vol. 16 núm. 32 (2013)

El Derecho del Consumo (o del consumidor, según la postura que se adopte), a partir de la sanción de la Ley 24.240 en el año 1993, pero fundamentalmente, con la incorporación ex­presa en la Constitución Nacional reformada en el año 1994, del artículo 42 que consagra los derechos de consumidores y usuarios, ha trastocado un ordenamiento pétreo y anclado en las ideas propias de la Revolución Francesa (fuente de nuestro Código Civil vigente), dando paso a un sistema ajustado a la sociedad de consumo, masificada y predispuesta, que ha forzado a revisar posturas, análisis y hasta creencias. De allí entonces que este trabajo pretenda esbozar los cambios y debates generados en un campo puntual como lo es el ámbito de la actividad aseguradora, y los efectos del nuevo bloque constitucional-legal de consumo sobre la práctica asegurativa.

El objetivo principal del presente  estudio se enfoca en analizar las similitudes y divergencias que se presentan al interior de los tribunales penales  internacionales respecto al concepto de víctima; lo anterior, en oposición a lo establecido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Una investigación de carácter cualitativo aplicada a lo largo del proyecto permitió concluir que a pesar de la interpretación que concede cada tribunal al concepto de víctima, estos se esfuerzan por conceder una posición garantista a esta dentro del proceso penal establecido, que se acerca a lo instituido por la jurisprudencia  de cortes regionales de derechos humanos.

El artículo hace referencia a la aplicabilidad interna de los Convenios de la Organización Inter­nacional de Trabajo (OIT) en cuanto a la condición de que sus cláusulas deben de ser claras y precisas para que los operadores judiciales puedan darle aplicabilidad directa en la solución de conflictos. La tesis apunta a que las cláusulas self executing y non self executing, cuando se trata de convenios sobre Derechos Humanos, pueden ser aplicables directamente por el operador judicial sin tener en cuenta los criterios de auto ejecución. El interrogante que se plantea en el presente caso consiste en que si los convenios en materia de derechos laboral colectivo contemplan cláusulas non self executing o, en caso de que las contemplen por ser convenios sobre derechos humanos, ¿estos convenios podrían ser de aplicación auto ejecutiva? 

En Colombia, el Estado garantiza el derecho que los ciudadanos tienen para acceder a la justicia en el momento en que lo deseen y lo consideren pertinente, pues este servicio es gratuito, autónomo y eficiente, como lo establece la Ley 270 de 1996 (Ley de Administración de Justicia); en consecuencia, la Constitución Política de 1991, en su artículo 29, garantiza el derecho al debido proceso y, a su vez, el acceso a la administración de justicia al señalar: «Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio». Así, el presente artículo propone hacer un estudio de cada uno de los princi­pios que orientan la función pública de administración de justicia, con el fin de determinar, de manera sistemática, en qué puntos los señalados principios se articulan con los consultorios jurídicos en procura de una nueva forma de interpretar la labor que estos cumplen; de allí que se articule la normatividad, como es el caso del Decreto 196 de 1971, Decreto 0765 de 1977, Ley 270 de 1996, Ley 583 de 2000 y Ley 941 de 2005, normativa esta que señala la ruta de los consultorios jurídicos del país. La Investigación se desarrollará en aplicación a los métodos histórico–lógico, en razón a que el trabajo tiene un contenido histórico de carácter jurídico-social que da cuenta de los usos y costumbres que sustenten el indispensable e impostergable cambio que necesita el sistema judicial, en lo que respecta a la formulación y consagración legislativa de un rol social más amplio por parte de los consultorios jurídicos de Colombia que no solo se circunscriba a garantizar el acceso a la administración de justicia. 

En el mes de octubre de 2012 se iniciaron las negociaciones entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante Farc-ep) en la ciudad de La Habana, Cuba, para buscar salidas que permitan la finalización definitiva del conflicto armado interno que ha azotado a Colombia por más de cuarenta años. La brújula de este nuevo intento de paz es una agenda presentada por el gobierno y que contiene cinco puntos que giran en torno a la redistribución de la tierra, al desarrollo agrícola, al fin de la guerra y del narcotráfico, y a los derechos a la verdad y a la oposición política. Para el desarrollo del texto se utilizó el método bibliográfico o documental que consistió en recopilar, organizar, sistematizar y analizar la información encontrada en libros, sentencias, artículos, etc., sobre la violencia política y la justicia transicional en Colombia. Como conclusión se establece que el Estado colombiano, especialmente su democracia, se encuentra en una profunda transformación que implicará asumir un costo político para obtener el tan anhelado derecho fundamental a la paz.

