vol. 2 (2014): global iure

El artículo que se presenta a continuación tiene por objeto proponer el debate en torno a la alternativa (o alternativas) de solución a la tensión entre la ciudad formal y la ciudad informal, que redunda en situaciones de discriminación o segregación en el acceso a los servicios públicos domiciliarios, particularmente en el caso del servicio de acueducto. Para intentar superar dicha dicotomía (ciudad formal-ciudad informal), se usará como línea argumentativa la noción de derecho a la ciudad y el principio de no discriminación en la distribución del servicio de acueducto.

La descentralización territorial en Colombia desde la época del derecho indiano en sus orígenes hasta la actualidad, ha respondido a procesos evolutivos pasando de una radical centralización a la presencia de Estados federados. Hoy, el país está organizado en forma de república unitaria pero descentralizada, lo cual ha permitido el manejo de asuntos desde lo local; sin embargo, presupuestalmente se han presentado dificultades debido al establecimiento de programas nacionales con implementación regional que se derivan en dependencia económica para su ejecución, sumado a la destinación limitada de recursos, en especial, para políticas dirigidas a la protección de la infancia y la falta de coordinación entre entidades para el desarrollo de los programas diseñados con esta finalidad.

El presente artículo pretende mostrar la diferencia que debe existir en la consecuencia jurídica de la conducta realizada por un funcionario o exfuncionario público en el trámite de las acciones de repetición, ya que el legislador a pesar de establecer una divergencia entre una conducta dolosa y una gravemente culposa, no estableció una condena diferenciada para el agente del Estado. Dentro del proceso de investigación se empleó un método mixto, por un lado se buscó determinar la dogmática de la acción de repetición trabajando documentalmente la literatura existente y las normas jurídicas aplicables, para posteriormente confrontarla con la realidad de los procesos de repetición que se adelantan en los juzgados administrativos de la ciudad de Tunja, dentro del período comprendido entre el 2009 y el primer semestre de 2012.

En la actualidad resulta menester asignarle la mayor importancia al rol que desempeña el mercado financiero en la estabilidad macroeconómica de un Estado, dado que se encuentra ligado estrechamente con el desarrollo y crecimiento de una economía. Particularmente la atención se centra en los mercados financieros en épocas de crisis económicas, en las que se exige a los gobiernos, por regla general, efectuar frente a ellos la máxima regulación posible, ausentándose del escenario la discusión frente a la necesidad de la intervención del Estado. No obstante, en ciclos de normalidad el papel que debe desempeñar el Estado es debatido y se discute la pertinencia de la regulación por oposición a la desregulación. Se considera que la diferencia debe ser zanjada en situaciones de normalidad ratificando la necesaria intervención del Estado en los mercados financieros, con un claro objetivo: evitar que se presenten situaciones de crisis sistémicas. Luego, lo que se cree debe ser objeto de discusión son los límites, medios y alcances de tal intervención, y la cuestión de si esta debe ser ex ante o ex post. Pero también resulta interesante la discusión frente a si dicha intervención solo debe tener como criterio lograr la eficiencia del mercado, o si por el contrario también podría perseguir otros objetivos como la obtención de mayor bienestar para los ciudadanos. Esta será la tesis que se intentará desarrollar en las líneas siguientes, abordando como orden metodológico para ello (i) el estudio del origen de la intervención del Estado desde el punto de vista de la economía política y su alcance, (ii) la utilidad de la regulación o desregulación del mercado financiero (iii) a manera de propuesta el alcance, medios y objetivos de la intervención del Estado.

El presente trabajo busca reflexionar en torno al marco jurídico que le permitió al Gobierno del Distrito Federal no solo incorporar el problema del cambio climático en su agenda de gobierno, sino también diseñar e implementar acciones específicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la adaptación a los efectos del cambio climático. Para su cumplimiento se realizó una revisión documental, que fue complementada con la aplicación de algunas entrevistas. El gobierno de la ciudad contó con un marco jurídico a nivel federal y local en materia de medio ambiente y, en particular, en relación con la calidad del aire que le permitió atender el problema del cambio climático. Recientemente las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México se han dado a la tarea de crear un marco jurídico que establece las atribuciones y competencias de las organizaciones gubernamentales en materia de cambio climático.

