vol. 5 (2017): global iure

Los problemas que enfrenta el estado colombiano suceden en zonas específicas, pero en muy pocas ocasiones se han realizado intervenciones pensadas en y desde los territorios. En el caso de la política antidrogas, en particular la Erradicación de cultivos ilícitos, se ha dado el mismo tratamiento a todas las zonas del país afectadas con la siembra. La etapa más reciente de esta política pública, establecida en los municipios del Parque Natural Nacional Sierra de la Macarena, se presenta como un escenario para poner en funcionamiento acciones de erradicación de base territorial y que incluyen, además, la consolidación de instituciones y de condiciones económicas y humanas, que espera permitan el abandono definitivo de la coca como fuente de vida y muerte.

La labor de los medios de comunicación está íntimamente ligada con algunos derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Sin embargo, en algunos casos y al desarrollar su función, pueden llegar a ocasionar perjuicios a los particulares, bien sea por masificar una información de forma errónea, deficiente, inoportuna, tergiversada, o violando algún derecho fundamental. Estos perjuicios deben ser resarcidos a los afectados, para ello es posible acudir a la jurisdicción civil en aras de interponer las diferentes acciones de responsabilidad civil extracontractual, y/o acudir a la jurisdicción contenciosa-administrativa, por medio de una acción de reparación directa en contra el Estado por ser el responsable del control y vigilancia de estos medios de comunicación.

El proceso civil de corte social y público que se acogió en Colombia, implicó que no se implementara un sistema procesal inquisitivo o un sistema procesal dispositivo, sino que se aplicara un sistema procesal mixto, que otorga la dirección del proceso al juez por ser portador de la visión institucional del interés general y que, en materia probatoria, ante situaciones de penumbra o de incertidumbre sobre los hechos enunciados por las partes, le permite decretar y practicar pruebas de oficio para obtener un adecuado conocimiento de los hechos o una comprobación confiable de los mismos, complementando la iniciativa probatoria de las partes, pero respetando la congruencia de la sentencia y las garantías procesales de las partes para que su decisión sea una decisión justa.

El derecho del consumo ha tenido una evolución desde su etapa anterior a la Constitución de 1991, hasta la actualidad, logrando notorios alcances, creándose herramientas, instrumentos y acciones en favor del consumidor, que han fortalecido este naciente campo de la ciencia jurídica. El escrito hace un llamado para que, desde la academia, el derecho del consumo sea estudiado con mayor profundidad, dándole en su aplicación el matiz constitucional que contribuirá a su continuo desarrollo. También, plantea la necesidad de crear herramientas a nivel regional, que permitan ampliar y mejorar, en términos de eficacia, la salvaguarda que ejerce el derecho de consumo de la protección de las garantías de los ciudadanos, como adquirentes de bienes y servicios.

En este artículo se aborda el concepto básico de la ponderación como método de interpretación. Así las cosas, se tratan dos versiones acerca de este método. Por un lado, la concepción de Robert Alexy, quien defiende una forma de ponderar que incluye valores numéricos; y, por otro lado, Manuel Atienza, quien propone una estructura elemental a la hora de poner en práctica la ponderación. Finalmente, se efectúa un análisis jurisprudencial de la sentencia T-1023 de 2010, en la cual se pone en práctica dicho método, pudiendo concluirse que la versión que más se adecúa a la estructura interpretativa y argumentativa de la Corte Constitucional es la de Atienza.

El proceso administrativo de restablecimiento de derechos, es una institución procesal administrativa en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), diseñada para garantizar la efectiva protección del interés superior del menor. Esta instancia faculta a defensores de familia para imponer medidas de protección y restablecimiento de derechos de los menores, orientados por conceptos integrales de un grupo interdisciplinar de profesionales al servicio del ICBF. Sin embargo, muchas de las medidas impuestas, no obedecen a criterios objetivos; y, por el carácter discrecional de la motivación de estas decisiones, en muchas ocasiones, se transgreden derechos fundamentales de menores y padres de familia. El principio del interés superior debe prevalecer en todas las actuaciones procesales en las que se involucren decisiones que afecten, modifiquen o restrinjan derechos de los menores y están determinadas a consideraciones de proporcionalidad, racionalidad y necesidad para que puedan garantizar eficazmente sus derechos. Estas medidas no pueden, aparentemente discrecionales, discriminar ni vulnerar los derechos fundamentales de los progenitores; y pueden dar lugar al establecimiento de la custodia y cuidado personal del menor en cabeza de su padre biológico o en los padres de crianza. Lo contrario afectaría gravosa e irremediablemente los derechos sustanciales de los sujetos involucrados.

