vol. 10 núm. 1 (2008)

A pesar de que en Colombia existe una Constitución de tendencia ecológica en donde se consagra que el Estado y los particulares tienen deberes específicos frente al daño ambiental, en el país se está rápidamente destruyendo el patrimonio natural, debido a las necesidades económicas de las personas y a una indeterminación legal y política que amenaza seriamente los procesos de desarrollo económico, social y cultural. Por este motivo cobra especial importancia el papel de las autoridades ambientales frente al daño ambiental y la manera como están enfrentando, con las herramientas jurídicas que tienen para tal fin, a los infractores y delincuentes que causan daños al ambiente. En razón de lo anterior, este artículo busca presentar ante la sociedad y la academia una investigación que tardó más de un año y que consolidó esfuerzos de entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, las diferentes autoridades ambientales del país y la Contraloría General de la República, en búsqueda de dilucidar la efectividad, debilidades y fortalezas de los instrumentos jurídicos vigentes para que el Estado, representado por las autoridades ambientales del país, sancione y exija la reparación de los daños al ambiente. 

El régimen de protección de los datos de prueba definido en algunos ordenamientos jurídicos domésticos e incorporado, asimismo, en los acuerdos de integración comercial, plantea la cuestión acerca del tipo de derechos que en realidad otorga o debería otorgar tal régimen. Esta pregunta se asocia con la definición acerca de si tales datos deben ser amparados por las garantías adscritas al derecho del secreto comercial o por aquellas vinculadas al derecho de patentes. Las normas que en la actualidad disciplinan tal materia sugieren la concurrencia de ambos sistemas de protección, y por esa vía y desde una perspectiva de análisis económico del derecho puede constatarse que existe una intensa acumulación de costos posiblemente ineficiente. 

La propiedad industrial, tradicionalmente mercantil, se ha convertido en herramienta del derecho de la competencia, pero a pesar de su importancia no es tratada aún de manera uniforme por parte de los operadores jurídicos andinos, quienes no poseen un modelo jurídico común, ni patrones objetivos respecto a los fenómenos de confundibilidad y distintividad. Dichos operadores carecen también de especialización comercial y desconocen a nivel judicial y administrativo los elementos del mercado común y el alcance de las marcas de comercio, por ello los métodos difieren entre corporaciones, generan variedad de fallos, se alejan de la sana crítica y generan especulación e inestabilidad jurídica. Tal variedad impide estructurar jurisprudencialmente el derecho de los activos intangibles. El cambio de perfil y de la actitud subjetiva de los falladores por un modelo jurídico objetivo comercial, beneficiará al mercado con jueces más cultos, armonizará la oferta pública de justicia y producirá certeza y seguridad jurídica, como garantías de la libre decisión económica y de la competencia en términos de igualdad en la economía de mercado. 

El trasplante de la noción europea de derecho común llevó a una parte de los historiadores del siglo XX a explicar el fenómeno de la experiencia jurídica americana como unitaria, orgánicamente construida y centrada, tal y como sucedía en la respublica cristiana. Víctima de un interesante transfer conceptual que permitía importar conceptos jurídicos de los rigores científicos de la Alemania pandectística de la segunda mitad del ochocientos al casuismo de las Indias del siglo dieciséis, gran parte de la historiografía continuaba siendo seducida por el culto a la sistemática, olvidando que el término sistema era aún desconocido en el lenguaje jurídico de la época, que prefería los de methodus, ars, ordo, ratio. Esto permitió a la historiografía indianista la posibilidad de aplicar unas coordenadas interpretativas desde las cuales se pudo imaginar un derecho indiano sin indios y sin Indias, una historia jurídica de la conquista sin conquista y sin conquistados.

Este ensayo aborda la reforma constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso mexicano en septiembre de 2007, y subraya que con ella termina un modelo de competencia política (caracterizada por la estrecha vinculación entre medios de comunicación y partidos) imperante en la última década. En este sentido, para poder valorar el significado de la reforma, en primer lugar se realiza una síntesis histórica de las diferentes reformas electorales y se analizan algunas de sus consecuencias para el proceso democrático del país. Posteriormente, se abordan los aspectos más relevantes de la reforma constitucional y se analizan sus repercusiones políticas. 

Nos encontramos ante un cambio de paradigma de la forma estatal unitaria a la forma federal. En este contexto, se analiza en este artículo la organización territorial colombiana, tratando de responder en qué etapa se encuentra el proceso de fortalecimiento de las sub-unidades estatales que tiene lugar desde los años 50. Para resolver esta pregunta se estudia en este artículo los diferentes conceptos de organización estatal, sus tipos de autonomía, y dos casos cercanos al caso colombiano: Francia y España. El análisis del caso colombiano a la luz de la teoría y práctica de la organización territorial del Estado permite evidenciar que existe una tendencia hacia el autogobierno en Colombia. Sin embargo, en el actual marco constitucional predomina una tradición unitaria que sólo hace posible un desarrollo post-constitucional para fortalecer la autoadministración.

Mediante resolución No. 60/251 de 3 de abril de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas creó el Consejo de derechos humanos con la intención de combatir el déficit de legitimidad que presentaba la antigua Comisión de derechos humanos, sus amplios niveles de politización y fortalecimiento de los procedimientos de protección de derechos humanos. El propósito de este documento es analizar en qué consistieron esas reformas y cuáles podrían ser sus implicaciones en la reducción de la politización y el fortalecimiento de la efectividad de los mecanismos de denuncia, procedimientos especiales y examen periódico universal. 

En Colombia, algunas universidades han adoptado sistemas especiales de admisión a favor de grupos sociales determinados; sistemas que han sido criticados e incluso desmontados supuestamente por violar el principio de igualdad y el mérito académico como criterio determinante del ingreso a una universidad. El artículo analiza los casos que han llegado a las altas cortes de justicia de los Estados Unidos y de Colombia con el fin de señalar las diferencias que tienen respecto de la igualdad y justificar, desde la filosofía del derecho de Ronald Dworkin, la legitimidad de algunos de esos sistemas.

En el presente artículo se pretende abordar los elementos configurativos para el ejercicio de la jurisdicción especial indígena, conforme al artículo 246 de la Constitución Nacional de Colombia, desde un perspectiva doctrinal y jurisprudencial, para analizar cómo ha sido su reconocimiento dentro del sistema judicial nacional, teniendo en cuenta la ausencia de una la ley de coordinación entre estas dos jurisdicciones. Del mismo modo, determinar cuáles son los derechos de las comunidades indígenas como sujetos colectivos de derechos, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

Durante la Guerra de los Supremos un profesor de la Universidad Central expuso en clase sus opiniones acerca del tratamiento jurídico que debía dárseles a los enemigos en las guerras civiles. Sostuvo que los daños causados por los enemigos en este tipo de confrontaciones debían regularse por el derecho de gentes, conforme a la doctrina de doctrinantes como Vattel o Andrés Bello.

El objeto de este trabajo es localizar históricamente los orígenes de la libertad de investigación científica, revisar los fundamentos de su reivindicación e intentar explicar por qué no tuvo consagración positiva en las primeras declaraciones de derechos. Todas estas cuestiones son cruciales en una sociedad en la que el cuestionamiento y la exigencia del control social respecto de la ciencia son asuntos de permanente debate.