vol. 11 núm. 1 (2015): jurídicas cuc 2015

El presente artículo examina las figuras del incidente de reparación integral y la demanda de parte civil, como mecanismos de acceso al resarcimiento de una víctima dentro del proceso penal, ya sea en la Ley 906 de 2004 o en la aún vigente Ley 600 de 2000. También es un estudio de las diferencias y similitudes entre ambas instituciones

Coincide esta edición de Jurídicas CUC con un momento de crucial importancia para el futuro del país. En La Habana, las comisiones negociadoras del Gobierno nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- se encuentran en un momento culminante dentro de las conversaciones para la terminación definitiva del conflicto bélico que por más de 50 años ha desangrado al país. Luego de varios momentos de incertidumbre en los que, ya sea por las constantes arremetidas de las FARC (ataques a la infraestructura nacional, atentados ambientales, asesinatos de militares, etc.) o por las respuestas armadas del Gobierno, hemos estado ad portas del fracaso en las negociaciones sobre el armisticio, pareciera que a partir de la expedición del Comunicado conjunto No. 55 de julio 12 de 2015 por fin el camino se encuentra allanado para la celebración de un acuerdo definitivo que acabe con el vilo en el que se ha mantenido a la opinión pública nacional e internacional en los últimos meses. El citado comunicado que busca “agilizar en La Habana y desescalar en Colombia” supone que las partes sentadas a la mesa de negociación adopten las medidas necesarias para “llegar sin demoras a la firma del Acuerdo Final”, e igualmente, se comprometan a pactar “los términos de cese al fuego y de hostilidades bilateral, definitivo y con dejación de las armas, incluyendo un sistema de monitoreo y verificación”.

El presente artículo pretende desentrañar como incidieron los factores sociales y demográficos o sociológicos en la decisión del voto de los colombianos durante la elección presidencial del 2010. El análisis se hace sobre los resultados de una encuesta de intención de voto realizada por la firma Gallup Colombia, a partir de los cuales se concluye se que  la crisis total de la nación que se expresa en la crisis de los partidos políticos, ha venido generando un estado de  descontento continuo o endémico como consecuencia de la insatisfacción de las necesidades colectivas y de la cual se hacen agentes los partidos políticos, ante  la situación social de los habitantes o de los electores, todo esto ha afectado la institucionalidad de tal forma que al desaparecer las diferencias entre los partidos tradicionales el descontento se expresa en la alta abstención para votar por los partidos hegemónicos.

En este trabajo se sostiene como tesis central, la necesidad infranqueable de ingresar a la canasta energética, energías renovables competitivas para la forzosa consolidación de la relación causal entre energía, medio ambiente, y desarrollo económico. Lo anterior a partir del siguiente problema: ¿Cuál es el papel de las energías renovables dentro del sistema energético y su importancia frente a la crisis energética?. La tesis expuesta implica que la energía, el medio ambiente y el desarrollo económico son elementos estructurales para la construcción de un derecho energético ambiental, pero para efectos de consolidar la conexión necesaria para estos elementos se debe incorporar dentro de la canasta energética, energías limpias que compitan frente a los combustibles fósiles, a partir de las facultad regulativa estatal como prerrogativa pública

Este texto pretende demostrar que el proceso de licenciamiento no está enmarcado en la real defensa del ambiente. Obedece a un trámite que suscita en quienes lo gerencian la pulsión de finiquitarlo y conceder el permiso sin un contenido sustancial ni una orientación destinada a revisar integralmente las consecuencias. La participación ciudadana y la consulta previa son apenas escollos que se traducen como una oposición entre las “mayorías” que quieren el desarrollo del país, la concepción econeoliberal o ecocapitalista en la que se afirma preservar el ambiente, y unas “minorías” que se opondrían al mismo. En general, el proceso no responde a los cánones de justicia ambiental ni de afianzamiento frente a los daños que se pueden producir y, en cierta manera, conduce a plantear un estado de cosas inconstitucional.

