vol. 5 núm. 2 (2014)

En el presente artículo se estudiará la experiencia peruana al tratar los crímenes de tortura y desaparición forzada de personas al momento de conocer procesos por violación de los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. En ese sentido, en un primer momento se abordará el marco normativo del Perú donde se regulan los delitos de tortura y desaparición forzada de personas, considerando cuál ha sido su desarrollo normativo. Asimismo, se presentarán cuáles son las diferencias esenciales entre lo regulado en el Perú y el Derecho Internacional, analizando cómo ha sido tratado en la jurisprudencia de los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Tratados Internacionales. De esta manera, será posible evidenciar como la jurisprudencia peruana ha podido suplir algunas deficiencias adoptando los criterios del Derecho Internacional en muchos casos pero, en otros, se ha visto limitada de adecuar el Derecho Internacional con la ley peruana. En ese sentido, este artículo busca resaltar el problema de un distinto tratamiento entre el Derecho Internacional y el nacional, y la progresiva adopción de los criterios del Derecho Internacional como un medio para suplir vacíos normativos en el Perú.

El pluralismo del Derecho internacional permite vincular a diferentes actores y regímenes en la protección de los derechos del individuo y de la sociedad civil global en general. La diversidad de aproximaciones al estudio del Derecho internacional contemporáneo posibilita una lectura interdisciplinaria del mismo y como se aprecia en este nuevo número de EJIL la relación de diferentes materias gracias a su lectura de lo internacional.

En la actualidad es posible percibir una falta de uniformidad respecto al uso del concepto de privacidad en distintos instrumentos internacionales. Esta situación se ha evidenciado aún más con el desarrollo del derecho a la protección de datos personales ya que estos dos derechos – privacidad y protección- en ocasiones parecen colisionar. Hoy existen diversos lineamientos que pretenden armonizan el derecho a la privacidad con la protección de datos personales. Los estándares emanados de la Unión Europea, aun sin proponérselo, están sirviendo como base para la regulación de la materia a nivel global.

Tanto la ley colombiana como la inglesa imponen al asegurado deberes precontractuales de información; en ambos casos estas obligaciones se derivan del principio de buena fe presente en el derecho romano, en la lex mercatoria y en las primeras leyes de seguros modernos. Sin embargo, el desarrollo de este principio y los deberes resultantes en cada jurisdicción llevaron a diferencias suficientemente significativas que produjeron importantes críticas y reformas en Inglaterra, pero no han dado lugar a muchas críticas en Colombia. A pesar de que el enfoque colombiano no siempre es más favorable para el asegurado, las situaciones específicas en las que la ley colombiana sí es más amigable al asegurado han sido suficientes para no molestar a los diferentes actores de la actividad aseguradora. Las soluciones introducidas en 2012 en Inglaterra han en gran medida equiparado, por lo menos en el campo del derecho de seguros de consumidores, los deberes precontractuales de información con el régimen colombiano. Al final ambas jurisdicciones han sido capaces de hacer frente a las dificultades que la buena fe en la etapa precontractual puede acarrear. La mayoría de los problemas han sido o están siendo abordados y la buena fe y los deberes de información precontractual del asegurado siguen siendo una parte muy importante y significativa del derecho de seguros de ambos países.

En la actualidad el dinamismo de la relaciones internacionales no permite la existencia de un único actor que pueda denominarse central, por el contrario, se está frente a un escenario donde existen una cantidad temas de discusión que exige la confluencia de actores de carácter tanto público como privado que participen y regulen las relaciones internacionales. El presente documento se enfoca en el actuar de las compañías multinacionales como autoridades privadas dentro del ámbito internacional y su influencia dentro de la estructuración de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) mediante la creación de normas de soft law, usando como ejemplo las actividades desarrolladas por la iniciativa Global Compact. Lo anterior, con el objetivo de explicar cómo las compañías multinacionales hacen parte de la toma de decisiones frente asuntos globales como autoridades privadas mediante el análisis de la naturaleza jurídica de los estándares y lineamientos nacidos de la iniciativa Global Compact como normas de soft law. Teniendo esto en cuenta, se busca lograr un entendimiento sobre el cambio presentado en la normatividad y en las relaciones internacionales durante los últimos años al comprender que ya no son los Estados los únicos participantes y reguladores sino que a través de herramientas jurídicas no tradicionales se da respuesta a las necesidades sociales de los diferentes grupos interesados en los asuntos globales.

El proceso de globalización ha convertido a las corporaciones multinacionales en actores poderosos de la gobernanza global contemporánea. Por esto, cuando incurren en violaciones a los Derechos Humanos, resultan impunes. Por un lado, existen normas de soft law que las harían responsables de dichas violaciones, así como algunas regulaciones privadas; sin embargo, su efectividad depende de la voluntad de las compañías de aplicarlas. Por otra parte, el Derecho Internacional se enfoca en vincular directamente a los Estados en los que operan las compañías, pero frecuentemente estos carecen de una institucionalidad fuerte que permita implementarlas, o evitan hacerlo porque temen a perder la inversión que llevan las multinacionales a sus países. La sociedad civil global presiona a los Estados y a las organizaciones internacionales de manera directa, así como indirecta, con el fin de conseguir un marco normativo más vinculante y comprensivo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano relevante dentro del Sistema Interamericano de Protección de derechos Humanos. Como era previsible, su trabajo ha causado tensión entre los Estados miembros. Recientemente, esta tensión se ha venido incrementando, en parte debido al conflicto entre dos paradigmas diferentes en las relaciones internacionales. Por un lado, del paradigma liberal que enfatiza en la idea de la cooperación y los Derechos Humanos, y por otro, el paradigma realista que se centra en la noción de soberanía y en el propio interés de los Estados en el plano internacional. A causa de la creciente tensión entre ambos paradigmas, un proceso de reforma se ha abierto con el propósito de hacer algunos cambios en el funcionamiento de la Comisión. Por un parte, la Comisión y algunas organizaciones de la sociedad civil pretenden preservar su autonomía, independencia y competencias. Por la otra, algunos Estados presenten restringir las competencias de la Comisión y han amenazado con bloquear al sistema. Este artículo trata de abordar dicha tensión, dando al lector algunos calves sobre el contexto y perspectivas sobre el proceso de reforma que aún permanece abierto y que pudiera tener serios efectos en la protección internacional de los Derechos Humanos en la región.