vol. 12 núm. 2 (2010)

El texto sostiene que si bien existen algunos encuentros estratégicos en el tema de tierras en distintos sectores de la sociedad, los cuales confluyen en el tema específico de la restitución, también existen diametrales desacuerdos sobre el tema. Por un lado, están quienes abogan por una “restitución fina”, y respaldan entonces una política de restitución que se concentre en corregir la ilegalidad del despojo y aclarar los títulos y los derechos individuales sobre los bienes, lo cual serviría para dinamizar el mercado de tierras y dar vía libre a una política de desarrollo rural que modernice la producción agraria, con base, esencialmente, en la gran propiedad empresarial. Al otro lado del espectro se ubican los defensores de lo que podemos llamar una “restitución gruesa”, quienes promueven la adopción de una política de restitución que satisfaga los objetivos no sólo de justicia correctiva, sino además de reconocimiento y redistribución a favor del campesinado y las comunidades étnicas

El presente artículo parte de la evidencia que ha sido recogida por diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, en materia de la interrelación entre la violencia sexual en contra de las mujeres, el desplazamiento forzado y el despojo en el conflicto armado colombiano. Para el efecto, utiliza el concepto de regímenes de violencia sexual, a fin de realzar el que los fines perseguidos por la conducta no se agotan siempre en el simple consumo, sino que, dependiendo del contexto, pueden estar conectados con objetivos más amplios dentro del repertorio estratégico de los actores armados. Asimismo, el documento admite la dificultad de la prueba de esta correlación en las instancias judiciales pertinentes, por lo cual plantea la posibilidad de crear una presunción desvirtuable, en el ámbito del estado de cosas inconstitucional declarado por la sentencia T-025 de 2004, que morigere la carga de la prueba de las víctimas y sirva como un catalizador para promover nuevos arreglos de género.

Posesión y propiedad son dos caras diferentes de una misma moneda. Las dos tienen un mismo eje: el disfrute, principalmente económico, de un bien. En países como Colombia y Perú se han introducido importantes reformas cuyo principal efecto ha sido su acercamiento. Este artículo se ocupa de estas dos instituciones, hoy, más que nunca, colindantes.

La problemática de la protección de bienes en el país es una pregunta obligatoria para quienes tienen dentro de su labor el reconocimiento, la restitución y la reparación de las víctimas del desplazamiento forzado. Uno de los puntos que deben analizarse dentro de esta problemática es lo concerniente a la protección de bienes urbanos y cuya responsabilidad está en cabeza de los municipios. El desarrollo de una política pública por parte de la ciudad de Medellín para la protección de bienes es un avance significativo para la construcción de protocolos y para la reivindicación de derechos de quienes han abandonado por causa de la violencia o han sido despojados de sus viviendas en lo urbano

La construcción del Estado debe estudiarse a través de la forma como se estructuran las agencias encargadas de cumplir cada una de sus funciones de regulación. Una de estas funciones es la regulación de los derechos de propiedad. Durante la República Liberal, como reacción a la fuerte movilización social, se promovió el desarrollo de instrumentos de regulación de la propiedad: colonización, parcelaciones, adjudicación de baldíos y, finalmente, un nuevo marco normativo. A pesar de sus intenciones, todos estos esfuerzos enfrentaron y fallaron en solucionar los retos que enfrenta toda organización en su crecimiento: la escasez de recursos, mantener el control de sus agentes, y mantener la simplicidad técnica.

