Rama Ejecutiva, como facultad de orden legal del ejecutivo      de modificar la planta de personal, atendiendo a la eficiencia administrativa y a las necesidades del servicio. Por tal razón, se analiza la presunta vulneración al derecho  de  asociación  sindical de los servidores públicos, que cuentan con prerrogativa del fuero sindical, surgida como consecuencia de  la  facultad  del  ejecutivo  de emprender una reestructuración de las entidades adscritas a la misma. Se concluye que el derecho sindical y   la garantía foral, no se encuentran protegidos totalmente en la legislación colombiana, como quiera que la línea jurisprudencial en las altas cortes del país, son más de tipo legalista que garantista de los propios derechos.

Las iniciativas públicaspara el desarrollo de nuevos proyectos o simplemente para el buen funcionamiento del Estado, han requerido de la aplicación de algunas de las figuras del derecho privado, las cuales han demostrado ser más acordes con las finalidades perseguidas, por ello, en la Ley 489 de 1998, el legislador colombiano previó la posibilidad de creación de entidades sin ánimo de lucro, en especial las Corporaciones Mixtas, como un medio de colaboración entre el sector público y privado. No obstante, el ideal buscado, existen puntos de intersección en el desarrollo de estas instituciones como en su constitución, al momento de establecer y pagar los aportes, que afectan su patrimonio. Los recursos públicos irradian de tal manera que parecen marcar la directriz a seguir en una institución que por su naturaleza y concepción es netamente privada. Por tanto, el presente artículo analiza la influencia del régimen público en el patrimonio de las Corporaciones mixtas utilizando para ello el método descriptivo en un marco de lo cualitativo y analítico, respecto de los referentes teórico, histórico, jurisprudencial y normativo, mostrando al lector la problemática presentada debido a la dualidad del origen de los recursos.

Los objetivos principales del trabajo de investigación titulado “La primigenia estructura de la justicia” del que trata este artículo, son esencialmente plantear dicha estructura, mostrar la manera en que tienen cabida las “tres dimensiones de la justicia”, es decir, cómo logran existir de manera coexistente e independiente, para lo cual es necesario indicar en qué consiste cada una de las comentadas dimensiones, entre otras, señalando la forma en que cada una tiene un carácter deontológico y ontológico, para finalmente mostrar por qué el uso del método fenomenológico es particularmente útil al buscar entender un aspecto especial y fundamental de la justicia, su ser. La metodología del trabajo consistió, en su primera fase, en hacer una recopilación documental de las más importantes teorizaciones sobre la justicia, desde los griegos clásicos hasta el debate contemporáneo, donde toda esta información fue analizada y comparada con algunos hechos relevantes para intentar dar cuenta de su significado y aplicabilidad a casos concretos, y en una segunda fase, traducir estos resultados en la “primigenia estructura” donde, para tener acceso a la tercera dimensión de la justicia fue necesario hacer uso del método fenomenológico. Conclusivamente, el trabajo referenciado mostró la importancia de la idea de la justicia en la historia del pensamiento humano, donde pese a no poder encontrarse un acuerdo concreto respecto a la definición de esta o su contenido, se ha podido acordar de forma mayoritaria que la justicia es un patrimonio, es un bien que vale la pena perseguir y realizar, y dicha realización está cercanamente relacionada con la existencia de unas “reglas de juego”, unos mandatos de organización que son legítimos per se o que legitiman todo tipo de instituciones, como sucede con el Estado.

Teniendo en cuenta la ausencia de normas específicas que regulen todas las controversias originadas en contratos de trabajo con elementos extranjeros, el objetivo principal de la investigación es proporcionar herramientas de interpretación a los operadores jurídicos. Durante el desarrollo del proyecto se analizaron cuáles son los conflictos originados en los contratos de trabajo, el ámbito de aplicación y las soluciones brindadas por el Derecho internacional privado colombiano a la luz de los principios constitucionales; así como de la doctrina y la jurisprudencia en la materia. Como resultado, se establecieron los casos enmarcados en la materia, cuándo se presenta el denominado conflicto de leyes, las reglas para determinar el derecho aplicable, la jurisdicción internacional y la importancia que revisten en la materia el domicilio del empleado y del empleador, así como el lugar de celebración, el lugar de prestación del servicio y la autonomía de la voluntad de las partes. En conclusión, se estableció como regla general que el contrato de trabajo se regirá por la ley elegida por las partes, sumada a la aplicación del principio de la regla más favorable; o en ausencia de elección, se aplicará el derecho señalado por la norma de conflicto, es decir, la ley del lugar de prestación del servicio de conformidad con el principio de primacía de la realidad. Finalmente, los principales criterios atributivos de jurisdicción son: el lugar de cumplimiento y del domicilio del demandado.

Durante los últimos cincuenta años, el arbitraje comercial internacional se ha convertido en el método de solución de controversias más idóneo para resolver las diferencias que se pueden presentar en el marco de las relaciones contractuales existentes entre los operadores del comercio internacional. Para la consolidación del arbitraje, tal y como lo conocemos en la actualidad, múltiples esfuerzos a niveles teóricos y prácticos se han realizado con el fin de darle un valor y un significado específico a la noción de arbitraje comercial internacional, y de esta manera diferenciarlo de lo que hoy conocemos como arbitraje nacional. Las características propias del arbitraje comercial internacional, frente al arbitraje nacional, hacen pensar que hoy podemos hablar de un orden legal del arbitraje comercial internacional, separado completamente del orden legal estatal que rige el sistema legal de un Estado. Pese a que esta noción tiene defensores y detractores, se constituye en la base para la confluencia de nociones modernas de derecho internacional privado que no pueden ser desconocidas, en este mundo que se ha encaminado hacia la ruta de la globalización.

En este artículo se analizará el parámetro del control de regularidad constitucional, como el nuevo paradigma que surge precisamente como un mecanismo de control jurisdiccional y protección de los derechos humanos a raíz de la reforma constitucional del 6 de junio de 2011, y de las sentencias en contra del estado mexicano, en especial, al expediente varios 912/2010, formado con motivo de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos Rosendo Radilla Pacheco en contra del Estado mexicano y una serie de asuntos expuestos ante nuestro Tribunal Constitucional mexicano, como son: un juicio de amparo, una acción de inconstitucionalidad; una contradicción de tesis 293/2011, que llegaron a establecer este nuevo paradigma del control de regularidad constitucional, sujeto en nuestra opinión, a revisiones futuras. Un paradigma nuevo que nos hace reflexionar sobre el futuro constitucional en nuestro país.

Quién es indígena es una cuestión que a menudo es difícil de contestar desde la perspectiva del derecho no indígena. Lovelace c. Canadá es uno de los casos claves de derechos indígenas. Es un precedente importante, pero no establece un derecho subjetivo ilimitado de ser indígena en el marco del PIDCP. La decisión de Lovelace v. Canadá no puede interpretarse como un precedente para que los Estados partes del Pacto puedan permitir que alguien reclame la identidad indígena, sin el consentimiento del pueblo indígena en cuestión. El Convenio 169 de la OIT refuerza la posición de los pueblos indígenas en este sentido. La autoidentificación tiene múltiples dimensiones: la colectiva, la individualy lacolectiva del yo a través de la identificación de un individuo como indígena. Sólo los pueblos indígenas pueden decidir quién es uno de sus miembros. Esta decisión es un derecho soberano del colectivo.