 El concepto de “víctima” en el derecho colombiano ha sufrido una evolución favorable y permanente, al igual que la descripción y materialización de sus derechos (verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición) y los mecanismos procesales para ejercitarlos. Estando consagrado el reconocimiento de los derechos de las víctimas en normas de carácter internacional, llamadas a nuestro orden jurídico interno en virtud del bloque de constitucionalidad, es importante tratar el tema de la reparación de las víctimas y el incidente de reparación integral, como quiera que es un instituto procesal relativamente joven en nuestro sistema procesal penal. Es con la reparación de los perjuicios, donde puede considerarse que verdaderamente se efectivizan los derechos de las víctimas de conductas punibles, ya que se da a su favor y a cargo de los victimarios, una compensación por los perjuicios causados, por lo que adquiere principal relevancia abordar este estudio. Es importante que conozcamos y analicemos que la jurisprudencia emana de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para obtener un conocimiento sobre los derechos de las víctimas en el proceso penal y la forma de hacer efectivos esos derechos como garantía del acceso a la administración de justicia.

Son muchas las discusiones académicas que han surgido en torno al concepto de políticas públicas. Desde que estas se han establecido como un objeto de estudio, los autores y las perspectivas teóricas desde las cuales se han abordado han sido muy diversas, entendido en gran medida porque “de todos modos una definición del concepto de política pública queda muy subjetiva” (Roth Deubel, 2012, p. 26).

Este artículo de reflexión forma parte de la ponencia presentada en la Semana Científica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales realizada en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja y tiene como propósitos fundamentales: a) Propiciar una reflexión de las relaciones entre democracia-democratización, desarrollo rural-territorio, para evaluar formas de optimizar estrategias de desarrollo y b) mostrar un caso específico para impulsar la discusión y facilitar el aprendizaje. Evaluar el proceso democrático es una tarea compleja, pues se relaciona con muchas variables. La historia de cada sociedad, la institucionalidad, las estructuras pasadas y actuales de poder, las crisis sufridas y sus consecuencias en la creación de instituciones, el cambio tecnológico y sus efectos en la distribución de las ganancias, del poder y de la organización empresarial y social, las luchas populares, la ideología y el estilo político. Si la tarea es ver la relación entre lo urbano y lo rural, la cuestión se hace aún más enmarañada. En este trabajo se trata solo de bosquejar algunas de estas relaciones. Se utiliza para esto material secundario, observaciones y experiencias realizadas en la ejecución de varios proyectos de la Cooperación Técnica Alemana en países de Centroamérica y la Región Andina. Se ha divido el artículo en tres secciones fundamentales: la primera dedicada a la revisión de los conceptos y la descripción de las variables involucradas y sus relaciones. Luego una pequeña parte dedicada a examinar unos ejemplos metodológicos que permitan acercar al interlocutor a la forma de tratar el tema y a profundizar en los componentes de la temática. Finalmente, en un intento rápido de utilizar el marco teórico descrito, se presenta un caso de la realidad ecuatoriana: la democratización en la Provincia de Orellana, una región en pleno auge. Esta tiene características rurales y la coexistencia de múltiples actores en procesos diferentes del desarrollo, pero interdependientes entre sí. De estas descripciones y reflexiones se intenta hacer una síntesis de factores que favorecen e impiden la democratización, tanto en la Provincia, como en su entorno inmediato: la sociedad ecuatoriana. Se llega a conclusiones, aludiendo a la relación urbano-rural, para intentar responder si hay un aprendizaje desde lo rural al avance democrático. Esta tarea es difícil, pues la historia y la lógica indican que la democracia ha ido siempre de lo urbano e industrial a permear lo rural.