Esta investigación tiene como objetivo analizar el juicio del caso conocido como “Guerrilla de Araguaia” y la responsabilidad internacional  del Estado brasileño. Brasil había sido declarado culpable de graves violaciones de los derechos humanos, al exigir el cumplimiento de la sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el castigo de los culpables. El caso se vuelve relevante en el escenario legal en el mundo, debido  que la principal institución de la justicia brasileña, la Corte Suprema de Justicia, celebró una ley constitucional que indultó a todos los acusados de asesinatos  de esa guerrilla. Surge, por lo tanto, un conflicto entre el Tribunal Internacional y la jurisdicción brasileña. Para el desarrollo de este trabajo, la investigación se realizó sobre la base de la jurisprudencia brasileña, la legislación nacional e internacional  y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Derechos Humanos. El método aplicado fue deductivo y se llegó a la conclusión de que en el citado caso hasta ahora nadie ha sido castigado por los crímenes crueles contra la dignidad humana. Brasil es signatario de varios tratados y transnacionales que buscan una protección eficaz de los derechos humanos. La auto-amnistía a los torturadores y asesinos traerá un enorme descrédito y, probablemente, nuevos cargos en el ámbito internacional.

Recensión de la Obra «Hesíodo (Siglo VIII A.C.)

El artículo analiza, en primer lugar, los diferentes presupuestos que soportan la persecusión de delitos internacionales, bien en materia de conductas internacionales o bien desde la perspectiva de la jurisdicción internacional construida frente a los crímenes más graves contra la humanidad. En segundo lugar, se analiza el contexto nacional que se resume en la variable conflicto interno, criminalidad organizada y las relaciones actuales entre los dos tipos de criminalidad en Colombia, frente a las medidas penales tanto sustanciales como procesales derivadas de la influencia externa de instrumentos internacionales, como el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998, para el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Finalmente, el texto analiza los avances y la posible admisibilidad de una situación bajo el conocimiento de la Corte Penal Internacional, en concreto en relación con las denuncias puestas bajo el conocimiento del organismo internacional, factores de admisibilidad, su interpretación  en el caso concreto y las vías que establece el organismo internacional, en la situación colombiana.

El artículo se propone dar cuenta de las mutaciones por las que ha atravesado el Derecho Internacional Privado como consecuencia de los procesos globalizadores que tuvieron lugar hacia los inicios de la década de los 90. La emergencia de nuevos patrones de interrelación que han comenzado a darse entre las naciones, tales como la regionalidad, al supranacionalidad, la transnacionalidad, etc., han redefinido las relaciones tradicionales entre los estados generando nuevos procesos de interacción jurídico-políticos entre ellos.La crisis del modelo de soberanía nacional estructurado en torno a una concepción territorialista de la jurisdicción, entre otras cosas, han relativizado el rol del Estado como el “sujeto-único” de las relaciones internacionales. En efecto, la aparición de nuevos actores, de nuevas prácticas, de nuevos discursos, etc., ha reconfigurado  las relaciones de fuerzas y los intereses que las estructuran. La redefinición del binomio «soberanía nacional / jurisdicción internacional» a la luz de los procesos globalizadores y de la regionalidad emergente, ha creado un nuevo espacio de interacción que requiere ser formalizado y visibilizado. Para ello, el presente artículo propone, en primer lugar, delimitar la posición y naturaleza jurídica del Derecho Internacional Privado en el contexto de un Derecho global diversificado y a la luz de las nuevas prácticas emergentes y su enmarcamientos jurídicos; y, en segundo lugar, identificar algunos de los problemas que se plantean en este sector del ordenamiento jurídico, con relación al Derecho de la Integración, a la regionalidad y a la supranacionalidad bajo las que se inscriben las relaciones bilaterales entre las naciones por un lado y, por el otro, entre las naciones y el sector privado.El presente artículo actualiza algunas cuestiones que ya fueron abordadas en una investigación más vasta emprendida durante los años 2010-2011, a propósito de las continuidades, rupturas y tensiones que se dan entre el Derecho Internacional Privado y el Derecho de base estatal.

Este documento aborda tres aspectos: el primero, alude a describir de manera general los diversos escenarios en los cuales, paulatinamente, la mujer ha ido logrando espacios de reconocimiento de su individualidad; el segundo, se centra en la necesidad de profundizar en estudios con perspectiva de género, en especial la tarea que le asiste al Derecho como instrumento de integración y orden social; finalmente, el tercero, aborda una descripción básica de la filmografía colombiana, realizada entre 2011 y 2012 en torno al rol, al lugar dado a la mujer en narraciones que pretenden instaurarse como referentes culturales. Ello conduce a establecer que esta cinematografía ha empezado a recabar en argumentos que promueven la defensa de los derechos femeninos, tratando de hacer visible en términos didácticos, una problemática inserta en la cultura social, política y jurídica.

