vol. 13 (2004)

Si en el proyecto de Código de Procedimiento Penal aprobado en segundo debate por la Plenaria de la Cámara de Representantes se faculta a la Fiscalía para no exhibir todos los medios cognoscitivos que se encuentren en su poder al momento de efectuar la imputación, o al solicitar la imposición de medida de aseguramiento, y a la postre puede presentarlos cuando la defensa solicite la revocatoria de la referida medida, resulta evidente que con ello se violan los principios rectores de lealtad, igualdad y contradicción, así como el derecho fundamental de defensa establecido en la Carta Política, el Pacto de Nueva York y la Convención de San José de Costa Rica.No es procedente con criterios eficientistas reemplazar a los fiscales sin rostro por fiscales con rostro que ocultan las pruebas para sorprender al procesado en la audiencia.Por tanto, se impone retirar del proyecto la facultad de reservar medios demostrativos a la Fiscalía al efectuar la imputación o al solicitar la imposición de medida de aseguramiento, pues solo de tal manera podrán hacerse efectivos los principios rectores declarados en el mismo estatuto, con lo cual se garantizará el derecho a la defensa reconocido en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad, a fin de hacer legítimo y válido materialmente el sistema procesal próximo a implantarse.

En el presente artículo, el profesor Pablo Nuevo analiza las consecuencias que el abandono de la doctrina del bien común tiene en el derecho constitucional, a partir del estudio de la incoporación de valores al ordenamiento jurídico que realiza la Constitución Española de 1978. Esta incorporación parecería dotar de contenido material a la Constitución, que pasa a estar al servicio de la dignidad de la persona y de los valores de justicia, libertad, igualdad y pluralismo político.No obstante esta positivación de un orden axiológico, a juicio de Nuevo, el entendiminiento que el Tribunal Constitucional ha realizado del valor pluralismo contribuye a debilitar el propio Estado constitucional pues el Tribunal, de la mano del principio democrático y de la soberanía popular, ha interpretado el valor pluralismo como relativismo, negando a los valores un fundamento más allá del consenso. Entender el pluralismo como igual legitimidad de toda representación del hombre y del mundo, que funda un derecho a seguir dicha concepción en todos los aspectos de la vida social, favorece que los postulados de la Constitución sean entendidos como significantes sin significado, debiendo éste ser construido a partir del principio mayoritario, lo que conduce tanto al debilitamiento de los derechos fundamentales, como a la progresiva erosión de las condiciones sociales en que puede favorecer el Estado constitucional. Como subraya el autor, el Estado moderno vive de presupuestos que no puede crear, pero sí en todo caso destruir.De igual manera, para el profesor el constitucionalismo liberal, pluralista e individualista de nuestros tiempos, carece de herramientas conceptuales para solucionar las aporías que plantea las sociedades occidentales de nuestro tiempo, que se debaten entre el miedo al Leviatán y la inseguridad de un mundo anómico. El autor sostiene que solo con una vuelta a la ley natural es posible ordenar la vida política de manera que efectivamente se respete la dignidad de la persona.

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está muy congestionada. Para solucionar esta situación son necesarias varias medidas: 1. Disminuir los términos de caducidad (plazo legal dentro del cual la persona perjudicada debe presentar la demanda, vencido el cual ya no es posible formularla) de las acciones contenciosas ordinarias;2. Exigir a los abogados litigantes la presentación, como anexos de la demanda o de su contestación, de la mayoría de los documentos que quieran hacer valer en el proceso para disminuir el periodo probatorio y de las pruebas practicadas dentro del mismo;3. Aumentar tanto los gastos que debe sufragar el demandante para que se le tramite el proceso, como la imposición de costas (multa pecuniaria que se impone a una de las partes) para la parte vencida en el pleito;4. Transferir a la Jurisdicción Ordinaria Civil, asuntos actualmente asignados a la Contenciosa y en especial los procesos ejecutivos, los de restitución de inmueble arrendado y los de responsabilidad por falla médica;5. Eliminar acciones constitucionales mal diseñadas por el legislador, que no han tenido una eficacia real, como la acción de repetición (cuando la entidad pública condenada a pagar una indemnización demanda al servidor público causante de la condena), las acciones populares por moralidad pública y las acciones de grupo;6. Equilibrar las cargas dentro de las secciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de tal suerte que parte de los asuntos de lasmuy congestionadas secciones Segunda y Tercera (el nombre de las Salas de decisión dentro del Tribunal), pase a la Primera y la Cuarta, bastante descongestionadas;7. Extender la perención (terminación anormal del proceso por inactividad de la parte demandante) en contra de las entidades públicas demandantes cuando estas no cumplen con sus cargas procesales;8. Eliminar la aprobación de las conciliaciones prejudiciales por parte de los Tribunales Administrativos, para que éstas sean aprobadas en sede administrativa por los procuradores judiciales de la Procuraduría General de la Nación. 

El nuevo escenario internacional ha enfrentado a las naciones del mundo a reconceptualizar el término de seguridad internacional. Los enfoques hasta ahora planteados parecieran responder a intereses particulares más que a la necesidad de enfrentar las nuevas amenazas internacionales. La Conferencia sobre Seguridad Hemisférica celebrada en México en el año 2003, logro un significativo avance interamericano al plantear el concepto de seguridad multidimensional en el que se conjuntan los diferentes enfoques políticos, económicos y sociales de la región, fortaleciendo de esta manera el derecho internacional.

La importancia de la llamada “falacia naturalista” en la filosofía jurídica de los dos últimos siglos es casi indiscutible, tanto por la frecuencia con que se la esgrime como argumento irrebatible contra el iusnaturalismo como por la centralidad que la defensa de su validez ocupa en el pensamiento positivista1. En las páginas siguientes se examinará brevemente una de las aristas del contexto filosófico en el que dicho argumento fue elaborado, la epistemológica, para pasar a continuación a su análisis y a la descripción de las respuestas dadas desde el iusnaturalismo. La intención es poner de manifiesto la conexión existente entre el argumento de la falacia y la modernidad jurídica.