vol. 14 núm. 14 (2010)

En Colombia se implantó en 1993 una reforma del sistema de salud fundamentada moralmente en la doctrina liberal y orientadaa incrementar los mecanismos del mercado en el sector de la salud. Aunque la reforma se promovió como un mecanismo necesariopara resolver los problemas del sector y especialmente para atenuar las inequidades que golpeaban con mayor fuerza a los más pobres, esta promesa no se cumplió y algunas inequidades incluso se acentuaron.Hoy en día, la posibilidad de que un paciente presente una queja sobre la atención médica es mayor cuando se presenta un daño. Peroasí no se presente el daño, los pacientes conocen cada vez más sus derechos y la posibilidad de hacer un reclamo. Se debetener en cuenta que sus razones no son siempre basadas en la buena fe y esto en un país en crisis se puede presentar con algunafrecuencia. Se plantea también si con el porcentaje cada vez creciente de las acciones de tutela instauradas por los usuarios para invocar la protección del derecho a la salud, se ha convertido en un mecanismo alterno de acceso a servicios de salud y si, en tal caso, sería éste el procedimiento adecuado para asegurar el cumplimiento de los principios que orientan su ejercicio, sobre todo los que hacen referencia a la universalidad y a la protección integral.

El presente artículo es una contribución crítica a la compleja problemática educativa actual, acentuando el enfoque ético, en el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional. Es fruto de la experiencia universitaria del autor (durante diez años) en capacitaciones de docentesa nivel de Educación Superior (Especialización en Ética y cursos-crédito) en varios lugares del país (recientemente en Magangué, Puerto Salgar, Fusagasugá, Facativá), y fue propuesto a la Secretaría de Educación de Boyacá en el marco del Foro Educativo departamental 2010: “Aprendiendo con el Bicentenario”.

El tema de responsabilidad civil se ha convertido en uno de los ejes fundamentales sobre el cual gira en la actualidad la actividad jurídica. Ennuestros días la posibilidad de causar daños es asombrosa tanto por la diversidad de actividades que se desarrollan como por la concienciade quienes, por alguna circunstancia, han resultado dañados por una conducta, hecho o actividad ajena. Cuando se presenta un dañolo común es escuchar la exclamación ¡ahora quien me repara!. Aunque los daños pueden ser causados por personas naturales, lo cierto esque hoy por hoy los daños pueden ser causados también por personas jurídicas sea por fuera o por dentro de la relaciones que se sostienenen cumplimiento del objeto social ya entre la sociedad y terceros, entre los socios, los socios y los administradores, los administradores yterceros, terceros y socios...etc. Con base en lo anterior, a través del presente escrito se hace un acercamiento general al estudio de laresponsabilidad civil en materia societaria.

Para resumir este ensayo aproximativo “en torno a la emancipación latinoamericana”, que intenta proporcionar claves de comprensióndel proceso que eclosionó en la primera década del siglo XIX y fue transformándose durante 200 años, hasta hoy, me atrevo autilizar analógicamente el sistema categorial de la cosmología y la biología evolutivas adoptado por el fi lósofo Claude Tresmontant, para explicar la concepción del tiempo en el pensamiento hebreo y la cosmovisión dinámica de Teilhard de Chardin : génesis, anagénesis, epigénesis, mutagénesis, catagénesis. Esta terminología puede ayudarnos a entender si la “Independencia” fi nalmente ha evolucionado hacia la “revolución” integral como la concibe Revel.

La psicopatía caracterizada en su devenir como una enfermedad de tipo mental, tiene como principal característica la incapacidadpara aplazar la satisfacción de necesidades psicológicas y biológicas, dejando aparte toda consideración de las consecuencias que dichaacción pueda tener para sí mismo como para los demás. No ignora, en el plano de las ideas, que podría satisfacer sus necesidades siguiendoel largo proceso normalmente requerido para la consecución plena y socialmente aceptable del objetivo perseguido.Los psicópatas son ordinariamente muy inteligentes y capaces de planear métodos adecuados para obtener lo que apetecen, sin la menor preocupación por acatar las normas vigentes y atender la moral social. Los atracadores, violadores, así como, profesionales de bancos, ciertos políticos y hombres de negocios, podrían entrar dentro de esta categoría.El eje que atraviesa este artículo nace por el interés de hacer una disertación en relación con la psicopatía, vista desde aspectos teóricos en disciplinas como la psicología y el derecho, y se centra en un análisis descriptivo y casuístico de la psicosis.

