vol. 17 núm. 33 (2014)

La prostitución se alinea entre los más complejos temas de un conjunto de conocimientosespecíficos que tienen por centro al ser humano. En este artículo se reflexiona sobrela posibilidad legal de los trabajadores del sexo obtener derecho al trabajo, al igual que cualquier otro profesional, tal como propone un proyecto de ley radicado ante el Congreso Nacional por el diputado carioca Jean Wyllys em 2012. Es un tema que nos lleva a una gran reflexión, porque no se trata sólo un procedimiento legal, por el contrario, la prostitución es rechazada por los valores religiosos y morales arraigados desde el principio de los tiempos, por lo que será difícil para la sociedad brasileña a aceptar su legalización, pues tal apoyo sería a contramano de los valores morales católicos.

La pregunta de investigación se refiere a la posibilidad jurídica de que algunos writs constitucionalmente previstos lleguen a actuar, válidamente, dentro del segmento especializado de la Justicia del Trabajo con el poder para salvaguardar los derechos eminentemente laborales, estos derivados de diversas relaciones (en especial aquellos del vector supraindividual) en el territorio nacional, así como investigar las consecuencias jurídicas que se derivan de la utilización racional de estos writs en el plano del derecho procesal laboral, establecido, básicamente, en el art. 114, IV, de la Constitución Federal. El ensayo también pretende sacar a la luz información concisa que muestra la intención del legislador constitucional de haber ampliado la jurisdicción de la Justicia del Trabajo, en 2004, para que esta rama del poder judicial pudiese apreciar las cuestiones de naturaleza constitucional, por su esencia.

En este artículo se presenta una semblanza histórica del unicameralismo y bicameralismo en Colombia,; en cada periodo abordado se realiza una somera descripción del contexto sociopolítico que enmarcó la expedición de las ocho constituciones políticas que, a lo largo de su existencia como nación independiente, se ha dado en nuestro país y que se examinan específicamente en el tema del poder legislativo. Se toma como punto de partida la conceptualización acerca del derecho parlamentario, para involucrar los elementos políticos y valorativos inherentes a la institución parlamentaria.

El estudio aborda la relación entre percepción de la corrupción y el derecho a una educación básica de calidad desde un punto de vista teórico y estadístico, lo anterior, con base en la correlación del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El análisis del estado del arte sobre la relación entre estas variables y los resultados del coeficiente de correlación, entre otras herramientas estadísticas, muestran que existe una alta relación: a menor percepción de la corrupción en un país corresponden mejores resultados en la evaluación de su calidad educativa. 

La corrupción es uno de los problemas más apremiantes no sólo en Colombia sino en el mundo, por el poder que tiene de quebrantar la democracia y de deslegitimar el papel del Estado frente a los ciudadanos. Es una amenaza para la democracia y el desarrollo económico de la sociedad. Hay múltiples motivos por los cuales la eliminación de la corrupción es prioritaria dentro de la comunidad empresarial: la desconfianza entre inversores, clientes, empleados generada por escándalos éticos; las investigaciones y procesos adelantados por casos de corrupción, entre otros. El sector empresarial, regulado por supuesto por las normas sobre la materia, le apuesta también a mecanismos voluntarios de autorregulación, en un interés por evitar los riesgos reputacionales, que vienen a sumarse a los económicos y legales. El propósito del presente documento es plantear la incidencia de la corrupción en el sector privado, su relación con la colusión, para llegar al marco regulatorio establecido tanto por el Estatuto Anticorrupción como por los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.  Finalmente, vincula la iniciativa voluntaria de Pacto Global con la participación activa de la ciudadanía.

Este artículo aborda y analiza el término convencional y reglamentario de los seis meses que se debe tener en cuenta al momento de presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A partir del desarrollo de una investigación básica, descriptiva y deductiva se obtiene el resultado de este análisis, el cual permite abordar la siguiente pregunta: ¿cómo debe entenderse el plazo de los seis meses que tienen las víctimas para presentar una petición ante la Comisión Interamericana?; el objetivo general consiste en identificar las líneas de argumentación de la Comisión cuando un Estado propone la inadmisibilidad de la petición por presentación extemporánea.

