vol. 25 (2023): derecho penal: publicación continua

La justicia penal militar constituye una forma especializada de justicia encargada de juzgar a militares y policías que han violado la legislación penal. Según la Constitución Política, la justicia penal militar ejerce funciones judiciales al igual que otros tribunales y juzgados. Sin embargo, es importante destacar que esta jurisdicción militar no forma parte de la rama judicial del poder público, sino que está integrada en el poder ejecutivo. Esta ubicación fuera del poder judicial genera numerosos interrogantes, pero hay razones específicas que justifican su existencia dentro de dicho ámbito.

Desde el surgimiento del derecho penal internacional, los estatutos que han dado vida a los diferentes tribunales internacionales, encargados de determinar responsabilidades individuales por las violaciones más graves a los derechos humanos, han incluido en los crímenes de su competencia al crimen de exterminio. Este crimen de lesa humanidad parte, como todos los de su misma naturaleza, como un ataque bien sea generalizado o sistemático contra población civil y con consciencia de ello. Sin embargo, se diferencia del resto de modalidades de esta tipología de crímenes, porque radica en la muerte de una o varias personas, de manera directa o indirecta, en el marco de una matanza dirigida a destruir parcialmente a una población civil.

Como tributo a la Especialización en Derecho Penal de la Universidad de Ibagué se creó esta edición especial de la revista Dos mil tres mil. Por esta razón, este texto reseña la creación del primer programa de posgrado de la Facultad de Derecho y su evolución a partir de 1995, cuando se estableció el convenio con la Universidad Externado de Colombia para adelantar la Especialización de Ciencias Penales y Criminológicas en la región.Este año se conmemoran veintiocho años de su funcionamiento ininterrumpido, por lo que celebramos esta importante efeméride.

Después de la firma del tratado de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Gobierno nacional anunció el inicio de la fase conocida como postconflicto. Esto es, la transición entre la situación problemática y la recuperación de un estado de normalidad. Una realidad que asoma tímidamente, pero con posibilidad de perderse en la maraña de las tesis de los inconformes. En efecto, el acuerdo solo es realidad con un grupo de los rebeldes, porque unos no acordaron y otros, aunque firmaron, se apartaron con subterfugios. Surgen así dos alternativas para poner punto final al conflicto: acuerdos de paz con sabor a derrota, o seguir con una ofensiva fratricida hasta la victoria. Como el acuerdo no los alcanza a todos, aparece la guerra, por lo que es preciso que el Estado, mediante una política criminal coherente, tome las riendas de la situación. Ese es el alcance de esta invitación, la justicia para lograr la paz frente a los disidentes y grupos criminales. Queda proscrito el uso de las armas. La propuesta se fundamenta en instrumentos ensayados anteriormente por Colombia y otros países en escenarios similares que pueden ayudarnos a superar años de conflicto.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es uno de los temas más importantes en el derecho penal económico, ya que pone en tensión la teoría del delito tradicional, construida para un comportamiento individual y no corporativo, es decir, antropocéntrico. Teniendo en cuenta que la cuestión atiende razones político-criminales y desde ese punto de vista la dogmática penal se muestra insuficiente, se propone una estrategia pragmática como la herramienta más eficaz para regular la responsabilidad de las personas jurídicas.

En el presente artículo se realiza un análisis de la forma en la que los blanqueadores de activos han procurado desviar sus actividades criminales de sectores muy regulados como el financiero, a otros con gran movimiento de dinero y con menor normatividad como la transferencia internacional de futbolistas. En el estudio se evidencian los esfuerzos realizados por los Estados y las organizaciones que regulan el fútbol a nivel mundial y regional, para evitar ser utilizados para el blanqueo de capitales.

Este artículo se propone mostrar que el asunto de la inclusión de las mujeres trans como sujetos pasivos del delito de feminicidio es una cuestión que debe leerse bajo el paradigma del feminismo constitucional. Lo hace, fundamentalmente, señalando la existencia de un fuerte y fértil desarrollo normativo que atiende las necesidades y particularidades del género (una interlocución constante entre el feminismo y el constitucionalismo). Así mismo, plantea que los debates jurídicos de la dogmática y jurisprudencia penal, de esta temática en el país, han acogido las consideraciones de la Corte Constitucional, las leyes y la Constitución, sobre el tránsito identitario y la categoría de mujer. De modo que la inclusión de las mujeres trans como sujetos pasivos del delito de feminicidio no es solo viable, sino legal y constitucionalmente protegida.

