vol. 4 (2016): derecho

La contaminación ambiental, hoy por hoy, es uno de los temas de mayor trascendencia a nivel global, dado el impacto que esta ha tenido en lo referente al calentamiento global y los efectos nocivos ocasionados en la salud de la población en todo el mundo. La contaminación atmosférica generada por la zona industrial del Municipio de Sogamoso, se ha convertido en un problema de salud pública y, por ende, en un problema para el estado Colombiano. Siendo el Municipio de Sogamoso una de las zonas de mayor contaminación del país, es importante poder determinar cuáles han sido las acciones empleadas por el gobierno colombiano respecto del tema y las políticas implementadas para tal fin; esto, para poder determinar el grado de responsabilidad del Estado en la emisión de contaminantes a través de dichas calderas. En Colombia, cabe resaltar la actividad de distintas ciudades en donde se han desarrollado programas de control y monitoreo referente a la emisión de gases contaminantes. Sin embargo, zonas industriales como las ubicadas en Sogamoso-Boyacá, parecen no tener ninguno. Existe en nuestro país un marco normativo que permite  realizar el estricto control y vigilancia de las industrias en cuanto a la emisión de gases contaminantes. Fue con la constitución de 1991 como se intensificó el control en cuanto a la protección del aire, en sus artículos 79 y 80, referentes al derecho de gozar de un ambiente sano y del deber del estado de velar por su conservación y de imponer las sanciones a que haya lugar en d caso de que se ocasione algún tipo de deterioro ambiental y exigir la reparación de los daños causados.

Partiendo del concepto de dignidad humana, se hace un análisis crítico en las diferentes situaciones de conflicto que se presentan en la sociedad, esto con el fin de alertarla sobre la continua vulneración que se presenta a diario a este principio fundamental y constitucional, de que no ha podido gozar en plenitud el ser humano, por convertirse cada vez más en incierto.

Sin duda alguna, la protección del medio ambiente se ha convertido en uno de los principales temas de discusión en la agenda internacional. A través de las diferentes declaraciones y convenios, los Estados han buscado implementar mecanismos y acciones para la protección de los recursos naturales y menguar el impacto del proceso de industrialización. Para el caso particular del Estado colombiano en la constitución de 1991, se incluyó una serie de artículos que buscan la protección del derecho a tener un medio ambiente sano; estableció en el mismo ordenamiento las acciones populares como el instrumento a utilizar en caso de buscar amparar dicho derecho. Sin embargo, encontramos que en la actualidad los ciudadanos acuden a la protección de los derechos ambientales a través de la acción de tutela, producto de los cambios en la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha avalado mediante diferentes sentencias. Al preguntarse sobre las razones que llevaron a la Corte Constitucional a proteger derechos ambientales por vía de la acción de tutela y no solamente mediante la acción popular encontramos tres fases: la primera cuando no amparaba tal derecho; la segunda cuando lo protegió en conexidad a derechos fundamentales; y, la tercera fase cuando desarrolla la postura de la protección del derecho social fundamental. 

La base del presente artículo es observar la problemática del derrame de crudo, ya sea por causa propia de la actividad petrolera o por las manos criminales de terceros que atentan contra la infraestructura de esta industria, lo que trae como consecuencias enormes problemas ambientales. Estos problemas se van a ver reflejados principalmente en la afectación de la biodiversidad, problema con los suelos, y el más importante la contaminación del recurso hídrico, elemento fundamental para la conservación de la vida de todas las especies que conforman un ecosistema. Por lo tanto, se hace necesario realizar un estudio de la responsabilidad que pueda recaer al Estado, analizando los títulos de imputación de la responsabilidad que se adapten al concepto de derrame de crudo por la actividad de la industria petrolera, de cara a las comunidades que se encuentran afectadas por estos hechos.

El derecho de propiedad en Colombia ha tenido un desarrollo que ha impuesto cambios en su connotación absolutista, desde la Constitución Política de 1886, en su paso por la reforma de 1936, hasta la Constitución Política de 1991 a este derecho le ha sido reducido su “núcleo irreductible”, albergando conceptos de función social y ecológica, que han impuesto limitaciones al uso, goce y disposición del mismo derecho. Es entonces el caso de las áreas protegidas en las cuales se reconoce la propiedad, pero la misma se encuentra sujeta a las finalidades propias de estas áreas, es decir, las facultades de ius utendi, ius fruendi y ius abutendi se limitan en virtud del interés general y de la función ecológica que se impone a la propiedad, ya que la existencia de las áreas protegidas se torna en un factor fundamental para la consecución de un ambiente sano y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pues el objetivo de su declaratoria es que se mantengan incólumes o intangibles, sin ningún tipo de daño y que no puedan ser alteradas, lo que se garantiza con su régimen estricto de usos, sin que esto implique una vulneración al núcleo esencial de la propiedad, siendo posible ejercer actividades compatibles con el plan de manejo de cada área protegida.