El régimen Disciplinario para los servidores públicos se caracteriza porque regula la responsabilidad en el actuar o no: acción, omisión y extralimitación de los encargados de cumplir los objetivos y presupuestos normativos de la administración pública.El presente artículo busca integrar los conceptos más importantes en el ámbito de aplicación de la norma disciplinaria en aspectos tales como, forma de realización del comportamiento, causales de exclusión de la responsabilidad, inhabilidades, incompatibilidades, recusaciones, impedimentos, pruebas, procedimiento ordinario y especial.Por lo anterior, resulta interesante profundizar en el estudio de la Constitución Política Colombiana de 1991, cuando establece el debergarante del estado y el aseguramiento efi ciente en la prestación del servicio público a todos los habitantes del territorio Nacional.

Voy a trazar en las líneas que siguen una semblanza del Derecho Administrativo y público en general de la hermana nación deArgentina, que ha dado juristas de la talla de Bielsa, Marienhoff, Villegas Basavilbaso, Fiorini, Linares, Gordillo, Reiriz y Cassagne, entre tantos otros.Entre los elementos más expresivos a la hora de sopesar en qué estado se encuentra el derecho argentino en este año 2010 del Bicentenario de las independencias de tantas naciones latinoamericanas, están losconceptos y paradigmas básicos de la rama iusadministrativa. Examinar estas cuestiones impone, desde luego, poner en perspectiva las bases fundantes y los rasgos principales de la disciplina, al menos las que se observan actualmente en el país austral.Como plan de trabajo habré de centrarme en cuatro cuestiones que estimo fundamentales para poder transmitir lo esencial del estadoactual de la cuestión, y de su perspectiva histórica. Es así como habré de referirme a las fuentes de la Constitución nacional y los principales rasgos de su texto, al sistema judicial argentino y el panorama de la jurisdicción contencioso administrativa, a cuestiones de acto administrativo (v.gr., sus elementos, caracteres y nulidades) y, fi nalmente, a la responsabilidad del Estado.

Con el ánimo de entender el control de constitucionalidad por vía de excepción, entendido este como un mecanismo que garantizala supremacía e integridad de la constitución, a lo largo del presente artículo se generan una serie de preguntas cuya respuesta a dichoscuestionamientos desarrollan la idea para por fi n llegar a unas conclusiones fi nales en presente trabajo se presenta el siguiente plan de trabajo: en un primer término, nos ocuparemos de establecer cómo el Control de Constitucionalidad por vía de excepción se podría constituir en un mecanismo que protege el sistema democrático colombiano; para revisar, en un segundo lugar, algunos aspectos críticos que se desprenden de la aplicación del citado mecanismo, con el fin de concluir si en Colombia el desarrollo de este sistema de control constitucional garantiza lasupremacía de la Constitución Política.

La corrupción es un tema conocido y difícil de manejar debido a lo complejo que resulta encontrar datos idóneos de fenómenos ocurridosen la oscuridad. Lo novedoso del tema radica en el tratamiento que se le ha dado a las personas jurídicas y entes colectivos como uno de losprincipales protagonistas de los altos índices de corrupción y criminalidad no solo en Colombia sino en el mundo.Aunque hay quienes afi rman que las personas jurídicas no pueden ser responsables de delitos, el crimen organizado ha sido una “institución”durante muchos años y ha causado gran cantidad de dolor y sufrimiento a nivel nacional e internacional y últimamente también a nivelglobal. Según datos del Banco Mundial, las personas jurídicas y entes colectivos, han cometido el 70% de los crímenes globales de terrorismo, narcotráfico, prostitución, pornografía infantil, etc. y Responsabilidaddel Estado en la Contratación por actos de Corrupción. Estos criminales continúan impunes escondidos bajo el velo de una persona jurídica, legalmente constituida, una religión, un cartel, una universidad, una entidad del gobierno, una organización no gubernamental o cualquier otro disfraz de actividad legal.La tendencia moderna de responsabilizar por delitos a las personas jurídicas es creciente. Sin embargo, afronta una largafi la de opositores que niegan una persona jurídica pueda ser responsabilizada por un crimen o una actividad criminal.Hoy en día los entes colectivos ya son sujetos responsables frente al derecho administrativo, al derecho ambiental y al derecho civil. El salto de allí al derecho penal es relativamente corto.

