vol. 20 núm. 1 (2011)

DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.8 La Constitución Española de 1978 establece una distribución de competencias entre el Gobierno central y las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA) que conforman el territorio español. Algunas de estas son exclusivas del Gobierno central y otras compartidas con los diferentes gobiernos autonómicos. Cada Comunidad Autónoma (CA) debe negociar su “Estatuto de Autonomía”, en el que se incluye el traspaso de determinadas competencias acordadas con el Gobierno central. El salvamento marítimo es una facultad compartida entre los niveles políticos antes mencionados. Así, el Gobierno central tiene competencias legislativas sobre salvamento marítimo y las CCAA tienen competencias ejecutivas en esta materia. A nivel nacional, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992 regula el salvamento marítimo creando la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), habiendo sido esta normativa declarada constitucional por el Tribunal Constitucional español. La Comunidad Autónoma de Canarias ha promulgado diversas normativas en ejercicio de sus facultades constitucionales en salvamento marítimo. DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.8

DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.6Los Principios de Yogyakarta (2007) tienen como fin la aplicación de los derechos humanos en relación con la “orientación sexual” y la “identidad de género”. El presente artículo pretende clarificar su significado e ideología, origen, carácter y objetivo —puesto que son en gran parte ocultados—, así como su poderosa influencia en España. DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.6

DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.7El presente ensayo pretende analizar la influencia que la figura del test de razonabilidad de los derechos fundamentales tiene hoy en el sistema de reincorporación de grupos al margen de la ley que adopta la Ley 975 del 2005.La jurisprudencia, y las demás fuentes recurridas, invitarán a hacer un análisis del problema a partir del apoyo conjunto de instrumentos de la política criminal y el análisis constitucional, con el fin de reconstruir la teoría en la cual se apoyan dichas normas en Colombia. Esto llevará a enfrentar, académicamente, la teoría y la política criminal que se han venido aplicando hasta hoy, frente a la Ley 975 del 2005 de verdad, justicia y reparación. O lo que será el planteamiento de una justicia retributiva frente a una restaurativa. DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.7

DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.4 En este artículo nos proponemos vincular el análisis etnológico de Ralph Dahrendorf sobre la estructura de poder tradicional con la aguda propuesta de las "clases de Estado" formulada por Carl Schmitt atendiendo a la pre­ponderancia de una u otra de las funciones del poder. Finalmente señala­remos cómo el orden político medieval occidental se configuró según una forma mentis tradicional, que se contrapone a la mentalidad racionalista del iluminismo moderno. DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.4

DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.5La supremacía constitucional posee en su naturaleza dos vertientes que explican su funcionamiento. Por una parte está el aspecto formal, sin el cual carecería —en buena medida— de fuerza y exigibilidad. Hoy en día este aspecto se ha visto mermado, pues la supremacía del texto constitucional en aquellos sistemas donde existen bloques de constitucionalidad es compartida con otros ordenamientos, tal es el caso de los tratados internacionales de derechos humanos. Por otra parte, está el aspecto material, sustancial o axiológico, el cual expresa lo más importante que tutela una Constitución: los derechos humanos y la dignidad de la persona. Ambos aspectos son vitales para un adecuado quehacer constitucional. DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.5

DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.3Pocas veces se ha indagado el origen y las causas de la oposición entre physis y nómos. La llamada Ilustración griega, que se da en el siglo V a. C., surge como una explicación inicial de la suerte que ha corrido la her­menéutica de dichos conceptos. Es relevante hablar de la etimología de ambos términos griegos, pues los cambios y las ampliaciones provocadas por el uso lingüístico son punto de partida para la reflexión filosófica. Esta puede generarse en distintos ámbitos y son especialmente ilustrativos al respecto el de la tragedia, el de la política y el de la filosofía en su enfrenta­miento con la sofística, si nos ubicamos en el siglo V. Allí, en la discusión política, en la reflexión filosófica y en el teatro trágico puede apreciarse con mayor realismo el significado último que los griegos dieron a uno y otro, al nómos y a la physis. DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.3

DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.1Los cambios políticos y económicos del final de la Guerra Fría motivaron una nueva visión del Derecho desde una óptica marxista. La visión ideologi­zada de la teoría y de la práctica jurídica fue el uso alternativo del Derecho. Tal visión confiere al juez y a la decisión judicial un papel fundamental en el desarrollo de una estrategia y una táctica política de cambio de inspira­ción marxista-gramsciana. DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.1

DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.2A través de la confrontación de las tesis más relevantes que Atienza y Ruiz Manero proponen en su artículo "Dejemos atrás el positivismo jurídico", el autor pretende mostrar -a partir de la respuesta a las preguntas "¿qué iuspositivismo hemos de dejar atrás?", "¿por qué?" y "¿cómo?"- que existen en el iuspositivismo debilidades explicativas graves respecto de la realidad jurídica, y que estas están vinculadas tanto al escepticismo ético como a la negación de la existencia de un Derecho natural en sentido propio, es decir, de raigambre antropológico-metafísica. Por otro lado, se tratará de evidenciar que dichas debilidades explicativas le son comunes también a los intentos pragmático-constructivistas de superación del iuspositivismo por lo que, en última instancia, ninguno de dichos esquemas conceptuales puede dar cuenta cabal de una realidad como los derechos humanos que se presentan como deudas ético-jurídicas inexcusables fundamentadas en la dignidad ontológica de todos los seres humanos. DOI: 10.5294/dika.2011.20.1.2