vol. 1 núm. 10 (2012): pensamiento y poder

Este escrito tiene como propósito presentar elementos de análisis que aportan a la reflexión sobre los procesos educativo-ambientales, en este caso el Plan de Educación y Cultura Ambiental de Medellín, centrado en dos problemas: el primero son los errores en la propuesta del plan desde su denominación como política pública, el segundo es la forma como en la institucionalidad pervive una comprensión de lo ambiental como discurso que se usa sujeto a engaño, que desde lo simbólico y lo discursivo, legitima procesos característicos de la idea de capitalismo de ficción, donde lo ambiental se presta para la re-reación de la realidad mediada por la teatralidad.

Uno de los conceptos fundamentales dentro de la práctica médica y de la práctica investigativa en el sector de la salud es el de consentimiento informado, concepto que se ha entendido, desde una dimensión ética, como una responsabilidad que tienen el médico y el investigador de respetar y garantizar la autonomía de las personas en su condición de paciente o de sujetos de investigación; y desde la dimensión legal se ha entendido como la obligación que se tiene de parte del personal de la salud y que implica en condición de su imcumplimiento, unas sanciones para dicho personal. Se convierte así en uno de los aspectos ético jurídicos de la relación médico paciente más problemático y sobre el cual se despiertan muchas inquietudes.

Este artículo pretende hacer un acercamiento a la problemática del fundamentalismo partiendo de la relación política y religión, la cual está enmarcada por los componentes Mythos, Logos y Ethos, en ellos se evidencia que la experiencia religiosa como expresión del ethos es la que determina la manera de mostrarse al mundo.

En este texto se explica cómo mediante la idea de Razón Pública, los Dos principios de justicia se encarnan en el corazón de una socieda política según John Rawls. Los Dos principios de justicia son una abstracción que toma cuerpo conforme a los intereses, necesidades y formas propias de cada organización social según su historia y cosmovisión. La tarea del Tribunal Constitucional como máxima expresión de la idea de Razón Pública, consiste en asegurar que la actividad política que lideran las mayorías sea coherente con los Dos principios de justicia, los cuales son el fundamento de toda su idea de justicia.

Frente a la autoridad encargada de realizar el control de constitucionalidad, en el contexto internacional existen dos grandes modelos: el difuso en cabeza de los jueces y el concentrado a cargo del tribunal constitucional. El sistema colombiano recoge elementos de ambos, estableciendo un modelo ecléctico, confuso e inseguro, que ha facilitado la evasión del control de constitucionalidad efectivo.

El derecho de no autoincriminación tradicionalmente ha sido circunscrito al campo penal. La Corte Constitucional colombiana se muestra acorde con dicha postura, sin embargo, esta garantía constitucional puede extenderse válidamente a otras areas diferentes, partiendo de una directiva argumentativa que amplía el margen de apreciación de este derecho como lo es el tan reconocido principio pro personae propugnado por los sistemas jurídicos internacionales. Así lo que pretende el presente artículo es mostrar la oscilante postura de la Corte Constitucional en este punto y proponer el principio pro personae como un argumento para extender la menciondad garantía en áreas diferentes del derecho penal.