Dos mil tres mil es una revista de divulgación arbitrada de acceso abierto y edición continua que publica acerca del derecho, la ciencia política y otras áreas afines. La revista adopta el sistema de publicación continua. Todos los artículos aceptados serán resaltados secuencialmente y clasificados según las secciones de la revista. La presente edición de nuestra revista Dos mil tres mil compila varios e interesantes textos relacionados con el derecho penal, tanto de la faceta sustantiva como de la adjetiva. Desde luego, se encuentran escritos relacionados con temas de mucha actualidad: el funcionalismo penal, los criterios de imputación objetiva, la prevención de riesgos en el seno de las empresas, entre otros. Algunos de estos textos son elaborados por profesores de la especialización en Derecho Penal de la Universidad de Ibagué de reconocimiento nacional e internacional.

La decimocuarta Jornada de Derecho Penal Económico fue llevada a cabo el pasado 20 de septiembre de 2022 en el auditorio central de la Universidad de Ibagué, la sesión se realizó junto con el programa de Derecho de la Universidad de Tolima. En esta oportunidad el evento tuvo como tema de enfoque Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, tema relevante en el ámbito del derecho penal actual.

Las diversas formas de abuso del cargo por parte de servidores públicos constituyen una grave falta a los principios del Estado Social de Derecho y la función pública. La línea jurisprudencial acerca de delito de concusión permite interpretar que se trata de una conducta que se diferencia de otros tipos penales como el cohecho, pero puede concurrir con  otras figuras como el lavado de activos. Precisamente, debido a su complexión jurídica, es fundamental un análisis de los presupuestos de este delito.

La política criminal acogida en Colombia para regular los delitos tributarios pone en evidencia una maximización de la intervención penal en asuntos igualmente sancionados por el derecho administrativo. El artículo describe el panorama actual y la evolución normativa de los delitos tributarios en Colombia, a partir de una consideración crítica basada en el postulado de la ultima ratio y del non bis in ídem, los cuales se han visto afectados por las recientes modificaciones legislativas que se han aplicado a estos delitos, así como por la instrumentalización simbólica del derecho penal para facilitar el efectivo recaudo del tributo en Colombia.

Desde tiempos inmemoriales, la sociedad ha considerado a la prostitución como el oficio más antiguo del mundo desde una perspectiva y un entendimiento de la cuestión, que situaba en un plano muy peyorativo a todas esas personas que se dedicaban a dicha actividad. El tratamiento de la prostitución debe pasar por un enfoque que sanee y depure la perspectiva social, entendiendo dicho fenómeno como una nueva forma de esclavitud del siglo XXI, que responde a una demanda ancestral: el deseo de quien quiere acceder a un cuerpo mediante el pago de un precio irrisorio, como si fuese cualquier corriente transacción mercantilista. El silencio del Estado en España respalda la visión de la prostitución como un mal necesario, que siempre existirá si, como es el caso, se adopta por parte del mismo una postura cómoda de inacción y contemplación. En otras palabas, hace referencia a una postura que no valore el sufrimiento de las personas dedicadas a esta actividad que mueve millones de euros al día en nuestro país sin ningún tipo de regulación al respecto. Encontrar una orientación que satisfaga todos los puntos de vista, casuísticas y tipos de moralidad es una tarea arduamente complicada, hacia la cual poco a poco se van dirigiendo los tímidos pasos de los gobernantes. En España, seguimos teniendo una dimensión alegal respecto al fenómeno de la prostitución, y aunque como se ha dicho, se intenta avanzar en la cuestión, por el momento seguimos sin salir de la zona gris. Por lo tanto, el objetivo de los ocho puntos de esta aportación es ofrecer al lector una visión general de una problemática sobre la cual predomina el silencio más absoluto, para que este pueda extraer una conclusión y una reflexión sobre la licitud de esta actividad, y que existiendo dinero de por medio, en nuestra sociedad, todo vale.