En el presente trabajo, se buscó hacer un recorrido por algunos de los delitos más comunes que se cometen contra los recursos naturales y el medio ambiente, por parte del gremio de los alfareros y la industria productora de ladrillo, teja, bloque, cal y demás derivados de la arcilla, en la ciudad de Tunja. Así mismo, se trajo a colación ciertos estudios científicos que dan cuenta del alto nivel de contaminación que actualmente se encuentra en el medio ambiente, los ríos, el suelo y per se, en la salud y el bienestar de las comunidades especialmente apostadas alrededor de los chircales, las cuales vienen padeciendo enfermedades de tipo respiratorio, y de orden dermatológico (piel) debido a la fuerte exposición que se someten diariamente. Igualmente, se aborda la problemática socioeconómica de más de 500 familias cuyos ingresos dependen directamente del trabajo y producción artesanal de los productos generados por los chircales. Con todo, se trae a colación los informes de seguimiento y control realizados por las autoridades ambientales, entre ellas, Corpoboyacá, y la Secretaría de Desarrollo Urbano de Tunja, resaltándose la adopción de nuevas prácticas y tecnologías que contribuyan a reducir al máximo el riesgo y los daños ambientales, dentro del área de reserva minera declarada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Finalmente, se hacen algunas referencias jurisprudenciales que dan cuenta del tema, y sobre el impacto negativo que ha sido provocado por la polución y los gases contaminantes que constantemente se concentran en la atmósfera.

El presente artículo parte de reflexiones fundamentales en torno a la diversidad biológica, desde la perspectiva del derecho internacional, abordando su importancia y necesidad de protección. Luego, aborda su principal problemática. Se presentan selectos hitos de la política internacional del derecho ambiental que se acercan a esta problemática. El texto concluye con los principales retos que deben asumirse para garantizar el adecuado manejo y conservación de la diversidad biológica del planeta.

Los Planes de Ordenamiento Territorial constituyen una herramienta fundamental para la planificación del territorio, y es a partir de estos como se da un adecuado desarrollo ambiental, cultural, productivo y estructural. La dinámica del territorio  varía constantemente y es aquí donde debe buscarse una adecuada adaptación a las nuevas necesidades, tanto para el aprovechamiento como para la protección de los recursos naturales, los cuales deben encontrarse acorde con las nuevas realidades exigidas por la dinámica del territorio. Surgiendo la pregunta para determinar ¿Qué ocurre cuando las autoridades competentes desconocen su obligación constitucional de garantizar una adecuada planificación para la protección y goce de los recursos naturales? Resulta pertinente enfrentar la situación descrita, con la finalidad y papel de Estado frente a la necesidad de la planificación ambiental territorial, y los posibles tipos de responsabilidad del Estado.

El derecho al medio ambiente ha sido ampliamente desarrollado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional e internacional. Colombia ha considerado este derecho de vital importancia en relación con su vínculo con el ser humano, al igual que la responsabilidad del Estado y los particulares en su protección, al punto de ser incluido un amplio conjunto de disposiciones en la Carta de 1991. La Corte Constitucional, en su labor de control constitucional, ha tenido la oportunidad de definir el concepto del derecho, manifestando el papel del mismo en el orden jurídico y los mecanismos de protección, al igual que decantar de la doctrina y la jurisprudencia el concepto de desarrollo sostenible. La identificación clara del contenido del derecho como tal o como principio, permite entonces dilucidar las confusiones de orden jurídico que llevan a proceder por vía de acción de tutela o acción de popular, en los términos de la Constitución Política de 1991.

La responsabilidad del estado ha traspasado nuevas fronteras, entre ellas la percepción que se tenía frente al acaecimiento del hecho dañoso por parte del estado renovando su visión a nuevos escenarios, entre los cuales está el fenómeno de la contaminación causado por las aspersiones aéreas con glifosato, desplazando este instituto hacia un nuevo paradigma frente a los elementos clásicos de la responsabilidad; para dar paso a la responsabilidad ambiental. Frente a lo cual, el derecho ha tenido que dar solución a los problemas que se plantean en esta sede, entonces el principio de precaución aparece para llenar el vacío de la incertidumbre que se genera en este ámbito. Así pues, como prolegómeno estos párrafos que anteceden debemos concluir que (Henao 2009a, p. 13) “la vida en sociedad representa un doble riesgo permanente: dañar y ser dañado”.

En el presente artículo se realiza una breve reflexión acerca de una de las más nocivas formas de contaminación de la que ha sido víctima nuestro país: el derrame de petróleo. Si bien es cierto que la mayoría de derrames corresponden a las voladuras de oleoductos por parte de la guerrilla, también es cierto que por el carácter peligroso que ostenta la actividad petrolera, se presenta una afectación por los derrames accidentales generando graves consecuencias ambientales, afectando con ello la salud pública y, por ende, los derechos colectivos.   Es innegable que las voladuras de oleoductos no corresponden a la actividad petrolera, motivo por el cual no es imputable al Estado en la medida que el daño ha sido ocasionado por un tercero, denominado como eximente de responsabilidad. Por otra parte, en los derrames accidentales, las cláusulas de indemnidad o exonerativas en los contratos de asociación petrolera serán válidas entre las partes pero inoponibles ante terceros, para con ello establecer la importancia de existir un fundamento reparatorio a cargo del Estado Colombiano por los daños ocasionados en materia ambiental en ejercicio de la actividad petrolera, sustentado en el deber constitucional de proteger el medio ambiente y basado en los elementos de la responsabilidad: daño, imputación y la antijuridicidad; y si deberían finalmente ponerse en marcha instrumentos jurídicos, económicos, un sistema de prevención más severo y de responsabilidad.

Este artículo tiene por objetivo presentar el régimen jurídico ambiental de la energía hidroeléctrica en Colombia, entendida como una actividad de vital importancia para el desarrollo económico del país. Esta fuente energética, que tradicionalmente ha sido entendida como renovable, se desarrolla en un contexto colombiano caracterizado por una serie de conflictos jurídicos, económicos y socio-ambientales, que también serán brevemente descritos. Principalmente, se pretende presentar un panorama de esta actividad económica desde un punto de vista jurídico ambiental, finalizando con una breve referencia a un caso actual que permite vislumbrar la importancia de los asuntos expuestos.