La administración pública del ambiente en Colombia se caracteriza por ser descentralizada. Con base en esta forma de organización, los recursos naturales renovables se encuentran organizados bajo criterios de unidad ecosistemica que están sujetos a la jurisdicción territorial de las Corporaciones autónomas regionales CAR. Las CAR forman parte de lo que en Colombia se denomina Sistema nacional ambiental, SINA, y aunque no están sometidas a jerarquías administrativas por parte del Ministerio de ambiente, se discute acerca de los verdaderos alcances de su autonomía administrativa. La discusión respecto de la autonomía de las CAR ha generado tensiones entre el nivel central y el nivel descentralizado hasta el punto de ser necesaria la intervención de la jurisdicción constitucional para establecer los límites a la posibilidad que tiene el Ministerio de intervenir en las actuaciones de las CAR, y, para delimitar aquellas competencias en que las CAR pueden actuar autónomamente

La Conciliación prejudicial Contenciosa Administrativa es uno de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos más utilizados y eficaces del ordenamiento jurídico. Por ello la evolución, sus avances legales, doctrinales y los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales que se han dado en torno a la misma como requisito de procedibilidad.Es necesario remitirse a los principios de celeridad y economía que ayudan a descongestionar los estrados judiciales, los cuales le restan complejidad, esfuerzo, tiempo y dinero a la administración de justicia y determinan si el Estado y los entes conciliadores están totalmente capacitados para llevar a cabo la instancia de conciliación en la etapa prejudicial de aquellos asuntos que son conciliables y que tienen como requisito de procedibilidadA través de la conciliación se otorga un acuerdo justo y equitativo que ofrece el cambio más rápido, expedito y económico para resolver controversias que se presenten entre los dos extremos (L.446/1998, Art 64.)

Las dificultades para interpretar las sociedades antiguas desde la concepción materialista de la historia están relacionadas con la incomprensión del método de Marx. El autor comprendía que las categorías económicas de la sociedad capitalista no pueden ser aplicadas en forma directa para sociedades anteriores, como en el caso del concepto de capital, dado que ello conduce a un falseamiento de las relaciones históricas. Respecto del concepto de clase social, Marx lo analiza de acuerdo a niveles de abstracción, íntimamente ligado al método dialéctico. De esta manera, al momento de analizar las sociedades antiguas utilizando el concepto de clase social, hay que tener presente los niveles de abstracción, que permitirán develar las relaciones sociales desde el punto de vista de la totalidad. En este sentido, los conceptos alternativos de Moses Finley (órdenes y status) no se encuentran por fuera del concepto de clase social, sino que son concreciones del análisis

Los contratos de concesión comercial son una forma de manifestación de la globalización de la economía y un claro ejemplo de expansión empresarial, concretamente los negocios de agencia comercial y franquicia, son modelos que materializan los objetivos de los empresarios de llegar a más consumidores en varios países. Sin embargo, cuando los negocios traspasan fronteras, se pueden encontrar normas estatales imperativas que impiden la expresión de la autonomía privada, tales como las normas que regulan los efectos al finalizar el contrato de agencia del Código de Comercio Colombiano. El modelo de franchising, en varios países no tiene regulación expresa, entre ellos Colombia, en ese escenario la autonomía privada juega un papel preponderante, a lo cual, el franquiciado, de menor poder decisorio que el franquiciante, debe estar atento a las estipulaciones pactadas, a fin de que no le sean perjudiciales, para lo cual, es importante el conocimiento de los modelos normativos que se han elaborado por instituciones internacionales al respecto

Este trabajo pretende sostener la importancia que tiene la participación de la ciudadanía en las actividades eminentemente públicas y de gobierno, específicamente como un órgano o elemento regulador de esa actividad, el cual se instrumenta a través de la observación de los ciudadanos como sector social y como ente jurídico y político que puede –y debe- llevar a cabo la vigilancia de las gestiones realizadas en el gobierno por los funcionarios públicos. Se pone de manifiesto que la democracia en México requiere no solamente de reforzar su sistema de elecciones, sino que también es importante respetarle a la ciudadanía su poder de observación traducido en vigilancia, supervisión y sanción de toda aquella actividad pública realizada por el gobierno

En el presente trabajo se realiza un estudio crítico sobre un caso, en que era posible reconocerle una defensa putativa a una mujer que disparó en contra de un taxista, al pensar erróneamente que estaba siendo objeto de un ataque en contra de su integridad de mayor intensidad de lo que realmente ocurría

