vol. 12 (2019): anuario colombiano de derecho internacional

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El artículo introduce algunas reflexiones sobre las implicaciones de los acuerdos de protección y promoción de las inversiones (appi) y de los capítulos de inversión en los tratados de libre comercio (tlc) para países del nivel de desarrollo de Colombia, y, en consecuencia, de la importancia de contar con políticas claras en materia de inversión extranjera y con un modelo robusto de medición de beneficios en términos de desarrollo y de riesgos en cuanto a la limitación a su capacidad regulatoria y su eventual responsabilidad internacional por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante estos acuerdos. Para ello refiere el escrito algunos estándares de protección particularmente sensibles y, a partir de allí, aporta un estudio de la evolución de la política interna de inversión colombiana, segmentada por los períodos gubernamentales, partiendo de lo incluido en los planes nacionales de desarrollo y en los documentos Conpes, así como en modelos de tratados diseñados en los distintos gobiernos, en aras de identificar si Colombia, en lo que llevamos de este siglo, ha contado con políticas estructuradas que orienten los procesos de negociación y conclusión de tratados que correspondan a los modelos propuestos y a los intereses del Estado. Lo anterior justificado en que Colombia en los últimos dos años se ha visto expuesta a importantes disputas en materia de inversión extranjera, varias de las cuales ya se encuentran materializadas en procesos ante el ciadi.

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Este artículo analiza la reciente Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Medio Ambiente y los Derechos Humanos y sostiene que constituye un hito que reorienta efectivamente el derecho ambiental internacional. El artículo está dividido como sigue: En primer lugar, analiza los aspectos más destacados de la Opinión Consultiva, entre otros (1) El derecho a un medio ambiente sano como derecho vinculante; (2) La Opinión Consultiva como un hito en el desarrollo gradual de la jurisprudencia internacional sobre las obligaciones de derechos humanos transfronterizas (o “diagonales”) (es decir, la posibilidad de que los individuos que no están bajo la jurisdicción territorial del Estado presentendemandas de derechos humanos cuya responsabilidad internacional por daños ambientales se invoca). En segundo lugar, el artículo contextualiza la Opinión Consultiva al analizar lo que consideramos cuatro vectores claves que afectan actualmente la trayectoria del desarrollo en curso del derecho ambiental internacional, y cómo los avances logrados en la Opinión Consultiva encajan con esos desarrollos. En tercer lugar, coloca la Opinión Consultiva en el contexto más amplio de los desarrollos que se dirigen hacia una reorientación necesaria en el derecho ambiental internacional, en particular: la integración (o des-fragmentación) del derecho internacional, la operacionalización de los principios ambientales en las normas legales a nivel práctico y un enfoque en remedios. Se argumenta que en tanto que el mundo experimenta la presión por normas de derecho medioambiental más efectivas y con consecuencias legales si son violadas, ejemplos de pensamientos más sofisticados e innovadores en materia de derecho del medio ambiente actual, vienen emanando de los países del hemisferio sur, como lo confirma la Opinión Consultiva.

El presente trabajo analiza la situación del océano Ártico y los efectos del cambio climático aplicados al paso del Noroeste, una vía de navegación que une el Pacífico y el Atlántico; es objeto de una importante controversia internacional entre Estados Unidos y Canadá; y además ha llamado la atención de Estados como Japón, Noruega, China e, incluso, la Unión Europea. Este escenario plantea la evidente necesidad de comprender no solo su particular situación frente al efecto del cambio climático, sino también el desafío de su protección y preservación ante el potencial que presenta para el comercio marítimo internacional.

El aumento constante de las inversiones extranjeras durante las últimas décadas ha venido acompañado de un cambio en sus parámetros. El origen de las inversiones varía, como lo hace su naturaleza y destino. La posibilidad de que sectores claves de la economía del Estado receptor acaben en manos de inversores extranjeros, en ocasiones pertenecientes o controlados por un Estado foráneo, es vista con prevención en muchos países y acentúa la creciente oposición al libre comercio y a la inversión extranjera. La limitada respuesta -ex post- ofrecida por el marco normativo internacional, lleva a los Estados a diseñar respuetas ex ante, dirigidas a controlar ciertas inversiones que por su origen, condición o destino pueden resultar potencialmente riesgosas para su seguridad nacional.