vol. 12 núm. 2 (2020)

Luego del establecimiento de la Nueva Granada como República en 1832, sus autoridades trataron de darle forma a un sistema judicial con cobertura nacional. Este artículo analiza el funcionamiento de este ramo de la administración pública y los delitos más frecuentes en el Caribe neogranadino entre 1832 y 1853. Argumento que autoridades regionales y locales mediante peticiones y sugiriendo reformas, jugaron un rol central en la formación y fortalecimiento de las instituciones judiciales. El texto, a partir de la revisión de más 1500 edictos, denuncias y sentencias judiciales encontradas en la prensa, evidencia que las mismas estuvieron mayoritariamente relacionadas con delitos contra las personas y las propiedades, al tiempo que es visible una tendencia a no denunciar y juzgar los delitos contra la moral pública. Estos delitos revelan tensiones de clase, raza, género, así como la existencia de una sociedad marcada por la pobreza, los prejuicios raciales y la violencia contra la mujer.

La pena de galeras, aplicada en Europa en la antigüedad clásica, el medioevo y el Renacimiento, conoció transformaciones en los siglos posteriores. En esencia, el uso de reos o personas no deseadas de la sociedad para obligarlas a realizar uno de los trabajos más exigentes y peligrosos, fue una práctica que se extendió hasta el siglo XVIII. Los cambios acaecidos con el tiempo generaron modificaciones en la forma en la que se continuó usando reos. Con la llegada de los españoles a América, ya no se castigaba con la pena de galeras; el reo, el marginal, el pobre o el criminal pasaron a ser parte de las filas de trabajadores forzados de las obras públicas, fábricas o minas. Para el siglo XVIII, el utilitarismo punitivo fue una de las herramientas que continuó teniendo vigencia y le permitió a las autoridades y a la Corona española poder llevar a cabo sus planes para la optimización de los recursos de sus colonias.