Migrante es toda persona que realiza un desplazamiento geográfico a un país diferente, cuando se interna en dicho territorio el ordenamiento jurídico le reconoce la calidad de extranjero. El Derecho del Estado nación diferencia claramente entre nacionales   y extranjeros, esta es la dicotomía que ha definido la historia de la Nación-Estado. En “Las Leyes”, Platón contextualiza las relaciones entre compatriotas y extranjeros dentro de la obligación griega de la hospitalidad; entonces aunque esta condición humana no es nueva en la historia humana, las condiciones sociales y económicas de los Estados globalizados y sus sistemas de fuentes normativas deben saber cómo ejercer un adecuado enfoque de derechos humanos en sus políticas migratorias, particularmente cuando en estas políticas tienen lugar procedimientos migratorios que pueden afectar la esfera jurídica de una persona por su condición de nacionalidad, y en donde es importante proveerles de un conjunto de garantías mínimas, para de forma general garantizar la imparcialidad del proceso y de forma subjetiva evitar que la vulnerabilidad del migrante se agrave, es decir no poner todo el peso del proceso en una sola parte, sino que con el enfoque del derecho humano al derecho del debido proceso, se le garantice un trato digno e imparcial en el procedimiento migratorio.

La perspectiva de género como fenómeno sociocultural ha sido causa de estricta interpretación y aplicación de la ley, por los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos en la solución de un conflicto que comprende a estas mismas competencias. Razón por la cual desde este punto de vista, emerge una protección más garantista por parte de las autoridades en conflictos relacionados al género, y que para el caso en particular, donde más violaciones o abusos han existido son en contra de la mujer, precisamente a causa de su condición de género.

El trabajo analiza criterios jurisdiccionales en relación con la aplicación del principio de presunción de inocencia en el derecho administrativo sancionador desde la perspectiva de su aplicación en el derecho disciplinario. En este contexto, el trabajo tiene por objetivos: Observar la trascendencia de homologar el ámbito penal y el administrativo en la aplicación de principios, analizar la naturaleza de las distintas expresiones del poder sancionador del Estado y reconocer la importancia de crear un marco de aplicación propio del derecho administrativo sancionador. El trabajo se desarrolla en un momento de transición hacia la aplicación de los procedimientos sancionadores disciplinarios en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que pone de manifiesto su pertinencia. La investigación se desarrolla con base en una metodología dogmática a partir del análisis de la información obtenida por técnicas documentales en torno a la legislación, la doctrina y la jurisprudencia. Los resultados permitieron poner de manifiesto que los criterios de los tribunales federales no mantienen una postura clara sobre el objeto de tutela en el derecho disciplinario.