En el presente artículo se examinan varias propuestas que abordan la argumentación como un ejercicio válido y necesario de control judicial; ello, a través del estudio de diversos elementos doctrinales, como lo son la representación democrática argumentativa, la interpretación previa y la debida justificación de las decisiones, así como la ponderación y la aplicación de los principios, entre otros. Al margen de lo anterior, nuestra intención no es otra sino la de presentar una descripción del estado del arte de dichas cuestiones, el cual es presentado en un repaso detallado en varios planteamientos teóricos que, directa o indirectamente, evalúan el papel de la argumentación como eje del control judicial. 

El trabajo tiene como objetivo mostrar en los sujetos, personas físicas y jurídicas, miembros del sector público y privado integrantes del Mercosur una necesidad de aceptación de la in­ternacionalización de los mercados y la inserción en la economía mundial, pero que para ello se requieren mecanismos de seguridad jurídica para los sujetos involucrados en el proceso económico. Por lo tanto, es necesario que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, como países fundadores del Mercosur, y Venezuela, como su nuevo integrante, reanuden las conversaciones para la revitalización de la organización, para hacer frente a los retos de competitividad internacional del mundo moderno, especialmente los planteados desde la Unión Europea, Estados Unidos y otras regiones. La unión de América del Sur, a través del fortalecimiento del Mercosur con la creación de mecanismos legales y de un órgano Supranacional (Kerber, 2001) que sea capaz de dar garantías jurídicas a los Estados Miembros y a los particulares cuando las transacciones legales lo requieran. La creación de mecanismos a través de un órgano supranacional permitirá encontrar la igualar entre los socios comerciales. 

El presente trabajo es resultado del proyecto de investigación “La cultura jurídica en la Antioquia del siglo XIX”, financiado por la Universidad de Medellín (Colombia), así como del proceso de formación doctoral en la Universidad de Huelva, bajo la dirección del profesor Dr. Carlos Petit Calvo. Igualmente, este texto es un resumen y adaptación de un capítulo de una obra mayor que está próxima a ser editada en la Universidad de Medellín. El interés del presente escrito no es otro que el de identificar el deseo estatalista que, sin renunciar del todo al sistema colonial, se encuentra en el primer constitucionalismo neogranadino, a partir del maridaje complejo entre distintas posturas teóricas presentes en la mente de los criollos independentistas. Para ello, este trabajo analiza el concepto de ley y de código como los máximos anhelos de las constituciones independentistas hispanoamericanas. Este ideal explica el título del presente texto. Nos fundamos en ejemplos tomados de la Constitución antioqueña de 1812 que bien pueden extenderse en sus planteamientos generales a las demás constituciones provinciales de la Nueva Granada, en tanto es más lo que las une que lo que las separa.

Este artículo se inserta en el derecho de propiedad intelectual, siendo nuestro objeto de estudio las denominaciones de origen, comparadas con las marcas, para indagar cómo son reconocidas en nuestro ordenamiento y qué impactos se derivan de las obligaciones derivadas de las cláusulas de propiedad intelectual insertas en los tratados de libre comercio, suscritos por Colombia, particularmente con la Unión Europea y los EE.UU. Se utilizó una metodología descriptiva para analizar su regulación. Se muestra como resultado que en Colombia, las denominaciones de origen son de reciente utilización y difiere la forma de protección en el sistema andino con otros países.

El presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar desde un análisis normativo la afini­dad o incompatibilidad de los criterios que regulan lo concerniente a las cláusulas abusivas y su inserción en un contrato de adhesión, cuyo origen se tenga en una relación de consumo.Se trata de una investigación predominantemente teórica, que se propone estudiar, a la par con lo dispuesto en el actual Estatuto del Consumidor, las disposiciones que sobre el tema de cláusulas abusivas se encuentran vigentes y que directa o indirectamente tienen incidencia sobre el régimen de protección establecido por este, al regular las condiciones de consumo para algunos sectores de la economía, puntualmente el sector financiero, el sector de servicios públicos domiciliarios y el sector de las telecomunicaciones; evidenciando así las posibles con­tradicciones entre estás y lo establecido de manera general en la Ley 1480 de 2011.