La política cultural oficial de los ministerios, Educación o Cultura, promete, desde hace varias décadas, el fomento de la lectura de libros entre las nuevas generaciones de colombianos. Por ello ha gestionado el apoyo financiero de varios gobiernos amigos, entre ellos el de Japón, para construir bibliotecas en los pueblos apartados; ha consultado una lista mínima de títulos con el CERLALC para dotar esas bibliotecas, ha enviado cientos de cajas de libros a los municipios más distantes para uso de los escolares y sus maestros, y ha concertado con convenios a los alcaldes y los gobernadores para que los maestros y bibliotecarios fomenten la lectura. Pero ocurre que los gobernantes locales no destinan presupuesto para contratar bibliotecarios, no se abren las cajas de libros enviadas desde la capital por funcionarios bien intencionados, no se mantienen abiertas las bibliotecas, no se llenan estas de escolares todos los días. De vez en cuando, algún funcionario del Ministerio decide que es preciso inspeccionar el cumplimiento de los objetivos de los programas de lectura. Contrata entonces a una experimentada bibliotecaria andariega, ojalá santandereana indomable, y la manda por los caminos polvorosos o por las rutas del mar a los confines del territorio nacional, para averiguarcómo los alcaldes han dado cumplimiento a los planes de fomento de la lectura entre sus nuevas generaciones. Esta crónica íntima de esa experiencia personal de una bibliotecaria andariega y santandereana ilustra bien, para los lectores de la Revista de Santander, la distancia que siempre ha existido entre las políticas públicas formuladas en Bogotá y la realidad social de los alejados municipios colombianos. Se trata entonces de un testimonio de una época de la vida cultural de nuestra sociedad, en la que la política cultural de los Ministerios era resistida por la indolencia e incomprensión de las autoridades locales.