Pese a las iniciativas legislativas tendientes a reducir los niveles de congestión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (Leyes 1285 y 1367 de 2009 y Ley 1425 de 2010), las mismas no han evidenciado una disminución dinámica en el número de demandas que se presentan ante la Jurisdicción. En este horizonte, el 12 de Julio de 2010 comenzó a regir la Ley 1395 de 2010, que entre otros objetivos, estuvo encaminada a combatir la congestión judicial.El objetivo de este artículo es la determinación del impacto en materia de descongestión judicial, en específico en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de novedosas fi guras que contempla la Ley 1395 de 2010 como el sistema de competencia de acciones populares y de cumplimiento contra entidades del orden nacional, el imperioso aporte de pruebas con la demanda y su contestación y sus sanciones, el trámite de apelación de sentencias y autos, el recurso extraordinario de súplica, la citación a audiencia de conciliación en forma posterioral fallo condenatorio de primera instancia, la sentencia oral y las sanciones por el no pago de las expensas procesales.

En Colombia son destacables los esfuerzos que las entidades encargadas de proteger los derechos de propiedad intelectual han realizado para promover una cultura de respeto a estos derechos. A pesar de lo anterior, el nivel de conocimiento de la opinión pública acerca de ellos es sufi ciente.Son necesarios, por lo tanto, mayores esfuerzos para fortalecer todas las instituciones encargadas de administrar y gestionar estos derechos y lograr por parte de las mismas la adopción y ejecución de medidas de protección.Distintos sectores nacionales, entre otros el del sector audiovisual, música, programas de computador, han mostrado preocupación por la violación frecuente a sus derechos de propiedad intelectual.

Esta investigación es el fruto de un análisis sobre la discriminación en la esfera laboral y el trabajo desde la teoría crítica, como la praxis o actividad humana más importante que desarrolla el ser humano, es decir, como factor fundamental de los procesos económicos y sociales, cuestión detrascendental importancia, ya que éste le permite obtener los medios de subsistencia para su núcleo familiar y, de igual forma, contribuye con el crecimiento de la sociedad.Así mismo es de observar que el trabajo del ser humano, especialmente el de las mujeres está protegido por diversas normas a nivel internacional y nacional; sin embargo, al lado de los derechos económicos, sociales y culturales, las normas laborales que incluyeron a la mujer, originadas desde la misma revolución soviética, pasando por la revolución francesa, la Declaración Universal de Derechos Humanos, hasta llegar a la aprobación de la CEDAW, aún plantean problemas de discriminación y desigualdades de acceso al trabajo respecto de las mujeres. De la misma forma, hay diferencias cuando de acceder al poder público se trata y más aun cuando es una mujer quien lo va a lograr.En este marco, la relación entre acceso a mejores condiciones de trabajo y la educación es evidente. La educación se ha convertido en el instrumento fundamental en la vida laboral de la mujer. Si se quiere tener una posición o una profesión, hay que dotarse de esteelemento del conocimiento, que la hace grande espiritual y mentalmente.El vínculo entre derechos laborales y derechos de la mujer nos ayudóa ver, con la presente investigación del sector judicial de una poblaciónboyacense, cómo esas diferencias se hacen más evidentes en lo que toca al género, pues las capacidades de cada persona se suponen son las mismas, pero el pensamiento y el actuar del ser humano, ha hecho cada día más notable esta discriminación cuando se trata del trabajo del género femenino, todo esto se puede observar en el estudiode caso realizado en la rama judicial en el Municipio de Duitama, donde las prácticas discriminatorias se hacen cada vez más evidentes en la labor realizada por las mujeres.Es importante que las mujeres conozcan los derechos, que se han plasmado en las normas y que se le han otorgado a través de la historia y los que ha conquistado con sus luchas a través del tiempo.La discriminación laboral hacia las mujeres crece día a día, por motivos de idiosincrasia y de desconocimiento de las normas que protegen sus derechos, son las mismas entidades gubernamentales y sindicatos los llamados para hacer un alto en el camino y luchar por el respetode los derechos humanos.