El presente artículo ofrece una interpretación teórica acerca de las disposiciones sobre restitución de tierras contenidas en la famosa “Ley de Víctimas”, la cual fue debatida en el Congreso colombiano en el año 2008. El proyecto de ley preveía mecanismos específicos encaminados a garantizar la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado colombiano. En su momento, el proyecto de ley fue respaldado por los principales actores políticos del país, incluyendo el gobierno y las élites que lo apoyaban, por un lado, y las organizaciones de víctimas y de derechos humanos y los grupos de oposición, por el otro. El hecho de que todos los actores políticos del país estuviesen considerando seriamente la posibilidad de restituir las tierras a las víctimas del conflicto armado colombiano parecía indicar la existencia de un consenso entre actores políticos cuyas posiciones normalmente están enfrentadas, sobre un tema que tradicionalmente ha generado altos niveles de polarización. Le existencia de dicho consenso es desconcertante porque no parece corresponder ni a los intereses ni a la visión de justicia de dichos actores políticos, y además porque la restitución de tierras enfrenta enormes dificultades tanto prácticas como normativas, lo que indica que posiblemente no sea la mejor alternativa para enfrentar la problemática de distribución de tierras en Colombia. El artículo concluye que el respaldo dado por todos los actores al principio de justicia restaurativa podría llevar a su efectiva realización, y consiguientemente generar un resultado que a pesar de (o quizás por) no ser intencional, podría contribuir sustancialmente a resolver el problema de la desigual distribución de tierras en Colombia

El presente artículo tiene como finalidad presentar una aproximación a la figura del trabajador del campo o de la zona rural, demostrando la importancia que éste ha tenido en los ámbitos sociales, económicos y culturales de Colombia, hasta llegar a un estudio jurídico en lo laboral, teniendo en cuenta disposiciones legales agrarias. El estudio permite ilustrar, a través de la historia, la normativa y la jurisprudencia el tratamiento que estos estadios le han brindado al campesino, desde sus orígenes como trabajador agrario o de la tierra, a través de los medios de producción agrícolas, hasta llegar a los sistemas de industrialización actuales. Esto pone en entredicho la eficacia de las normas existentes y el papel de las altas cortes para mantener, a pesar de la globalización, los mínimos en derechos y garantías de los campesinos, considerados igualmente trabajadores, pero con la especial connotación de población vulnerable. Así las cosas, el presente estudio pretende ilustrar el papel actual del derecho del trabajo y de la seguridad social en el campo de la demostración de la existencia o ausencia de mecanismos de protección de los trabajadores de las zonas rurales, y la necesidad de implementar algunos que conlleven la justicia social, mandamiento primigenio de la Constitución Política de 1991. 

¿Cómo justificar la práctica de la justicia correctiva asociada con el fin de conflictos armados? El presente artículo pretende mostrar la fuerza y pertinencia de esta pregunta, así como argumentar que la justicia social debe tener prioridad respecto a la justicia correctiva en casos de guerras masivamente destructivas. Tomando como base una concepción liberal Rawlsiana de la relación entre justicia correctiva y justicia social, se argumentará que, paradójicamente, mientras más destructiva sea una guerra, menos fuerza tendrán los derechos a la reparación y más énfasis deberá darse a políticas de reconstrucción orientadas a garantizar derechos básicos en toda la población.

El trabajo propuesto busca determinar las formas en las cuales se presenta atipicidad derivada de la particularidad y la constitucionalización del derecho del medio ambiente, ante la teoría general del acto administrativo, visto desde el estudio y la caracterización de las decisiones administrativas emitidas por la Oficina Bogotá D.C.-La Calera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en los procedimientos de concesión de aguas superficiales, así como exponer el contenido conceptual de este permiso.

El conflicto armado interno en Colombia se caracteriza por la generación de más de tres millones de desplazados internos, con consecuencias dramáticas desde el punto de vista humanitario y desde la óptica de la protección de sus derechos. En ocasiones, las razones fundamentales de dicho desplazamiento descansan en una dinámica de control y apropiación territorial con fines tanto estratégico-militares como puramente económicos. Los estándares jurídicos de orden interno e internacional establecen el derecho de las víctimas a la restitución de sus viviendas y patrimonio como el “medio preferente” de reparación en casos de desplazamiento, algo que no se está teniendo en cuenta suficientemente por parte de las políticas de atención al desplazamiento del Gobierno colombiano y de diversas instituciones internacionales. Cualquier política integral de reparación a las víctimas debe pasar necesariamente por la reversión del despojo de tierras, territorios y bienes que se ha producido en Colombia al amparo del conflicto armado interno.