En el marco del régimen internacional de acceso a los recursos genéticos el Tratado de la FAO sobre acceso a recursos fitogenéticos constituye la principal norma que la comunidad internacional ha adoptado para garantizar la seguridad alimentaria del mundo y para proteger los derechos que las comunidades locales y los agricultores tienen sobre ciertas variedades vegetales. Para estos propósitos, el Tratado establece un sistema multilateral de acceso que impone a los Estados Parte un conjunto de obligaciones encaminadas a garantizar la distribución de los beneficios que del acceso a los recursos fitogenéticos puedan llegar a derivarse. Las formas contractuales de acceso constituyen una herramienta útil y necesaria para garantizar la efectividad del sistema multilateral de acceso

El objeto de este trabajo consiste en explicar las dinámicas sociales y políticas que supone el ejercicio de libertad de reunión en un Estado democrático. Bajo una perspectiva explicativa se desarrollarán una serie de hipótesis en la que se establecen los vínculos entre movimientos sociales, neoliberalismo y la criminalización de la protesta social, evidenciando como las dinámicas políticas soportadas en la desterritorialización de la economía, la privatización de garantías sociales y políticas, así como el endurecimiento de políticas legales que reducen libertades sociales, desdibujan los propósitos colectivos de los movimientos sociales en Colombia

La protección del medio ambiente se ha constituido en uno de los temas principales de discusión a nivel internacional en distintos foros y organizaciones internacionales. El análisis de la problemáticas que rodean al medio ambiente como la contaminación, la protección de la flora y la fauna, del agujero de ozono entre otros, son temas que preocupan a la comunidad internacional entera. El derecho internacional del medio ambiente procura regular las relaciones que se dan entre los Estados y entre éstos y las organizaciones internacionales en materia ambiental. El estudio de la relación con las otras ramas del derecho internacional como el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho internacional económico permite demostrar el interés actual de la Comunidad Internacional por los temas que conciernen al medio ambiente.

El presente artículo, desarrolla el tema del régimen territorial de las regiones en Colombia, a partir de la autonomía en el manejo de recursos y tributos para el cumplimiento de sus funciones del orden constitucional, con implicaciones administrativas. Aquí desarrollaremos, la hipótesis, que establece que para que realmente exista un desarrollo en Colombia del tema de las regiones, debe existir un cumplimiento real al principio de autonomía administrativa que la misma Constitución política establece para este régimen especial territorial. Si bien ya, que el origen constitucional en 1991 de las regiones en Colombia con la carta de derechos, no ha sido posible y se a queda en clausulas programáticas de alto contenido político formal mas no de un contenido material de la realización de este mandato superior. Para el desarrollo de este estudio, dividimos el artículo en tres subtemas. El primero de ellos revisa,  los aspectos históricos de las regiones en Colombia a partir de la constitución política de 1991. El segundo desarrolla, la configuración territorial de las regiones en Colombia a partir de los artículos 286 y 287 de la constitución política. Y finalmente el tercero de ellos, toca la descentralización administrativa y aspectos de autonomía en la administración de recursos y su destinación.

Este artículo realiza un estudio acerca de la relación e incidencia del marco legislativo en que se desarrolla la dinámica del mercado laboral en Colombia desde la apertura económica en la década de los noventa. Ya que el desempleo resulta de gran preocupación, no solo para los gobiernos que buscan disminuirlo, sino para quienes lo enfrentan día a día en un mercado laboral lleno de complejidades y asimetrías. De acuerdo con lo anterior, este artículo se apoya en la importancia y especial incidencia que tiene el fenómeno del desempleo sobre la actividad económica y sobre la sociedad en general; de la misma forma, se debe a la generalizada preocupación que surge en la sociedad cuando las cifras de desocupación sobrepasan los límites usualmente aceptados; aún más cuando los resultados observados y las verdaderas intenciones del modelo imperante hacen pensar en nuevas opciones en la forma como se formulan las políticas que regulan y dirigen el mercado laboral y la economía. 

En el presente texto se aborda la discusión entre economistas y abogados acerca del control judicial en aspectos económicos con el propósito de mostrar el carácter democrático de este. El análisis contendrá tres partes: (i) contextualización del debate a partir del principio de distribución de poderes; (ii) planteamiento del debate a partir de dos lecturas de la Constitución de 1991, ya sea que se enfatice en el liberalismo clásico contenido en la carta o en lo “social” del Estado Social de Derecho de la misma; (iii) por último, se abordarán algunas de las principales críticas al control constitucional en cuestiones económicas, así como el análisis de la legitimidad y conveniencia de dicho control. En esta última parte se hará especial énfasis en la objeción de que la intervención judicial en la economía sería antidemocrática y la respuesta que a la misma puede plantearse