vol. 3 núm. 3 (2010)

La historia de la regulación de las inversiones extranjeras se caracteriza por su atención exclusiva a las obligaciones de los Estados anfitriones, y una total falta de atención sobre la regulación de la forma en que las MNCs realizan sus operaciones fuera de sus países de origen.El impulso de los países en desarrollo, durante los setenta, para revertir esta situación mediante la adopción de regulaciones globales tendentes a disciplinar la conducta de las MNCs se diluyó ante la fuerte resistencia desarrollada por sus oponentes. La necesidad percibida de establecer ciertos límites a las MNCs no vio respuesta alguna hasta los noventa cuando, en el marco de un contexto totalmente distinto, comenzaron a aparecer los Códigos de Conducta Corporativa (CCCs). Éste fue el comienzo de lo que podría denominarse “la era de la Responsabilidad Social Corporativa”. Pese al limitado ámbito de aplicación y la falta de mecanismos de aplicación que caracteriza a estos Códigos, el debate acerca de la posibilidad de adoptar normas internacionales que obligaran a las MNCs nunca fue retomado. De hecho, cuando los países desarrollados percibieron la necesidad de reforzar los derechos laborales en el mundo en desarrollo, canalizaron todas sus energías hacia la imposición de obligaciones internacionales sobre los gobiernos de los países importadores de inversiones. Así, si bien muchos acuerdos económicos internacionales prevén estándares mínimos de protección que los países anfitriones deben garantizar a los trabajadores dentro de su territorio, ninguno de ellos se refiere a los estándares mínimos de trato que las MNCs deberían asegurar a los trabajadores que emplean fuera del territorio.

Este artículo presenta las conclusiones de la Edición Especial en Responsabilidad Social Empresarial en América Latina de la Revista de Negocios Internacionales. Actualmente, la cadena de producción implica una dinámica de distintas presiones, hacia arriba y abajo, que afectan la participación en el mercado y, en consecuencia, el rendimiento. Las preocupaciones de Friedman en torno a la responsabilidad social se verían satisfechas si los gerentes de las firmas persiguieran objetivos similares por motivos de lucro. Sin embargo, si fuesen motivados por otros factores, esto sería cuestionado por Friedman, quien los tildaría de “lavado de cara (“window dressing”) hipócrita”, y de asumir funciones de índole política propias del estado y su sistema fiscal. Esta relación entre responsabilidad social, acción privada y regulación estatal sigue siendo crucial y compleja. Partiendo de la existencia de estas áreas grises, los artículos de esta edición especial de la revista destacan aspectos que requieren atención y desarrollo, y formas con las que puede fortalecerse la responsabilidad social. Esto incluye un mayor cumplimiento como una condición para la promoción de la responsabilidad social. Esta posición surge como una crítica hacia los actuales sistemas reguladores, así como hacia la incertidumbre en torno a que estándares y regulaciones que deben ser aplicados a las empresas, por ejemplo, entre estándares del país de origen o estándares del país anfitrión. A nivel internacional, a la par del proceso contemporáneo de globalización que ha tenido lugar durante las últimas décadas del siglo XX y el inicio del siglo XXI, se han desarrollado mejores prácticas y certificaciones en diversas áreas, incluyendo códigos de conducta. Estos avances han sido importantes en cuanto han provisto de las líneas de base en función de las cuales pueden establecerse los sistemas de gestión. Paralelamente a la emergencia de una sociedad civil más crítica hacia las empresas globalizadas, grandes empresas nacionales y PyMEs, la agenda sobre la responsabilidad ha ganado en importancia. Esto es parte de la agenda según la cual se espera que las empresas cumplan con los mejores estándares posibles en una amplia variedad de cuestiones, que pueden ser consideradas como externalidades, pero que también abarcan dimensiones éticas, vinculadas por ejemplo a la corrupción y derechos humanos.

El proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sitúa a las luchas populares contra el poder de las corporaciones en América Latina en medio de una dinámica mundial en torno a la construcción de nuevas normas e instituciones para la regulación de las Empresas Transnacionales (ETNs). Los TPPs son críticos en el principio de voluntariedad en el que se apoya el modelo RSE de la autorregulación empresaria propuesto por las ETNs. En su lugar, aboga por la creación de un sistema de normas vinculantes y exigibles que puedan garantizar el cumplimiento efectivo de responsabilidades de las ETNs con los principios de Derechos Humanos. Esto plantea un desafío enorme. Al mostrar las limitaciones de la RSE, los casos del TPP hacen patente necesidad de contar con un sistema que regule debidamente las actividades de las ETNs. También ponen de manifiesto las contradicciones que existen entre las políticas e instituciones neoliberales y el desarrollo sostenible y democrático.

Dentro de la industria bananera, las iniciativas de responsabilidad social empresarial (RSE) varían de acuerdo con las motivaciones y las capacidades de los diferentes actores. Por ejemplo, a nivel local, en la industria bananera hay iniciativas planificadas y realizadas por las empresas productoras de bananas (en su mayoría multinacionales) cuyo objetivo primordial es establecer relaciones de confianza con los trabajadores, las comunidades locales y los gobiernos nacionales. Cuando los esfuerzos de la RSE a nivel local están vinculados a un conjunto más amplio de partes interesadas en el país, se puede considerar a la RSE como parte de la red de responsabilidad social (RSS). El incentivo para que una empresan bananera sea activa en el ámbito de la RSS es que, cuando la confianza local existe y perdura, las relaciones laborales se estabilizan (se controlan los costes de producción), y por lo tanto se maximiza la eficiencia económica y mejoran los beneficios previstos.

La responsabilidad social empresarial se ha insertado gradualmente en la práctica empresarial chilena y sin duda un sector que destaca en esta perspectiva es la minería. Por necesidades internas y externas, las compañías mineras han debido asumir una gestión integral responsable. No obstante, a nivel global aún falta por avanzar en dos líneas: en la aplicación de prácticas responsables en la mediana y pequeña minería y en el área gubernamental. Tanto las empresas como las organizaciones de la sociedad civil hacen patente la escasez de incentivos del gobierno que fomenten el desarrollo de políticas de RSE. Dentro de las iniciativas más destacadas en la Gran Minería se encuentran las analizadas en este estudio, Los Pelambres y Los Bronces, que a pesar de sus diferencias y especificidades están en un proceso similar de avance hacia una gestión más responsable y enfrentan amplios y variados desafíos.

Este artículo presenta y analiza los resultados de la primera encuesta representativa sobre la RSE realizada en Uruguay a nivel nacional, la cual considera tanto las prácticas realizadas por las empresas como la percepción de los individuos sobre estas prácticas. Considerando la encuesta de opinión pública, se concluye que existe un nivel de conocimiento sobre el tema relativamente bajo. Se destaca el rol preponderante que los individuos le adjudicanal gobierno, lo cual podría vincularse con la falta de confianza en la motivación de las empresas para realizar estas prácticas así como en la información que éstas dan. Se encontró que las empresas del sector industrial y servicios son las que más prácticas de RSE realizan, en particular, aquellas vinculadas con el medioambiente y el desarrollo formal de la organización. Un elemento clave que surge de este análisis es la percepción de los individuos sobre la poca información disponible y la falta de confianza en la información existente. Se encontró que los individuos no confían en la información brindada por las empresas y el gobierno. Este resultado es muy importante dado que un porcentaje relativamente alto de personas está dispuesto a cambiar hacia una empresa socialmente responsable.

Desde la época del colonialismo, las economías de América Latina se han integrado firmemente en la economía mundial. Las economías, basadas originalmente en un modelo de desarrollo orientado hacia la exportación de productos básicos, se han diversificado de modo gradual y con éxito durante el periodo de industrialización que, a mediados del siglo, veinte permitió sustituir importaciones. Al comenzar un nuevo milenio, sin embargo, la mayoría de las economías de la región permanecieron altamente dependientes de sus recursos naturales. Con la excepción de México y Brasil, que representan la parte del león de las exportaciones manufactureras, y algunos casos excepcionales como el de las exportaciones debidas a la presencia de INTEL en Costa Rica, el comercio latinoamericano sigue siendo altamente dependiente de las exportaciones de minerales y productos agrícolas.