Este artículo busca presentar cómo el tema de la apropiación de tierra puede ser considerado como una consecuencia de la expansión del capitalismo en el marco de la globalización neoliberal y como un ejemplo se considera el caso de Colombia. En primer lugar un marco teórico introduce el concepto de expansión del capitalismo y globalización neoliberal con diferentes autores; se inicia con Karl Marx y el concepto de acumulación primitive, Después Rosa Luxemburgo y el Capitalista Landnahme y Daid Harvey con el concepto de acumulacion por despojo. Una segunda parte de la parte teórica incluye las posiciones de SaskiaSasen, Susan George y Vandana Shiva,  quienes consideran la apropiación de tierras como parte de la expansión delcapitalismo. Estas posiciones también contemplan las consecuencias del despojo de la tierra como el desplazamiento, pobreza, hambre y desigualdad. En una forma de ver cómo este proceso que se ha desarrolado en el mundo este documento incluye el caso de Colombia, en el cual se resalta las principales consideraciones acerca de la apropiación de tierras en este país.

El derecho disciplinario en nuestro país, en su afán de autonomía e independencia, ha limitado la intervención de las víctimas o perjudicados, bajo la premisa dogmática de que en él se presenta una infracción de deberes y no una lesión de derechos. De esta manera, se descarta que la referida disciplina proteja bienes jurídicos, posición que si bien es compartida por un sector de la doctrina, la jurisprudencia y la práctica judicial, requiere, en nuestro criterio, ser revisada, particularmente, en los procesos cuyos sujetos disciplinables son los abogados en el ejercicio de su profesión. En este sentido, se considera que la protección de bienes jurídicos no es una labor exclusiva y excluyente del derecho penal, ni puede surgir aleatoriamente solo en las infracciones al derecho internacional de los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. La tarea abordada remite, en primer lugar, al estudio de la dogmática imperante en nuestro país, sobre la cual se sustenta la exclusión de la víctima en el proceso disciplinario consagrado en la Ley 1123 de 2007, reflexión que invita a analizar el objeto de protección del derecho disciplinario, a identificar el papel de las víctimas en el mismo, y a develar como se aborda en la realidad procesal, su participación en el referido proceso; presupuestos que permiten concluir, que asumir que el objeto de protección del derecho disciplinario de los abogados, se agota en el deber funcional, como una abstracción jurídica vacía, que no responde a ningún bien jurídico, es desconocer el origen, contenido y finalidad de las faltas a los deberes profesionales, consagradas por el mismo Estado para controlar dicha actividad profesional. 

El ejercicio de facultades jurisdiccionales por entidades administrativas supone una invasión a las competencias jurisdiccionales asignadas históricamente al Juez. Sin embargo, criterios de celeridad en la administración de justicia, la dinámica del mercado y la imposibilidad del Estado para responder frente a las demandas de justicia de los asociados, conduce a resaltar su importancia y utilidad, reflejada en la Constitución Política y en la jurisprudencia constitucional.

En el presente artículo se realiza un análisis jurisprudencial y legal de la actualización del ingreso base para la liquidación de la primera mesada pensional, procedente de las pensiones establecidas antes de entrar en vigencia la Constitución de 1991, la Ley 100 de 1993 y los regímenes pensionales que se encuentran paralelos por haber tenido origen convencional. Lo que se desarrolla metodológicamente en tres capítulos, a saber: i) una introducción al tema objeto de estudio en la que se explicitan los siguientes referentes conceptuales; el derecho a la seguridad social, la pensión de vejez y la indexación; ii) un estudio respecto de la indexación y sus efectos jurisprudenciales en los postulados normativos constitucionales protectores de los derechos de los adultos mayores, como la equidad, la dignidad, el mínimo vital y la teoría de los derechos adquiridos, entre otros preceptos de rango constitucional; iii) conclusiones, las cuales no pretenden tener un aliento de cierre, sino por el contrario generar nuevos puntos de vista al respecto.