En este artículo, se analiza la formulación del problema acerca de las nuevas tecnologías y de sus límites éticos y jurídicos. Por lo tanto, en un primer momento se evalúan las contribuciones de dos de los más importantes jus-filósofos contemporáneos sobre el tema, Jürgen Habermas y Ronald Dworkin, y un posible diálogo de estos dos últimos con aquél que fue uno de los fundadores de la ética clásica, Aristóteles. Posteriormente, intentamos responder a la cuestión de ¿cómo podríamos comprender esa idea que Dworkin denomina «dislocamiento moral» entre el azar y elección o como lo denomina Habermas la «ampliación de contingencia»? Finalmente, se analiza cómo la distinción aristotélica entre deliberación técnica y la deliberación ético-moral puede colaborar para una mejor comprensión de las cuestiones acerca de las decisiones y elecciones a hacer por los agentes morales (como pacientes, familiares o jueces) y el tipo de deliberación técnica hecha por el médico y el profesional sanitario.

A partir de una observación a la enseñanza y práctica del derecho, se advierte que aún no se ha desarrollado una teoría de principios acorde al contexto nacional. Un sector de la doctrina los asume como principal paradigma normativo, con funciones políticas (criterios de legitimación racional), axiológicas (concreción de valores) y jurídicas (criterios de validez material); otro, indica que son criterios auxiliares de la actividad judicial. Esa confusión repercute negativamente en el razonamiento jurídico requerido, para una recta y eficaz administración de justicia en el marco del Estado social, y justifica un estudio detallado de la noción de principios asumida por la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia de 1991. De otro lado, la escasa doctrina nacional se ha limitado, en términos generales, a reproducir las ideas de importantes filósofos del derecho escritas al margen de los requerimientos que impone el modelo político colombiano. Confusión y descontextualización justifican el objetivo principal de este artículo: facilitar la comprensión de la naturaleza y funciones de los principios jurídicos en nuestro Estado social de derecho a través de la indagación de la voluntad del constituyente. Esto ayudará a superar la contradictoria jurisprudencia sobre el tema y la errada comprensión que se ha tenido del artículo 230 de la Constitución Política. Para lograr ese propósito, se acudió a un método de investigación documental de las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, los rollos de microfilmación que reposan en el Archivo General de la Nación y a entrevistas realizadas a algunos ex constituyentes.

El régimen pensional de los altos funcionarios del Estado, considerado como especial, ha generado insostenibilidad financiera hasta antes del 2013. Tiempo en el que se adopta una visión más garantista de los derechos de igualdad, equidad, solidaridad y equilibrio financiero del sistema general de pensiones, típico de una posición del Análisis Económico del Derecho (AED). Entonces, el estudio de las decisiones jurisprudenciales respecto del sistema especial de pensiones de los altos funcionarios, en el marco de las herramientas económicas, es el claro ejemplo para decisiones posteriores que busquen la eficiencia jurídica y económica de los sistemas normativos.

La Alianza del Pacífico (AP) es un área de integración de interés en las relaciones internacionales. No obstante, existe un vacío en la literatura sobre las ventajas de ésta para la política exterior de Colombia. Este artículo busca analizar las ventajas de la AP para Colombia. Se defiende la idea que la AP ofrece ventajas para la inserción internacional de Colombia basadas tanto en las características de esa área de integración como en las oportunidades que ofrece para su política exterior. La AP es un área de integración que tiene en sus instituciones una agenda definida de integración, la cosecha temprana de las negociaciones, el seguimiento a las cumbres y una presidencia pro témpore eficaz. Por otra parte, le ofrece a Colombia un área de integración sin tensiones con otros actores, instrumentos para diversificar sus relaciones con el mundo y una opción de liderazgo regional desde la persuasión.