vol. 5 núm. 9 (2010)

Los períodos siguientes a procesos de paz suelen ser de cuidado para evitar la reproducción del conflicto mismo o de otras formas de violencia asociadas a factores supérstites enquistados en la sociedad. Los negocios ilegales, los llamados “mercados de violencia”, vale decir la colección de elementos como ex-combatientes, armas, traficantes de las mismas y otras estructuras delincuenciales asociadas al conflicto anterior que permanecen en disponibilidad, pueden reproducir, total o parcialmente el cuadro de enfrentamientos que se espera superar.

El presente artículo intenta captar las transformaciones del uso de la figura del perdón, evidenciadas desde hace ya algunas décadas, en los procesos de construcción de paz. Para ello, se hace un acercamiento a la ética consecuencialista de los hacedores de paz, para luego contrastarla con la ´ética principalista de los defensores de los derechos humanos, donde la Corte Penal Internacional ha comenzado a erigirse como figura simbólica. Por último, se hacen algunas consideraciones acerca de las implicaciones de dichas transformaciones para el caso colombiano.

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La Responsabilidad del Superior es una teoría que supone responsabilidad penal tanto para el superior militar como para el superior civil. Ésta ha tenido aceptación internacional desde los primeros Tribunales Penales Internacionales (Tribunales Militares Internacionales) hasta el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este artículo explica, en lo esencial, la teoría de la responsabilidad del superior desde un punto de vista internacional, así como su acogida parcial por el ordenamiento interno colombiano a partir de la figura de la posición de garante y la aplicación del Acto Legislativo 02 de 2001 que adiciona la Constitución Política colombiana.

La Corte Penal Internacional (CPI) empezó a funcionar en el 2003, luego de la entrada en vigor del Estatuto de Roma el año inmediatamente anterior. Desde entonces, ha abordado la investigación de situaciones en cuatro Estados africanos: Por remisión de los propios gobiernos: Uganda (2004), por los actos de extrema violencia, reclutamiento de niñoos, esclavitud sexual, entre otros, cometidos por la guerrilla del Ejército de Resistencia del Señor (LRA). República Democrática del Congo (2004), en relación con las masacres a la población civil y el empleo de la violencia sexual como arma de guerra en la región de los Kivus. República Centroafricana (2005), por las masacres y graves violaciones sexuales que se cometieron en el 2002 y 2003. Por remisión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas: Sudán (2005), ante la evidencia de graves crímenes e incluso de genocidio ocurridos en la región de Darfur.

En los últimos años Sudán ha estado en el centro de un debate internacional acerca de si se debe intervenir en aras de prevenir o detener una catástrofe humanitaria. Aunque la crisis que se ha generado a partir de un conflicto que tiene dos dimensiones (norte-sur y Darfur) despierta un consenso internacional sobre su carácter negativo, hay duda acerca de si una intervención denota lastres de colonialismo o de si se trata de una muestra de solidaridad internacional. En 2004, Collin Powell como secretario de Estados de los Estados Unidos afirmó en una declaración oficial que en Darfur se estaba dando un genocidio. No obstante, no hubo una reacción concertada de la comunidad internacional frente a la situación. El caso trajo a colación el debate acerca de las implicaciones de ese reconocimiento. Dicho de otro modo, ¿Qué implica reconocer una situación de genocidio? Una reacción inmediata o el simple señalamiento para la censura internacional del régimen en cuestión.

El artículo reconstruye los orígenes del Régimen Penal Internacional y los antecedentes inmediatos del Estatuto de Roma, para luego describir las características y estructura organizacional de la Corte Penal Internacional. A continuación aborda el análisis del papel del tribunal en la consolidación del Régimen Penal Internacional y los factores que pueden estimular a los Estados a sumarse a dicho proceso. Finalmente valora, en términos de legalización, la contribución del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional a la consolidación del Régimen Penal Internacional.