Colombia ha elevado a principio constitucional los compromisos adquiridos con la suscripción de la Convención de los Derechos del Niño(mediante la ley 12 de 1991) así, el artículo 44 de la Constitución Política, establece que los derechos de los niños/as prevalecensobre los derechos de las demás personas, reconoce el derecho a la alimentación como fundamental de los niños/as y la obligatoriedad del Estado de garantizarlo y protegerlo. Dada la normativa vigente, lapolítica pública de infancia y adolescencia contenida en el actual plan de desarrollo del Municipio de Sogamoso, no cuenta con una estrategia orientada hacia la plena realización del Derecho a la Alimentación en la Primera Infancia, prueba de ello son los altos niveles de desnutrición en la población infantil, el constante ritmo de crecimiento del hambre, entre otros. En consecuencia, se hace urgente seguir algunas recomendaciones en materia de políticas públicas con un enfoque en Derechos Humanos a fin de que el Estado no oculte la grave crisis alimentaria/nutricional que padecen los niños/as Sogamoseños/as y proceda a decretar alertas inmediatas frente a esta evidente crisis que cada día empeora.

Este artículo pretende dar una mirada panorama de la necesidad y estado de la separación de poderes, como elemento necesario en la protección y consolidación de un Estado Social de Derecho, siendoel objeto de estudio la identificación de 4 factores que han sido repetidamente usados en los últimos años como medios de intromisión por el ejecutivo en contra del judicial, haciendo uso en este avancede fuentes secundarias consistentes en artículos de opinión e investigativos de orden nacional e internacional, dentro deun marco metodológico de investigación cualitativa de tipo analítico-descriptivo, llegando como principales conclusiones a la necesidad imperante de una separación entre los poderes públicos (para nuestrocaso entre el ejecutivo y el judicial) entendido como respeto de la autonomía de este último, y la mutua coordinación en términos deplena igualdad como fortalecimiento de las instituciones y medio de salvaguardia de una democracia cada vez más efectiva, para ello es prioritario la existencia y desarrollo de una veeduría ciudadana liderada por la academia en su conjunto, la cual a través de procesos investigativos y el seguimiento de la realidad política nacional, aporte argumentos sólidos a una crítica adecuadamente fundamentada que llegue a ser propositiva.

El presente artículo presenta un desarrollo histórico del recurso de amparo constitucional, ya que a forma de ver del autor es la mejorforma para poder conocer o estudiar un tema, ya que de esta forma se puede conocer las verdaderas bases ideológicas de cada teoríay como han sido su cambio o evolución a través del tiempo, para tal fi n se presenta la primera cultura o civilización que trata el recurso de amparo es decir la Baviera, civilización que incorpora el recurso de amparo constitucional en la constitución de 1808 y realiza grandes aportes y avances de la misma en su constitución de 1818, 1850, 1919 y 1956, con lo cual se pretende demostrar en el presente texto que ellos sonlos que mas han contribuido al desarrollo y planteamiento de la teoría o el recurso de amparo constitucional.

Los contratos administrativos, constituyen un mecanismo de actuación de la administración, que se caracterizan por la bilateralidad de losmismos y en esta medida, se les ha distinguido de los actos estrictamente unilaterales; pero este criterio no es tan acertado como se ha venido mostrando, en la medida que los contratos poseen la naturaleza de actos administrativos y los atributos de los actos estrictamente unilaterales, son plenamente aplicables a los mismos.En efecto, la distinción tradicional entre acto administrativo y contrato, ya no resiste mayor argumentación, a partir de la consagraciónque actualmente hace el Estatuto Contractual, el derecho comparado. Lo anterior permitirá unifi car el control de legalidad y así evitar que en ocasiones no se hagan efectivos los derechos por el simple formalismo del control de legalidad.