vol. 18 núm. 35 (2015)

Las normas de ética profesional cobraron un lugar preponderante en la valoración de la prestación médica, debido a la necesidad de incorporar criterios no comerciales en dicha valoración y evitar la deshumanización de la medicina. Tales normas, consagran ciertos deberes cuyo incumplimiento puede comprometer la responsabilidad civil, penal y disciplinaria del profesional de la medicina; algunos de estos, constituyen lo que se ha denominado como culpa médica en sentido deontológico, por contravenir deberes que integran el humanismo médico: la infracción al deber de informar y al deber de secreto profesional son algunos de ellos. Por lo tanto, el objeto de este artículo es subrayar el contenido y alcance de dichas obligaciones, a partir de algunas reflexiones que se soportan en los derechos español, francés e italiano.

El presente artículo aborda el estudio de la problemática constitucional actual, sobre la primacía de los tratados de derechos humanos en el derecho interno de los Estados latinoamericanos. Se analiza, comparativamente, una serie de cláusulas sobre el carácter (supraconstitucional, constitucional, supralegal o legal) que conceden las constituciones a los tratados, frente a su propia legislación, cuando se incorporan en su derecho interno. Por último, se pretende que los tratados de derechos humanos se consideren un instrumento conceptual y operacional de todas las personas que están inmersas en este proceso, dentro de la función pública estatal. Y, en este contexto, se pueda superar la inexistencia, o la ambigüedad de las cláusulas constitucionales, que puede ocasionar conflictos en la aplicación de un tratado en el derecho interno.

Las condiciones de posibilidad de la circulación y apropiación de las ideas biologicistas, higienistas y deterministas en la Colombia de la primera parte del siglo XX, se pueden entender desde la importancia que cierto sector de la élite intelectual, que se formó mayoritariamente en Europa o en contacto con ella, le dio en sus distintos discursos al tema de la raza. Primero desde la medicina entendida en su más amplio espectro como un saber y, después, desde la política y el derecho; periodo en el cual, se identifica el protagonismo de la medicina en reformas jurídicas o de expedición de normas para lo que la sociedad demandaba en ese momento en la perspectiva del control social sobre individuos y población en general.

El presente artículo aborda los antecedentes y el concepto del estado de cosas inconstitucional en Colombia, con el objetivo de precisar sus elementos y establecer aportes de la Corte Constitucional en la protección real y efectiva de los derechos de los ciudadanos, con el uso de dicha herramienta jurídica. Primero se referencian las sentencias que tocan situaciones fácticas que la Corte califica como estados contrarios a la Constitución. Luego se alude a la sentencia T-025/2004 en la que la Corte estableció los elementos del estado de cosas inconstitucional e instauró un proceso novedoso de seguimiento del cumplimiento de las órdenes emitidas, además de precisar un enfoque diferencial para los distintos grupos vulnerables dentro de la población afectada. Por último se trata la legitimidad del activismo de la Corte Constitucional cuando actúa dentro de este proceso.

El artículo presenta un estudio sobre la importancia que tiene la justicia internacional en las democracias actuales, en la medida que sus fallos o recomendaciones, contienen análisis que van más allá de un problema jurídico, evidenciando debilidades en las instituciones políticas de un Estado. El problema de investigación busca establecer cómo los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estudian el conflicto armado en Colombia. El objetivo principal es examinar la comprensión que sobre el conflicto armado colombiano tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La metodología es el análisis documental, a partir del estudio de cuatro sentencias, proferidas contra el Estado de Colombia. Se acude a una mirada interdisciplinaria y el marco de referencia es la política, el derecho y la justicia internacional. La conclusión capital es que en el análisis de contexto de los fallos se observan problemas en las instituciones políticas y en el sistema democrático del país.

El procedimiento sancionatorio ambiental se caracteriza por tener una estructura particular en la que no está presente un tercero que tome una decisión imparcial, sino que es la misma administración la que ejerce control y posteriormente asume una función correctiva que le faculta para investigar y sancionar a los infractores de las normas ambientales. Esto exige que haya unos elementos procesales que deben respetarse para evitar violación de garantías fundamentales. Por ello, este artículo pretende analizarla forma en que la ley 1333/2009 regula la administración de la prueba en cuanto a su decreto, práctica y valoración en concordancia con los principios del debido proceso probatorio, para lo cual se emplea una metodología cualitativa con un enfoque teórico-analítico, concluyendo que la ley consagra múltiples prerrogativas en favor de la autoridad ambiental que comprometen el derecho de defensa de los presuntos infractores.

El artículo consiste en un análisis de la discrecionalidad judicial entendida como característica del positivismo jurídico desde la manera como se comprenden los precedentes judiciales en Brasil. El objetivo principal del texto es demostrar que los precedentes judiciales se aplican de forma arbitraria por la jurisprudencia y la doctrina brasileña, revelando los abusos interpretativos por parte del poder judicial y el debilitamiento de la democracia. El método de abordaje es el hermenéutico-fenomenológico, esto es, reconstrucción crítica del fenómeno de la interpretación de los precedentes judiciales. Como resultados, el documento muestra la fragilidad de la democracia constitucional ante el arbitrio interpretativo de los tribunales judiciales desde el modo como se aplican los precedentes en Brasil.

El presente artículo tiene por objeto analizar el panorama legal colombiano de la contratación electrónica con consumidores, en lo concerniente a la información como un supuesto básico de la etapa previa y poscontractual, desde una metodología de derecho comparado, y se determinará la suficiencia e idoneidad de la legislación nacional en contexto con el ámbito de las directivas europeas aplicables a la materia. Concluiremos, que si bien el panorama legal colombiano comienza a dar pasos sólidos en lo pertinente a la actualización con los marcos regulatorios internacionales y extranjeros que propenden por un consenso en la protección de la información del consumidor electrónico; una evaluación final de contenido positivo no es del todo satisfactoria, debido al letargo en el desarrollo legal (vía decretos y regulación económica) y la insuficiente adecuación institucional para intervenir el mercado en momentos decisivos.

El artículo describe lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entiende por la expresión “otro organismo internacional gubernamental”, al analizar la admisibilidad de una petición individual en relación con la existencia o no de pleito pendiente internacional. A partir de una investigación básica, descriptiva y deductiva se aborda la pregunta ¿cuál es la calidad del órgano que genera pleito pendiente internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? El objetivo general es identificar las líneas de argumentación de la Comisión cuando un Estado propone la inadmisibilidad de una petición por la existencia de pleito pendiente internacional. Se concluye que se está en presencia de pleito pendiente internacional cuando se tramita de forma conjunta una petición ante otro órgano de protección de derechos humanos al cual el Estado haya concedido competencia, considerando además que el mandato de dicho órgano debe ser convencional y el procedimiento seguido por él adjudicativo, contencioso y contradictorio.

El presente artículo recoge de forma sistémica algunos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los juzgamientos que se realizan en los ordenamientos jurídicos internos, en los que no se respetan las garantías del debido proceso reconocido e instaurado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo octavo. La descripción de la teoría denominada “cosa juzgada fraudulenta” será el objeto de este artículo. El cual busca determinar qué es la cosa juzgada fraudulenta o aparente y sus elementos. Ya que es improcedente establecer procesos anómalos a las mínimas garantías propias de defensa y demás variables inherentes al debido proceso como son la verdad real y objetiva de los hechos a justiciar. Práctica malsana que genera impunidad hacia el sujeto procesado y un marco improcedente que lesiona el debido proceso de las víctimas, como emblema de la justicia procesal.