núm. 10 (2012): diálogos de derecho y política

La principal pretensión de la investigación es evidenciar la existencia del Principio Democrático de Participación Ciudadana en el análisis del Estatuto Anticorrupción y su correspondiente mecanismo de inclusión ciudadana activa en los procesos de vigilancia y control de la gestión pública: la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. A partir de dicha intención, surge la inquietud por la existencia veraz, real y práctica del Principio de Participación Ciudadana en la Constitución Política colombiana, tomando herramientas normativas, jurisprudenciales y doctrinales. Por otra parte, teniendo en cuenta dicha caracterización del principio democrático, el análisis pretende sustentar la manera en que éste se ve reflejado en la legislación propia del Estatuto Anticorrupción, y así mismo, cómo irradia la creación y los propósitos de la Comisión Nacional Ciudadana. Finalmente, el orden lógico de la problemática traza la pregunta por la relevancia del principio democrático y su relación con la conformación de la Comisión Nacional Ciudadana, además de su contribución a la consolidación de la contemporaneidad del Estado Social, Democrático y Constitucional de Derecho Colombiano. 

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El texto presenta un breve recuento de las luchas estudiantiles a partir de la identificación de cuatro tendencias en la movilización de los estudiantes, pasando luego a contextualizar la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y el lugar que ocupa en dichas tendencias. Después de realizar una descripción de dicho espacio organizativo, se procede a conceptualizar el proceso que se adelanta hace casi un año por las y los estudiantes colombianos, identificando así unos retos y unas tensiones en la construcción del movimiento estudiantil en Colombia. 

El presente texto tiene por objeto presentar algunas reflexiones acerca del papel de la educación superior en la sociedad, acerca de su misión, sus fundamentos y objetivos frente a la conservación y transmisión de la cultura, el conocimiento y la técnica, de acuerdo con los planteamientos políticos que fueron formulados desde el texto constitucional de 1991. Estas reflexiones recogen los elementos de política pública que deben ser considerados en los actuales debates en materia de educación superior, de forma que las instituciones universitarias, y en especial las estatales u oficiales, puedan responder no sólo a las exigencias de un mercado competitivo que reclama el cumplimiento de requerimientos de calidad, sino también de la sociedad que demanda profesionales idóneos para la solución de los problemas nacionales. 

La hipótesis de trabajo que se pretende sustentar en este escrito consiste en que la diversidad cultural profunda no encuentra una respuesta adecuada dentro de esquemas liberales tales como el liberalismo procedimentalista, el liberalismo sustantivo o el nacionalismo liberal y el multiculturalismo liberal, y por esta razón es imperioso buscar modelos alternativos que permitan dar cuenta de la diversidad cultural más allá de los valores liberales. En este sentido, se revisarán las perspectivas abiertas por Catherine Walsh y Álvaro García Linera, a propósito de la interculturalidad y lo multicivilizatorio, respectivamente. Para desarrollar esta hipótesis se enfrentarán las distintas posturas liberales y no liberales con algunos casos de diversidad cultural profunda, entendida como diferencia radical, para intentar determinar las diferentes respuestas ante ellos. 

La concepción de la “autoridad como servicio” de Joseph Raz propone una justificación instrumental de la legitimidad autoritativa. A su vez, establece que los sujetos están por eso obligados a tomar las directivas de la autoridad como razones para actuar en lugar de las propias. En este trabajo se sugiere que hay tensiones presentes entre los argumentos a favor de la justificación instrumental de la autoridad y los argumentos relativos a la obligación de obedecer. Se intentará mostrar la inconsistencia de sostener cada uno junto al otro y que, en definitiva, es necesario decantar por el primero para sostener las tesis principales de esta concepción de la autoridad. 

Lejos de estar clausurado, el debate alrededor de la autonomía universitaria está abierto y vigente, no sólo por el cuestionado proyecto legislativo con el que el Gobierno Nacional pretende reformar la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior en Colombia, también por el ingreso reiterado de la fuerza pública al campus público cuando, por diversas circunstancias, son alteradas las actividades académicas, administrativas, científicas, culturales y recreativas. Preguntarse por la naturaleza del predio universitario o campus público y las garantías constitucionales y legales que de ella se desprenden es el objeto del presente artículo.