El presente artículo de reflexión plantea algunas consideraciones sobre la imputación de responsabilidad penal a empresarios con base en crímenes cometidos por grupos armados. A partir de allí, se pretende establecer cuándo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, puede juzgar líderes empresariales, dado que en el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero FARC-EP se previó como criterio para definir si la JEP es competente frente a civiles, de una manera algo vaga, la “participación determinante” de estos en la perpetración de crímenes graves. Sobre la base de algunas decisiones judiciales que han sido relevantes en el derecho penal internacional, el artículo sostiene que en este tipo de casos la complicidad ofrece un marco de referencia apropiado para la atribución de responsabilidad. Además, propone diferenciar entre la contribución de la persona jurídica al grupo u organización ilegal y la contribución del empresario dentro de la persona jurídica, con el fin de separar la discusión sobre la competencia de la pregunta por el grado de responsabilidad penal individual.

En este escrito se pretende resaltar la necesidad de entender el contenido de los artículos 3º y 4º del Código Penal colombiano, teniendo en cuenta el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, en el cual debe jugar un papel preponderante el principio de proporcionalidad de la pena.

El siguiente artículo de reflexión busca ilustrar algunas de las dificultades que se han presentado durante la implementación de la Ley 975 de 2005 y algunos de los límites que el proceso penal de Justicia y Paz debe afrontar como mecanismo de Justicia Transicional. Para esto se parte de una consideración sobre cómo en Colombia la guerra ha sido fuente de derecho.Precisamente, la Ley 975 de 2005 surge en este contexto y en ella se diseña un proceso penal con características especiales, es decir, con un enfoque diferencial, que busca crear espacios de reconciliación que hagan posible la paz. Sin embargo, el autor concluye que el sistema penal por sí mismo es incapaz de responder a estas exigencias, por lo que termina envuelto en paradojas y contradicciones que llaman la atención sobre la necesidad de políticas más integrales.

El presente trabajo discute las normas que en Colombia se han expedido en desarrollodel Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Colombiano y el grupo guerrillero FARC-EP,en las que se regula la responsabilidad de jefes militares por los crímenes cometidospor sus subordinados. El objetivo es plantear algunas reflexiones sobre el sentido deestas normas, teniendo como punto de referencia el caso Bemba, resuelto en junio de2018 por la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. El autor sostieneque ninguna de estas normas sobre responsabilidad del mando puede fundamentarautónomamente la responsabilidad penal y, por esta razón, aún es necesario acudir obien al derecho penal colombiano ordinario o al internacional. Dichas normas deberíanfacilitar la articulación entre estos dos ámbitos. Sin embargo, ellas presentan variasdificultades interpretativas y no resuelven las tensiones que con relación a este temaexisten entre estos niveles normativos.

El presente artículo pretende determinar qué significado puede tener el principio dialógico en el proceso con reconocimiento de responsabilidad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como explorar posibles implicaciones y dificultades de su concreción. El argumento central es que el principio dialógico constituye un aspecto directamente relacionado con la estructura y el alcance de este proceso, cuyas implicaciones reales aún están por definirse. Sin embargo, la manera como esto ocurra tendrá consecuencias sobre la medida en que se responderá a las expectativas de las víctimas. Las principales dificultades parecen obedecer, en todo caso, a los diferentes objetivos que en este contexto se persiguen con el proceso, dado su carácter penal, restaurativo y transicional, y a las tensiones que surgen entre ellos.

El autor parte de la pregunta sobre el fundamento político de la imposiciónde la pena, lo cual conduce a analizar el contenido de los artículos 3º y 4ºdel Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, en donde se articulan los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de la pena con los fines que la ley colombiana le reconoce. De esta manera, se encuentra que el mismo artículo 3º limita la aplicación judicial de la necesidad de la pena a los casos preestablecidos por el legislador. Teniendo en cuenta el carácter aflictivo de la pena y su aptitud para la afectación de derechos fundamentales, se reclama la argumentación del juez, desde un punto de vista constitucional, en torno a los principios recogidos en el artículo 3º más allá del análisis sistemático y formal de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad; de tal suerte que en casos especiales en donde se pueda sostener válidamente que la imposición de la pena no cumple con sus fines, el juez tenga la posibilidad de abstenerse de imponerla por resultar injustificada (no necesaria) e incluso graduarla por debajo del mínimo legal. Para esto se reseñan algunas teorías sobre los fines y necesidad de la pena. 

Este artículo discute en qué medida la definición jurídica internacional del genocidio protege la identidad cultural de los pueblos étnicos, como interés autónomo, independientemente de la vida de sus miembros. Se defiende la tesis de que la identidad cultural constituye un objeto de protección con relativa autonomía. Si bien es posible interpretar ampliamente el término destruir, los medios para lograr la destrucción son limitados, pues necesariamente se deben subsumir en los actos de genocidio enunciados en el artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Sin embargo, se advierte que estos actos no se dan siempre en condiciones análogas, ya que los efectos de la violencia dependen del contexto en el que esta se ejerce y de las características del grupo atacado. Para sustentar esta reflexión, el artículo conecta el análisis normativo de la jurisprudencia relevante y los trabajos preparatorios de la Convención con el estudio empírico del caso del pueblo nasa; así, se busca ilustrar algunos daños que la identidad cultural de los pueblos indígenas puede sufrir en conflictos armados. El artículo llama la atención sobre la importancia de la interpretación contextualizada de este crimen.

Los autores analizan desde la reciente tesis del derecho de daños de los derechos humanos, la doctrina de la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo subversivo M-19, los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá - Colombia.