La realidad económica contemporánea influye en el desarrollo personal del individuo, considerablemente en la solvencia del consumidor y en la incidencia de la decisión para adquirir bienes y servicios. Sumado a esto, las obligaciones de origen legal, aquellas impositivas como son las tasas y sancionatorias, contribuyen en generar situaciones indeseables en las personas, reflejadas en sus patrimonios, las cuales llevan a situaciones de difícil desarrollo personal, familiar y profesional. Es el interés del legislador otorgar facilidades para las personas, a fin de lograr salidas apropiadas conformes al interés de los acreedores, y las necesidades de los deudores, para salvar la credibilidad crediticia y promover el acceso responsable al crédito.

A la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado en julio de 1998, por delito de lesa humanidad se entienden todos los actos con connotación de graves e inhumanos, cuya naturaleza ofende y afecta a la humanidad en general. Así las cosas, dicho Estatuto contempla en su artículo 7º los delitos que hoy por hoy se aceptan como de lesa humanidad, comprendiendo entre otros al genocidio, la esclavitud, los crímenes de guerra o el crimen de agresión, donde se busca la protección y sanción de ciertas conductas desviadas que, por su naturaleza, requieren de un tratamiento más acentuado que el dado a delitos comunes. Dicho lo anterior, con el presente trabajo se busca ilustrar la posibilidad de implementarse los daños medioambientales de alto impacto como delito de lesa humanidad, con base en los criterios e interpretaciones que impulsan un supuesto de hecho como delito de esta naturaleza, teniendo por base fundamental la importancia de la protección del medio ambiente, como derecho inherente al ser humano.

El presente artículo analiza críticamente la dificultad para perseguir y enjuiciar la responsabilidad internacional de las empresas trasnacionales por daños   ambientales. Para ello se describe sumariamente el problema de investigación, se analiza el caso Colombiano, la constitución ecológica de 1991 y el debate en torno a la naturaleza como sujeto de derechos. Finalmente se propone como elemento para superar la dificultad planteada, revalorizar la categoría que tradicionalmente el derecho en general y el derecho internacional privado en particular, le ha asignado a la naturaleza, pues al asignarle un estatus jurídico como sujeto de derechos, se puede poner en una posición privilegiada el tema ambiental en el ámbito del derecho internacional de inversiones.

Este artículo presenta el panorama teórico legal de la conciliación y la reparación directa, la posición de las partes y el papel de la procuraduría general de la nación, con el fin de identificar los factores que entorpecen la obtención de los propósitos de la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa, planteando alternativas para mejorar su uso o para sustituir su aplicación a favor de un mejor resarcimiento de los daños originados en la actividad administrativa y, al mismo tiempo, contribuir a la descongestión de los despachos judiciales.

Este artículo es el resultado de la necesidad de analizar, un poco más a fondo, el tema del derecho a recibir alimentos que tienen los menores de edad en Colombia, con el fin de determinar si la fijación de la cuota alimentaria es totalmente garantista en el cumplimiento de este deber por parte de los alimentantes. De no existir la fijación de cuota de alimentos, no podrá realizarse cobro alguno, y el directo afectado será el menor a quien evidentemente se le estarán vulnerando sus derechos fundamentales. Por tal motivo, se trata de evidenciar cómo los alimentos para los niños, vistos más que como un derecho, una obligación; pierden de manera importante su enfoque, teniendo en cuenta que, para que se conviertan en una obligación clara, expresa y exigible, deberán ser reconocidos judicialmente. Mientras tanto, en nuestro país, las tasas de desnutrición infantil aumentan y los despachos judiciales colapsan en un gran porcentaje por miles de procesos de alimentos que se radican a diario, con el único fin de recibir una sentencia judicial que ampare y garantice los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes del país.

La Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia C-181 de 2016 sobre el fenómeno de la reincidencia como circunstancia agravante de la pena, a propósito del análisis de la exequibilidad de una disposición contenida en la Ley 1453 de 2011 –Ley de seguridad ciudadana– que dispone el incremento –en el doble– de la pena de multa en aquellos casos en que la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los diez años anteriores. La discusión que aborda la sentencia es si esta disposición resulta contraria a nuestra Constitución, por desconocer el derecho a no ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Esta controversia, sobre la cual existe ya abundante jurisprudencia en nuestro medio, es abordada por el Tribunal Constitucional mediante una extensa argumentación, que la lleva a trasegar –innecesariamente– sobre prácticamente todos los aspectos de la teoría del delito. De manera que, se considera que este fallo cuenta con deficiencias en la forma y en el fondo. Por ello, el propósito del presente escrito es el de analizar la sentencia, presentando observaciones sobre la misma, relacionados con los desaciertos que ciertamente contiene este fallo, y la forma en que se considera debe tratarse la reincidencia en el Derecho Penal Colombiano.